Seis petroleras en contra y más USD de 5 000 millones en juego: el procurador de Ecuador, Diego García, habló con la AFP sobre la lucha judicial sin antecedentes que libra el país para evitar perder recursos equivalentes al 14% de su presupuesto.
García tiene la difícil misión de defender a Ecuador, el miembro más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , de los millonarios reclamos que han elevado petroleras ante cortes internacionales de arbitraje. “Son demandas que, de darse una resolución contra el Estado y que el Estado tenga que finalmente hacer un pago por cuantías de miles de millones de dólares, afectarán gravemente al presupuesto de Ecuador”, dijo García previo a una visita que inició este martes a Estados Unidos.
Desde 2008, Ecuador enfrenta simultáneamente seis procesos de arbitraje planteados por las petroleras estadounidenses Occidental (Oxy), Chevron, Burlington y Murphy, y la anglofrancesa Perenco. “Son seis procesos de arbitraje internacional, y uno que está comenzando con Petrobras”, según García. La empresa brasileña abandonó Ecuador en 2010 por la falta de acuerdo sobre un nuevo modelo de operación fijado por el gobierno, que anunció una indemnización de USD 217 millones. Petrobras impulsa el proceso por “reclamos contractuales en relación a la liquidación del contrato que tenía acá”, reveló García.
“Si tenemos en cuenta los procesos que hasta el momento se han desarrollado, con la aclaración de que no son cifras precisas ni exactas ni responden a decisiones ya tomadas, creo que podemos hablar de cuantías superiores a los USD 5 000 millones de reclamos”, agregó el procurador.
La cifra representa el 14% del presupuesto estatal de 2014 (USD 34 300 millones de dólares).
El origen de los pleitos
La mayoría de disputas, que se ventilan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, con sede en Washington) y la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, responde a reclamos contra una ley ecuatoriana de 2006 que elevó la participación del Estado en las ganancias que recibían las petroleras. Sin embargo, los procesos más emblemáticos, el de Oxy y el de Chevron, obedecen a otras razones.
En el primer caso (Oxy) la empresa pretende recibir una indemnización de USD 1 700 millones -de una aspiración inicial de USD 3 300 millones- a raíz de que su contrato fue cancelado en 2006 por venta ilegal de acciones, según autoridades ecuatorianas. Mientras que Chevron, cuya filial Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 antes de ser adquirida por su actual propietaria, acudió al arbitraje internacional por “denegación de justicia”.
La petrolera tacha de fraude el juicio en Ecuador por el que fue finalmente condenada en 2013 a pagar USD 9 500 millones por daños ambientales.
“Ecuador nunca antes había tenido que defenderse simultáneamente en este tipo de procesos”, reconoció el Procurador, quien cree que el caso ecuatoriano puso sobre el tapete que es necesario reformar el sistema internacional de arbitraje.
En sus procesos, Chevron, Oxy y Perenco se ampararon en los Tratados Bilaterales para la Protección de Inversiones (TBI) que suscribió Ecuador con Estados Unidos y Francia, y que a juicio del funcionario están inclinados a favor de las firmas. “Ecuador no está en contra del sistema de arbitraje internacional en general, pero hace observaciones puntuales que deben ser escuchadas. (…) La idea es que el sistema funcione, pero que no funcione con el desbalance, con el desequilibrio, las contradicciones y las violaciones a derecho que hoy se están dando”, sostuvo.
En medio de la pulseada judicial con las petroleras, el gobierno de Rafael Correa ordenó en 2013 una auditoría internacional -todavía en marcha- de 26 tratados de protección de inversiones para examinar su eventual denuncia (terminación) si lesionan intereses del Estado.
García teme que esos casos sienten un mal precedente contra los Estados. “Cada tribunal está resolviendo como si fuera un poder omnímodo, que puede hacer justicia de acuerdo a su criterio y esto es malo para la seguridad jurídica. Hoy le pasa a Ecuador pero más tarde, cuando otro país tenga que hacer lo mismo, ¿cómo va a proceder?”, planteó.
FUENTE EL COMERCIO
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