El llamado “Proyecto Neptuno” le costará a OSE más de US$950 millones, y traería aumentos para los usuarios.
El próximo jueves 31 de agosto, en la Cámara de Diputados, se llevará a cabo un crucial acto de interpelación al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, con relación a la controvertida construcción de una planta potabilizadora de agua en la localidad de Arazatí por parte de un consorcio privado que se hizo llamar “Aguas de Montevideo”.
El diputado frenteamplista Felipe Carballo, dijo que las autoridades de OSE -regida mayormente por representantes de la coalición de derecha, y solo por uno del FA- se “apuraron” al entregar la obra a la empresa privada.
“Desde el punto de vista de la justicia civil, sabemos de que se había incorporado un recurso de amparo que seguramente el Estado se va a tener que aprontar para algún juicio”, advirtió Carballo.
El consorcio “Aguas de Montevideo” está integrado por las empresas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST Ltda., y fue la que presentó el proyecto final.
El Frente Amplio ve el proyecto como “ilegal e inconstitucional”, porque el manejo y la potabilización del agua “nunca tendría que haber sido una iniciativa privada”.
El agua potable vendrá de manos privadas y traerá aumentos
El gobierno mantiene su firme compromiso con la construcción de la planta privada de agua, a pesar de las crecientes críticas. El presidente Luis Lacalle Pou y su administración sostienen que el proyecto de Arazatí será beneficioso para el país, especialmente en medio de la actual crisis hídrica que afecta a la zona metropolitana de Montevideo y Canelones.
Según los términos establecidos en el pliego de licitación, se estima que la construcción de la planta no costará menos de US$253 millones, con la posibilidad de que este costo aumente dependiendo de ciertas circunstancias. El modelo de negocio propuesto implica que una empresa privada se encargará de la construcción, financiamiento y mantenimiento de la planta, mientras que la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) deberá desembolsar la suma de US$52.7 millones al año. Al finalizar los 20 años de contrato, el costo total ascendería a US$950 millones.
El Ministro de Economía, Azucena Arbeleche, asegura que la gestión pública sería la opción “más conveniente” para la administración de esta planta potencial, ya que reduciría los costos operativos de OSE en aproximadamente US$25 millones al año. De acuerdo con estos cálculos, al cabo de dos décadas, el Estado uruguayo podría ahorrar alrededor de US$480 millones.
No obstante, con estos números sobre la mesa, algunos críticos argumentan que mantener las tarifas de agua sin aumentos significativos para los consumidores sería prácticamente imposible. Si las tarifas se mantuvieran estables, considerando que la inversión anual requerida rondaría los US$70 millones, se podría generar un déficit de alrededor de US$1.700 millones al finalizar el contrato.
El Ministro de Economía señaló que las opciones para cubrir este déficit generado por la implementación de ambos proyectos de iniciativa privada incluyen un aumento en las tarifas, aportes por parte del gobierno central o la toma de deuda, siendo esta última la opción elegida en el presupuesto aprobado.
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