Bolivia: Al menos 30 alimentos entran de forma ilegal al país por 7 rutas

Durante más de dos décadas libró una dura batalla contra la sequía, el granizo y otros fenómenos climáticos y, a pesar de ello, mantuvo su producción en óptimas condiciones; pero desde hace tres años su productividad y ventas bajaron y no pudo más frente a un enemigo difícil de vencer: el contrabando.

 

La crisis comenzó en 2011, cuando su cosecha por hectárea disminuyó de forma drástica. Desde entonces ya no pudo recuperar su inversión en semillas, plaguicidas y en el traslado de cebollas a mercados de las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. “He dejado de producir cebolla porque hay mucha importación y demasiado contrabando que entra desde Perú”, lamenta resignado.

 

El caso de Rojas no es el único, los pequeños productores de verduras y hortalizas, en mayor medida de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y La Paz, se ven “desincentivados” por la competencia “desleal” de los alimentos que entran de contrabando desde Argentina, Brasil, Chile y Perú, entre otros países, que según los agricultores bolivianos son producidos en demasía gracias a la mecanización de los procesos de labranza, plantación y recolección, lo que permite bajar los costos a los productores.

 

En los últimos años, los mercados bolivianos están siendo abarrotados por al menos 30 alimentos introducidos ilegalmente por siete rutas utilizadas por clanes familiares: acelga, arveja, ají, ajo, camote, cebolla, lechuga, plátano, tomate, tunta, zanahoria, zapallo, papa, vainita, pimentón, pepino, pera, palta, pomelo, naranja, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, durazno, kiwi, uva, granadillas y ciruelo, según datos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

 

“Hay contrabando de alimentos”, admite la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, tras señalar que éstos ingresan por varias zonas de las amplias fronteras que tiene Bolivia. Indica que las rutas más importantes están en Villazón hacia Potosí, Oruro y Chuquisaca; en Desaguadero para aprovisionar los mercados de La Paz y Cochabamba; en San Matías y Puerto Suárez con destino a Santa Cruz; en Yacuiba y Bermejo a Tarija; y en Pisiga para proveer los centros de abasto de Oruro.

 

“Siempre hubo contrabando de frutas de Chile y Perú”, manifiesta resignada Amalia Gorosteaga, productora de duraznos, peras y también presidenta de la Asociación de Mujeres, Fruticulturas, Indígenas Originarias “Yanapasiñani” del municipio de Sapahaqui, de la provincia Loayza del departamento de La Paz.

 

El valle de Sapahaqui se encuentra a 96 kilómetros de la ciudad de La Paz, ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es una región productora de una variedad de frutas: durazno, pera, manzana, naranja, mandarina, lujma, ciruelo, entre otros productos.

 

Los puntos fronterizos de Puerto Suárez, Yacuiba, Villazón y Desaguadero son los de mayor “presión” para el ingreso de víveres de contrabando. “Generalmente los alimentos están ingresando de Argentina, Chile, Perú, Brasil y de otros países de la región”, remarca Mauricio Ordóñez, director nacional del Senasag.

 

VARIEDAD. “De acuerdo a las temporadas” ingresan al país manzana, pera, uva, pomelo, kiwi, durazno y naranja, además de papa y cebolla. “También entran de contrabando productos procesados como harina y arroz por el eje que cubre el sur (Bermejo y Yacuiba), es decir, la frontera con Argentina”, detalla la presidenta de la ANB.

 

“Estamos en estado de emergencia”, advierte por su lado Gabriel Jiménez, presidente de la Mancomunidad de los Valles Cruceños y alcalde del municipio de Quirusillas. El contrabando de alimentos “afecta” los bolsillos de las 150.000 personas que habitan en los 11 municipios que agrupan esa organización, donde el 90% de las familias se dedica a la siembra de cebolla, zanahoria, papa, tomate y frutas, entre otros productos.

 

Los principales productos que ingresan por las fronteras de Perú son la papa, cebolla y tomate; y de Chile llegan manzanas y uvas. “La papa, entre mayo y noviembre, entra de manera legal y de contrabando, porque los comerciantes declaran una parte y otra no”, explica Jaime Argüello, director del Senasag La Paz. Además, remarca que cuando una persona quiere importar alimentos tiene que tener, obligatoriamente, su certificado de registro sanitario, sobre todo de alimentos perecederos (manzana, pera, uva, tomate, entre otros), previa presentación de una fotocopia de su cédula de identidad y el llenado de un formulario del Senasag.

 

Los pequeños agricultores se ocupan de sus terrenos todo el día, sin horarios de ingreso ni salida, porque muchos trabajan con créditos bancarios que deben ser cubiertos todos los meses, aunque en varias ocasiones se atrasan en el pago de las cuotas, debido a que los niveles de venta bajan en los centros de abasto, copados por alimentos que ingresan de otros países de forma legal e ilegal.

 

“El contrabando de alimentos es una competencia desventajosa”, remarca Jiménez, porque los pequeños productores tienen que competir con precios de papa peruana vendida a costos más bajos que el producto boliviano, lo que impide que recuperen su inversión en semillas, plaguicidas, abono y otros insumos. En consecuencia —lamenta—, “muchos productores caen en quiebra financiera”.

 

Sin embargo, hay una explicación cultural. El exviceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Víctor Hugo Vásquez (renunció el 23 de diciembre para habilitarse como candidato a las elecciones subnacionales) dijo que el contrabando es un fenómeno que “forma parte de nuestra cultura”, porque existen fechas establecidas en las que salen alimentos bolivianos; y entre septiembre y octubre “entra” papa peruana “como un tema de complementariedad entre países”.

 

Para la exautoridad, el ingreso “legal como ilegal” de alimentos se agudiza, según las necesidades de los pueblos, por lo que más allá del debate de que si es “bueno o malo”, quienes realizan esta actividad son “aprovisionadores”, porque en época de invierno en Bolivia escasean verduras, hortalizas, frutas y otras provisiones alimenticias, porque la producción nacional está concentrada en verano, época en la que esos comestibles sobran.

 

“Los alimentos entran los 365 días del año, no hay nada que los detenga”, manifiesta Jiménez, alcalde de Quirusillas, mancomunidad que se encuentra a 166 kilómetros de la capital cruceña. Indica que actualmente los mercados son abarrotados con productos extranjeros, y que “ya no es como hace diez años, cuando ingresaban solo por temporadas”.

 

En tanto que la presidenta de la ANB asegura que “el contrabando se ha agudizado más por el lado argentino por el tipo de cambio”. Señala que en junio pasado fueron incautados tres camiones con alimentos en Tupiza (Potosí), cerca de la frontera con Argentina, y afirma que los policías reciben amenazas de muerte en las zonas fronterizas del país, cuando realizan controles exhaustivos.

 

Además, indica que los productos de contrabando son depositados y distribuidos en mercados informales del país, donde son mezclados con mercadería legal.

 

La ejecutiva de la entidad aduanera, Marlene Ardaya, afirma que las personas que se arriesgan a trasladar comestibles, de manera ilegal, son “ciudadanos dedicados al comercio informal, pertenecientes a clanes familiares provenientes de ciudades fronterizas e intermedias que se mimetizan fácilmente en la sociedad, haciendo imperceptible su actividad ilícita, ese es su modo de vida y de subsistencia”.

 

Ardaya acentúa que son clanes familiares, situación que hace “muy difícil identificarlos”, porque algunos estarían también ligados con el lavado de dinero o narcotráfico y cuando hay la intención de controlar esa actividad, los funcionarios reciben amenazas de muerte porque cuentan, en algunos casos, con el apoyo de todo el pueblo, con una organización de personas que realizan el traslado legal e ilegal de mercaderías.

 

“El contrabando de papa nos afecta mucho, porque baja los precios”, indica Jorge Sánchez de 44 años, productor de hortalizas y verduras, también presidente de la Región Andina de Cochabamba y actual alcalde de Sicaya, municipio de Capinota, en Cochabamba.

 

Asimismo, denuncia el ingreso indiscriminado de ajo. “Hoy en día todo el mundo se dedica al contrabando, porque al parecer genera buenos ingresos”, dice Sánchez. Afirma que las personas que se dedican a esa actividad ilegal son aquellas que ya no quieren trabajar sus terrenos, son “gente floja y mafiosa”.

 

“El contrabando nos afecta a todos los pequeños productores de papa, cebolla, zanahoria, lechuga, uva y manzana”, exclama Édgar Llanos, gerente de la mancomunidad de Los Cintis-Chuquisaca, porque esa actividad ilícita provoca la devaluación del costo de producción de los pequeños productores de Bolivia.

 

Debido a las malas ventas y a los factores climáticos, especialmente la gente joven está abandonando sus tierras. “La producción agrícola no está dando buenos réditos y, por esa razón, los jóvenes se están dedicando a otras cosas, porque no hay inversiones significativas en temas de riego y existe también el problema del minifundio, por eso no hay mucha producción”, explica Llanos.

 

Sectores. “Los más perjudicados son los productores de uvas”, asegura Juan Carlos Gutiérrez, alcalde municipal de San Lorenzo y presidente de la Mancomunidad Héroes de la Independencia que aglutina cinco gobiernos municipales en Tarija. Indica que la uva argentina ingresa durante todo el año de manera legal e ilegal, actividad que hace que los precios bajen, provocando “una inanición en los productores tarijeños” por la sobreoferta.

 

El productor vitícola de la provincia José María Avilés, Guillermo Ortega, denuncia que la uva “ingresa de manera indiscriminada del Perú y de Chile. Los grandes comerciantes llevan personas hasta los viñedos de Chile para cosechar uva, los llevan en camiones y de esta manera obtienen el 100% de ganancias y los que perdemos somos nosotros”.

 

Elva Sagredo, productora de uva de la provincia Cercado, Tarija, denuncia que durante los 365 días del año las comerciantes internan al país uva de manera legal e ilegal de Chile, Argentina y Perú para comercializarla en los centros de abasto a bajos precios.

 

José Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Viticultores (Anavit), informa que el daño económico al Estado por contrabando de uva fresca que entra al país asciende a $us 16 millones, y provoca pérdidas económicas a 14.000 familias que se dedican a ese rubro, de las cuales el 60% se encuentra en el valle central de Tarija, otras en los valles de Potosí, en dos municipios de Luribay (La Paz), en el valle alto de Cochabamba y en Vallegrande (Santa Cruz).

 

Los productores de ají también son afectados por el contrabando. El 17 de diciembre pasado, el dirigente campesino de Huacareta, Freddy López, denunció a La Razón que el contrabando de ají peruano a Bolivia está provocando que el precio de ese condimento baje hasta en un 46%. Informó que hace meses el ají de Huacareta se vendía en Bs 260; recientemente se vieron obligados a vender su producto en Bs 140, porque “ya nadie quiere comprar caro”.

 

El municipio chaqueño de Huacareta basa su economía en la producción de ají y la mayoría de sus pobladores se dedica a esta actividad. López estima que 40% de los productores están siendo afectados en su economía debido al contrabando, además de que se han visto en la necesidad de mezclar el ají chuquisaqueño con el peruano para comercializarlo y compensar su inversión.

 

“A nosotros nos golpea más duro el contrabando”, revela el gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga. Denuncia el ingreso indiscriminado de papa, tomate y cebolla que provoca una competencia “desigual” y causa pérdidas económicas significativas a los pequeños productores, porque “no pueden competir con los importadores legales de alimentos, menos con los contrabandistas”.

 

INGRESOS. Guillermo Pou Munt, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), asegura que “el contrabando merma los ingresos del Estado” y que el tráfico de alimentos está vigente, porque los precios de esos productos están por debajo de lo que oferta el productor local en los mercados.

 

Por su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), Juan Crispín, denuncia el ingreso ilegal de tunta y quinua peruana a Bolivia para ser mezclada con el grano de oro boliviano, producto orgánico “apreciado” en los mercados internacionales.

 

El representante de la Mancomunidad de los Municipios del Norte de Potosí, Juan Ramiro Moscoso, dice que los mercados de esa región no están abarrotados de productos extranjeros, es más, éstos estarían siendo abastecidos con producción nacional, pero que sí pudo evidenciar que los centros de abasto de Oruro están siendo provistos por fruta chilena.

 

Otro de los factores que desmotiva a los pequeños productores de Bolivia es la preferencia de los compradores por productos importados. “Tenemos que aprender a apreciar nuestros productos, la gente prefiere comprar fruta chilena, pese a que nuestros productos son más baratos, no son valorados por los consumidores”, indica Tomás Flores, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB).

 

Además de los daños económicos que causa el contrabando de alimentos a los pequeños productores y al Tesoro General del Estado (TGN), también puede afectar la salud de quienes consumen los productos sin registro sanitario.

 

La calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos son importantes, evitar los controles sanitarios puede derivar en enfermedades gastrointestinales debidos principalmente a infecciones e intoxicaciones bacterianas y casualmente parasitarias que se manifiestan con síntomas de diarrea, dolores de cabeza, vómitos y a veces incluso fiebre, indica el Informe Técnico sobre Ingeniería Agrícola y Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO en inglés).

 

Esos males se evitaron hace cinco años (único caso del que se tiene registro) gracias a la intervención de Lizeth García, directora distrital del Senasag Oruro, cuando en tres camiones importadores de frutas que llegaban de Chile, fueron detectadas siete plagas cuarentenarias en forma de huevecillos. Desde entonces, la funcionaria orureña realiza controles rigurosos, sin embargo advierte que es la misma “población que se opone a estas inspecciones”, sin percatarse de que están atentando contra su propia salud.

 

CONTROL. García continúa con las requisas necesarias a los vehículos que traen alimentos del exterior y los que evitaron los controles en las fronteras, pero que fueron descubiertos de algún modo. Por ejemplo, el 14 de mayo interceptó 924 cajas de manzanas de procedencia chilena que contenían larvas. “Según los documentos, que entonces presentaron los dueños del producto, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile habría certificado que esos frutos estaban libres de plagas de insectos vivos”, indica a Informe La Razón la jefa distrital orureña. Además, informa que el 10 de diciembre decomisó 600 quintales de ajo que tenía como país de origen China, sin registro fitosanitario.

 

Pese a los certificados de las mercaderías, es imprescindible hacer los controles de sanidad de los alimentos, porque es posible que los comerciantes traigan alimentos que no hayan tenido control sanitario en la etapa de cosecha, empaque y embalaje que exige los reglamentos de exportación. “No está permitido el ingreso de alimentos que no cumplan con el análisis de riesgo de plagas”, dice García.

 

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, el tráfico de insumos alimenticios es un “atentado contra la salud, una fuente de riesgo para los consumidores.

 

Según un documento del Senasag nacional, no se cuentan con datos exactos de los alimentos que ingresan de contrabando; sin embargo, destaca que por semana son decomisadas en Bolivia entre 8 y 12 toneladas de papa, cebolla, tomate, además de verduras, hortalizas y frutas.

 

El informe remarca que en la ciudad de La Paz, entre dos y cuatro toneladas de alimentos y productos o subproductos agropecuarios son decomisados por semana por esa entidad.

 

Especifica que en 2014 los productos y subproductos de origen vegetal destruidos por Senasag, fueron 464,7 kilogramos de ají que pretendían ser internados a los mercados de Santa Cruz, Oruro, Cochabamba y La Paz y tenían como países de origen Argentina, Brasil, Perú, Chile, por vía terrestre.

 

Asimismo, Senasag La Paz, en 2014, destruyó 64 toneladas de productos vegetales (frutas y hortalizas) no aptos para el consumo humano, en la región de Guaqui. “Cada día entra a nuestro país alimento de origen vegetal de forma legal y cumpliendo con todas las normas de seguridad que se exige para el comercio entre países, pero lamentablemente también se registra la internación ilícita de productos agrícolas sin permiso fitosanitario o documentos que avalen su inocuidad o que estén libres de plagas que no tenemos en nuestro país”, señala René Ari, técnico de la entidad sanitaria.

 

De acuerdo con los registros del puesto de control del Senasag-Guaqui, en 2014, además de los productos vegetales que fueron destruidos, también se habría logrado interceptar y destruir 69 toneladas de productos procesados (conservas, sardinas y otras) y 177 toneladas de productos de uso veterinario (reconstituyentes, vitaminas, desparasitantes y alimento para mascotas).

 

En cuanto a la inversión que realizan los contrabandistas de alimentos, la ejecutiva de la ANB, Marlene Ardaya, dice que el volumen y el valor de esas mercaderías no son significativos porque se trata de productos perecederos.

 

Reportes de los comandos del Control Operativo Aduanero (COA) dan cuenta de que “la inversión en el contrabando de productos alimenticios es menor en comparación a la línea blanca o negra y los vehículos indocumentados”.

 

“Es difícil cuantificar el valor económico del contrabando”, consigna un informe de la CNC publicado por la Fundación Milenio con el rótulo Importación y contrabando de alimentos en Bolivia. El documento destaca que la mayoría de las personas que se dedican a ese ilícito se concentran en línea blanca, es decir, electrodomésticos; línea negra (aparatos de sonido e imagen) y ciertos montos corresponderían a productos y bienes de consumo para el hogar.

 

Para el entonces viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, “no se puede tener registros del contrabando de alimentos y de ningún producto que entre de manera ilegal, quienes dan números sobre este tema son simples estimaciones o, en todo caso, especulaciones”.

 

La investigación de la CNC señala que en los mercados de Tarija, Sucre y Santa Cruz se observa que debido a los problemas cambiarios en Argentina están siendo abastecidos con productos alimenticios y bebidas que entran a Bolivia “a través del contrabando hormiga”.

 

Papa, frutas, verduras, entre otros alimentos, son introducidos por la “vía ilegal”, indica el informe. El presidente de la CNC, Fernando Cáceres, declara que actualmente existe un “significativo ingreso de productos alimenticios de contrabando por la caída de la producción interna y los altos precios, que han generado un embate de entrada masiva de productos”.

 

Desde Argentina ingresa a Bolivia uva, durazno, ciruelo, manzana, café, harina, chocolate, arroz, maíz amarillo, mortadela, fiambres, aceites comestibles y jugos de frutas. Por el lado de Chile, manzana, uva, durazno, ciruela, jugos de frutas envasados, leche condensada y en polvo, yogur y chocolate. Y por Perú entra papa, limón, cebolla, durazno y kiwi, detalla el reporte de la CNC que fue elaborado de acuerdo con los operativos de la ANB.

 

El presidente de la entidad que aglutina a los empresarios privados que importan y exportan indica que en vista a las crecientes importaciones y el contrabando, es necesario redoblar los esfuerzos para resguardar las fronteras y “garantizar una adecuada promoción, seguridad e incentivo a la producción nacional de alimentos y ejercer mayor control a los productos de contrabando”.

 

DEMANDA. “Bolivia es un importador neto de productos alimenticios”, indica el economista Alberto Bonadona y resalta que el ingreso legal e ilegal de alimentos se debe a la creciente demanda interna de estos productos que la “precaria producción nacional no alcanza a cubrir”.

 

El analista afirma que el contrabando de comestibles ha sido ocasionado, también, por la gran migración campo-ciudad que ha supuesto un mayor requerimiento urbano de alimentos. No obstante, la producción agrícola total como parte del Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido en los tres últimos años en un promedio del 3,98% después de un descenso de -1,18 en 2010. Esta situación, aparentemente contradictoria, solo demuestra que la demanda de productos agrícolas ha crecido en Bolivia en mayor proporción que la oferta.

 

Ante esta necesidad creciente de alimentos por los bolivianos, los países vecinos que producen a menores precios son notoriamente más productivos que Bolivia (mayor rendimiento por hectárea) y copan los mercados nacionales.

 

El analista económico Jimmy Osorio considera que el contrabando de alimentos se debe a que la demanda de insumos ha sobrepasado el nivel de producción interna y, ésta a su vez no ha podido salir de su precariedad, porque sigue siendo, en la mayoría de los casos, una producción parcelada, cultivada por familias y destinada a pequeños mercados. 

 

Señala que los alimentos ingresan porque los costos de producción en el exterior son más baratos, con respecto al dólar, “lo cual favorece a que con una suma moderada de dólares se pueda traer gran cantidad de alimentos”.

 

Según el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la región se ha caracterizado por altos niveles de informalidad en su economía, por lo que el contrabando no es más que una solución parcial que utiliza la población sumida en el empleo informal. En Latinoamérica ha sido históricamente difícil el desarrollo de industrias con alto valor agregado, por lo que la débil generación de fuentes de empleo siempre ha sido un problema económico que ha provocado otros de índole social como el contrabando.

 

Por otro lado, asegura que el tema cultural no deja de ser importante, pues en Latinoamérica se concibe el pago de los impuestos como algo desagradable, injusto y sobre el que no se observan beneficios palpables, “quizás porque la corrupción históricamente ha calado en el pensamiento latinoamericano, aspecto que no permite generar un modelo mental en el que exista la confianza de que los recursos derivados de los impuestos serán administrados de la mejor manera, por lo que más bien se opta por evadir su pago”.

 

A partir de las cuatro de la madrugada, Gróver Rojas, el agricultor de Saipina, traslada de su parcela la producción de tomates hasta los mercados de Santa Cruz y Cochabamba, donde se enfrentará con otros “enemigos”, los intermediarios, quienes a partir de las 07.00 se aprestan a pujar el precio de los productos frescos y recién llegados de las comunidades.

 

La Razón