Fiscalía: el poder de no decidir

La designación del fiscal de Corte y la anunciada creación de un Ministerio de Justicia son, en apariencia, dos asuntos distintos. Pero quienes hemos aprendido a leer entre líneas sabemos que ambos responden a una misma enfermedad: la creciente primacía de lo político sobre lo jurídico, del cálculo electoral sobre el interés general, del relato sobre los hechos.

Decía Max Weber, en su célebre conferencia “La política como vocación”, que toda dominación necesita justificarse ante los dominados, y que esa justificación adopta la forma de relatos que explican por qué unos mandan y otros obedecen. El problema sobreviene cuando el relato se autonomiza hasta el punto de divorciarse por completo de la realidad que pretende explicar. Es lo que ocurre hoy con la pulseada en torno a la Fiscalía General de la Nación. Porque lo que debería ser una discusión casi exclusivamente técnica se transformó en otra cosa.

Por un lado, Mónica Ferrero, la actual fiscal subrogante, ha tenido un desempeño intachable hasta el momento, más allá del blindaje que le ha hecho la oposición a su figura. Del otro, Enrique Rodríguez, fiscal del caso Conexión Ganadera, aparece como la alternativa gubernamental en una jugada que la oposición ha interpretado como un intento de desplazamiento encubierto.

El problema aquí obviamente no es la trayectoria de Enrique Rodríguez; el debate no transita por esos carriles. Porque la cuestión no es si él reúne las condiciones técnicas para ocupar el cargo, sino cuáles son los argumentos del Ejecutivo para remover a Ferrero y elegir por encima de ella a Rodríguez. Y, por otro lado, qué combinación de mayorías parlamentarias permitiría confirmarlo. Porque la pregunta no es quién está mejor preparado, sino cuáles son los motivos de fondo que han impedido desde la renuncia de Jorge Díaz, o sea en unos cuatro años, designar un fiscal de Corte.

Desde otro ángulo, sería fundamental considerar qué implicancias podría tener la intención de trasladar a Enrique Rodríguez, justo cuando el caso de la estafa más importante de Uruguay en los últimos tiempos está en su punto más álgido. Porque hay 4300 familias damnificadas que esperan respuestas. Detrás de los números y las disputas políticas, hay miles de personas que no duermen, que perdieron su herencia o los ahorros de toda una vida. Para ellas, la designación del fiscal de Corte no es un debate ideológico; es la diferencia entre que el caso llegue a algún lado o quede en un cajón.

Si a esto le sumamos la propuesta de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunciada por el presidente Orsi el pasado 2 de marzo, añadimos una capa adicional de complejidad a este cuadro. Porque ocurre algo revelador: la propia dirigencia frenteamplista le ha restado prioridad al tema. Entonces, ¿cómo interpretar que el Ejecutivo insista en un proyecto que no entusiasma a sus propias filas y que, además, carece de los votos necesarios para su aprobación?

La respuesta nos remite a otra categoría weberiana: la política como gesto vacío destinado a ocupar la agenda mientras los problemas reales esperan su turno en la antesala de las prioridades postergadas. Señalaba el politólogo Giovanni Sartori que la democracia contemporánea padece de “videopolítica”: la sustitución del debate racional por imágenes y eslóganes que apelan a las emociones primarias. En ese contexto, la creación de un ministerio funciona como símbolo de que algo se hace, aunque ese algo no modifique en lo sustancial la vida de los ciudadanos. Es el “maquillaje institucional”: se pinta un nuevo rótulo en la puerta, pero adentro todo sigue igual, o peor, porque se destinan recursos a estructuras superfluas mientras la Fiscalía sigue acéfala y los juzgados carecen de medios.

Hay, además, una dimensión temporal que no podemos eludir. La Justicia opera con los tiempos lentos del expediente y la prueba; la política, con la urgencia de las encuestas y el ciclo electoral. Que hayan pasado cuatro años sin un fiscal de Corte designado en forma titular no es una casualidad ni una mera demora administrativa: es, en sí misma, una forma de ejercicio del poder. Durante cuatro años, dos gobiernos (el saliente y el actual) han optado por no designar, por mantener la interinidad, por permitir que la Justicia funcione en “piloto automático”. ¿A quién beneficia esta parálisis? Una Fiscalía sin timonel es más vulnerable a las presiones, más dependiente de los equilibrios políticos, más propensa a convertirse en moneda de cambio. La vacancia prolongada no es un vacío de poder; es un poder en sí mismo: el poder de no decidir, de postergar, de mantener abiertas todas las opciones.

Mientras tanto, la Justicia, ese pilar de la democracia, parece ser la gran damnificada, junto con las personas que dependen de ella para ser resarcidas.

Porque estas disputas tienen un costo, y no solo económico. Tienen un costo reputacional: la confianza de la ciudadanía en las instituciones se erosiona cuando percibe que los cargos se negocian como botines y los ministerios se crean como escenografías. Y tienen un costo social: la ineficiencia no es abstracta; es la puerta giratoria por la que se cuela la impunidad. Cuando la Justicia se ralentiza o se desvía por juegos políticos, los verdaderos perdedores son quienes esperan una sentencia, una reparación, una verdad.

Al final, como en el poema de Constantino Cavafis, llegaremos a Ítaca sin habernos movido del puerto, exhaustos de tanto navegar por mares imaginarios. Pero en lugar de Ítaca, será el Uruguay caro, el de los ministerios superfluos y de los nombramientos negociados, cobrándonos la factura de su ineficiencia.