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Sáb. Nov 23rd, 2024
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La condición de los créditos era que las empresas chinas construyeran las centrales, pero hay demoras en las entregas y daños en las estructuras.

Con la promesa de convertir al país en un gran exportador de electricidad y tener un sólido sistema de generación, el gobierno de Rafael Correa asumió una deuda de $5.210,3 millones para la construcción de siete centrales hidroeléctricas: Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Sopladora, Toachi Pilatón, Delsitanisagua, Quijos y Mazar-Dudas

Esa deuda vino de bancos públicos chinos, a condición de que todo se construya con empresas de ese país asiático. Se aseguró que, al menos el 60% de esa infraestructura estaría en operaciones en febrero 2016; pero las demoras, en promedio, sobrepasan en dos a tres años.

Estudios obsoletos

Una de las razones de fondo de esas demoras, pero sobre todo de los problemas que tienen Toachi Pilatón y Mazar-Dudas) es que los proyectos se basaron en estudios desactualizados, sobredimensionados y con grandes vacíos técnicos.

Roberto Noboa, ingeniero eléctrico y exfuncionario del desaparecido Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), puntualizó que el apuro por poner en marcha el llamado cambio de matriz productiva provocó que “se adjudicaran los proyectos con base en informes y estudios que, en casos como Coca Codo Sinclair, databan de mediados de los años ochenta”.

Esto provocó que  relacionadas con las hidroeléctricas que se iban a construir.

En promedio, con relación a lo que se tenía previsto en los contratos iniciales. Aunque ese balance todavía no está cerrado.  Hay ejemplos, como Toachi Pilatón, donde tres empresas diferentes han estado a cargo de las obras desde 2010, y todavía no se termina la construcción.

Riesgos de racionamiento

Actualmente existe un riesgo creciente de que los racionamientos de energía vuelvan en 2022. Eso se debe, en parte, a que cuatro de las  Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua, Sopladora y Quijos)  .

Así, cuando llega la época de estiaje, o de   sin que exista un reemplazo del mismo nivel. La falta de una adecuada planificación impidió diversificar los sitios para minimizar riesgos.

Además, se añade la situación precaria de Coca Codo Sinclair. No solo que no se reparan todas las fisuras de los distribuidores; sino que hace poco se descubrieron fallas en las válvulas en las turbinas 5,6,7 y 8.

Desde mayo de 2021, una parte de la central está en mantenimiento, lo que ha reducido su capacidad operativa. Asimismo, los problemas de erosión regresiva en el Río Coca cada vez amenazan más a la infraestructura de captación de agua.

Si se produce una  hidroeléctrica y se tendría que reemplazar con energía térmica. Esa opción es más cara y provocaría un aumento de entre 20% y 30% en las planillas que pagan los ciudadanos.

Solo en esta central, que sigue generando costos adicionales para el país, se invirtió el 55% de la deuda china.

La exportación no despega

Uno de los argumentos para justificar la construcción de seis hidroeléctricas era que el país se convertiría en un gran exportador de energía. El Gobierno de Correa hablaba de cifras mayores a los $300 millones al año.

Sin embargo, los ingresos no llegan ni al 20% de eso. Según la última rendición de cuentas del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), se exportaron 1.825,49 Gigavatios en 2019. Eso representó ingresos por $68,06 millones; pero se gastó $280.000 en importación de energía.

Por su parte, en 2020, las exportaciones sumaron $55,47 millones (1.339,43 Gigavatios); mientras las importaciones llegaron a $12,67 millones.

Así, las necesidades de traer electricidad de países vecinos como Colombia están creciendo. La Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica (Adegel) proyecta que esa realidad se profundizará en los próximos años si no hay nuevas inversiones en el sector.

A finales del Gobierno de Lenín Moreno se calculó que hasta 2027 se necesitarían al menos $12.709 millones para mejorar e incrementar la capacidad de generación, transmisión y distribución de electricidad.


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