La procuraduría deberá adaptar el ordenamiento disciplinario al fallo de la Corte IDH en el caso Petro, la oposición y algunos expertos afirman que se quedará corto.
Foto tomada de: cosultorsalud.com
El pasado jueves la comisión primera del senado y cámara le dieron el sí a la cuestionada reforma al código disciplinario. Este proyecto pasó por primer y tercer debate al mismo tiempo por el mensaje de urgencia presidencial, la autora del anteriormente mencionado proyecto es la actual procuradora Margarita Cabello, desde los inicios ha presentado controversias pero aún se encuentra en pie.
Foto tomada de: Elheraldo.com
El Ministerio Público insiste que esta iniciativa es necesaria para adaptar el ordenamiento colombiano la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Gustavo Petro, por la destitución e inhabilidad que por 15 años le impuso en 2013 el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Se presume que en este momento la determinación del tribunal supranacional tiene represados diez mil procesos en contra de funcionarios de elección popular.
Actualmente las objeciones van en tres líneas: La entrega a la Procuraduría de funciones de policía judicial (específicamente interceptaciones, inspecciones corporales, allanamientos, seguimiento de personas, vigilancia, entregas vigiladas y retención de correspondencia), el aumento de su personal en uno de los momentos de mayor crisis económica y el presunto desconocimiento de fondo en el fallo del caso Petro. Estos puntos fueron expuestos por la oposición, pero decidieron abandonar la sesión por las controversias que se generaron, fue así como finalmente fue aprobado este proyecto sin reparos.
Las objeciones a este proyecto no solo se presentaron en la oposición, también los representantes Gabriel Santos (Centro Democrático) y José Daniel López (Cambio Radical) tomaron la vocería en contra de este punto en el debate. Estos –al igual que la representante Ángela María Robledo– alertaron que este artículo era peligroso, ya que se podría dar paso a una policía política.
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