La minería formal paralizada, mientras un militar combate a la ilegal

La dirección de la Agencia de Regulación y Control ahora está en manos de un militar en servicio pasivo con la mira en limpiar la casa. Las inversiones formales están paralizadas.

Hace apenas 11 días, el Gobierno de Guillermo Lasso realizó un cambio importante para combatir la minería ilegal y dar más certezas a los inversionistas formales.

El coronel en servicio pasivo Luis Patricio Bonilla fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Con esto, según Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, la estrategia está en la línea de “sacar las manzanas podridas y limpiar la podredumbre”.

“Es bueno que el presidente Lasso haya logrado sacar a uno de los funcionarios relacionados con el exministro Vera, que ahora está preso”, dijo Benalcázar en relación con el cambio de cabeza en la Agencia de Regulación y Control.

En este sentido, durante los seis meses que le faltan al Gobierno, se apuesta por mejorar la inteligencia y aprovechar que Bonilla tuvo experiencia en el control del contrabando de combustibles y gas en zonas de frontera.

“No solo es ir a dónde se cree que hay minería ilegal, o donde se ha denunciado que hay este tipo de actividades, sino que debe haber inteligencia e investigación sobre las redes criminales. Estas redes incluyen algunos gobiernos locales”, puntualizó Benalcázar.

Poco después de asumir el cargo, Bonilla dijo que la minería ilegal mueve al menos $1.000 millones anuales y su combate es imprescindible para dar seguridad a los inversionistas formales del sector.

Roberto Robles, ingeniero en minas, explicó que, en seis meses, el mejor legado que puede dejar Lasso, luego de declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado en enero de 2023, es cortar parte de las estructuras corruptas y criminales que alimentan las actividades ilícitas.

“Cuando se hacen operativos de minería ilegal, luego del trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, normalmente se encuentran vinculaciones con funcionarios corruptos en instancias como la Agencia de Regulación y Control. Ahí es donde se debe trabajar en el poco tiempo que queda”, aseveró.

Inversiones estancadas

Desde el último paro violento, comandado por el movimiento indígena en junio de 2022, cualquier tipo de inversión grande en el sector se quedó en suspenso. Las inversiones pequeñas en exploración son actualmente insignificantes.

Los inversionistas esperan ver los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este 2023 para tener más certezas de hacia dónde va políticamente el país

Por eso, ante la inestabilidad política, Benalcázar cree que no es realista esperar que se concreten nuevas inversiones; pero el Gobierno de Lasso sí podría dar un impulso para que continúen proyectos que ya están en marcha.

En este contexto, lo fundamental es que se viabilicen las licencias ambientales para que al menos se inicie la construcción de las minas de Curipamba (Bolívar) y La Plata (Cotopaxi). Ambos proyectos representan inversiones por más de $670 millones en total.

En diciembre de 2022, Lasso emitió un decreto para impulsar la consulta prelegislativa y poder modificar el reglamento del Código Orgánico Ambiental.

Entre marzo y la segunda semana de mayo de 2023, se terminó con ese proceso y ya se tiene una propuesta para que se puedan hacer las llamadas consultas ambientales, como paso previo a las licencias ambientales.

Así, Lasso tendría la oportunidad de emitir un nuevo decreto (con las modificaciones al reglamento) para destrabar los proyectos en el sector, a pesar de la oposición (que incluyen recursos constitucionales de protección) por parte de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Están estancados más de 120 procesos para el otorgamiento de licencias ambientales”, afirmó Benalcázar.

Incertidumbre

Aparte de las minas de Curipamba y La Plata, no existe ningún otro proyecto minero que pueda aspirar a entrar en fase de construcción durante el Gobierno que sucederá a la administración de Lasso.

Ante la incertidumbre y casi un año de paralización de nuevas inversiones, las autoridades de transición, que gobernarán entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, tendrán que actuar de manera pragmática para dar seguridad jurídica y física.

Una solución integral para impulsar al sector implicaría contar con un Consejo de Control de la minería ilegal. Actualmente, se cuenta con una comisión que se creó como algo temporal hace 14 años; pero que no tiene suficiente fuerza y herramientas para trabajar.

Además, el nuevo Presidente debería alinearse a favor de la industria formal y responsable.

“Si alguien con el perfil de Yaku Pérez llega al poder, la minería entraría en una suspensión total. Eso viene de la mano de posibles demandas”, acotó Benalcázar.

Lamentablemente, Ecuador, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Lasso, es percibido internacionalmente como experto en recibir demandas internacionales y perderlas.

Al momento, el país continúa enfrentando una demanda por $480 millones por la suspensión de las actividades del proyecto Río Blanco (Azuay).

Sea quien sea el próximo mandatario, se debe tener claro que ninguna ley, consulta o cambio de timón puede ser retroactivo. En el caso de Cuenca, por ejemplo, la consulta antiminera afectó directamente a los proyectos preexistentes.

“Cada empresa grande que salga del país dará un mensaje terrible en el mundo”, concluyó Benalcázar.