El Frente Amplio reclamó que el excandidato a intendente de Paysandú y exalcalde de Quebracho por el Partido Nacional, Mario Bandera, quien renunció a su colectividad política luego de ser condenado por la Justicia por violencia doméstica y tenencia no autorizada de armas de fuego, también debería cesar en el cargo de asesor ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) donde, además, percibe un retribución mensual de 5.000 dólares.
En las últimas horas trascendió que Bandera renunció a su colectividad política, luego de ser condenado por la Justicia por violencia doméstica y tenencia no autorizada de armas de fuego.
Tras conocerse los hechos, el Frente Amplio de Paysandú declaró su “más enfático repudio ante los hechos de violencia de género perpetrados por el involucrado”.
Asimismo, el FA sanducero expresó su “solidaridad y apoyo” para con las víctimas del lamentable suceso; y de todas aquellas que diariamente lo siguen padeciendo.
FA reclama su renuncia a la CARU
Por otro lado, la coalición de izquierda señaló que “teniendo presente las responsabilidades que le han sido asignadas en CARU y el comportamiento y conducta que deben seguir quienes ocupen cargos públicos, así como la propia imagen del país que se ha visto dañada, Bandera debe cesar en el cargo que le ha asignado el Gobierno Nacional en ese organismo”.
Por otra parte, el Frente Amplio de Paysandú reafirma el compromiso en el combate a las causas que generan la violencia de género y doméstica, así como el apoyo, elaboración de propuestas y desarrollo de políticas que contribuyan a ese objetivo; y exhortó al sistema político y gubernamental y a la sociedad en general a trabajar para erradicar este flagelo.
Desde el Frente Amplio, Pablo Caggiani cuestionó que Bandera “sigue en la CARU cobrando 5000 dólares por mes”.
Bandera, escribano y dirigente blanco de Alianza Nacional, fue candidato a la Intendencia de Paysandú en 2020 y entre 2010 y 2020 fue alcalde del Municipio de Quebracho.
En la actualidad se desempeña como asesor en la CARU, un cargo político para el que fue designado en diciembre de 2020, por 12 meses y con posibilidad de renovación de contrato, con el objetivo de “revisar” el Estatuto del Funcionario.
lr21.com.uy
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