Un túnel que divide aguas: la oposición teme un “perjuicio irreparable” para el Centro de Montevideo

Mientras el gobierno define si incluye el soterramiento en 18 de Julio, legisladores blancos y colorados piden estudios de impacto en edificios históricos y alertan sobre el cierre de comercios durante los casi tres años de obra.

El futuro de la movilidad en Montevideo se ha convertido en el nuevo campo de batalla política. A días de que se conozca la definición final del presidente Yamandú Orsi sobre la inclusión de un túnel bajo la avenida 18 de Julio, la oposición redobló sus reclamos para acceder a información detallada del proyecto integral. Lo que está en juego es una inversión que rondaría los US$ 590 millones, financiada en parte por organismos internacionales, y una obra que promete duplicar la velocidad del transporte público pero que, según sus detractores, podría significar un “golpe de muerte” para el corazón comercial de la ciudad.

Críticas cruzadas y acusaciones de “atropello”

La ofensiva parlamentaria, liderada por el Partido Nacional, se formalizó con la citación a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, para que brinde explicaciones en comisión. El senador Martín Lema fue tajante al calificar la iniciativa: “Hay un atropello del gobierno nacional a la Intendencia de Montevideo”.

El diputado Juan José Olaizola, exsubsecretario de la cartera, profundizó en las preocupaciones de su bancada. Cuestionó que no se sepa por qué se optó por el sistema BRT (bus rapid transit) por encima de otras alternativas como un tranvía moderno. Pero el punto más álgido de su reclamo es el túnel: “El perjuicio irreparable si no queda bien”, sumado al riesgo que implicaría el uso de explosivos en una zona con edificios centenarios y la afectación a 1.300 comercios que “ya no vienen bien”, justifican la necesidad de un debate más profundo antes de tomar una decisión.

La falta de información también es el eje de las críticas desde el Partido Colorado. El diputado Conrado Rodríguez afirmó que, a esta altura del año, el gobierno debería haber presentado estudios más sólidos. Reclamó que se busque un consenso político, sobre todo después de que el oficialismo recurriera a votos de la oposición para crear la Agencia de Transporte Metropolitano. Rodríguez se mostró escéptico sobre la necesidad del túnel y sugirió revisar la continuidad de la ciclovía sobre 18 de Julio, a la que señaló como un factor que actualmente “entorpece el tránsito”.

El costo-beneficio del túnel: velocidad vs. comercio

Mientras la oposición afila sus argumentos, los informes técnicos encargados por el MTOP y la Facultad de Arquitectura (FADU) están sobre la mesa del presidente Orsi. Los números son elocuentes: actualmente, un ómnibus recorre 18 de Julio a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, demorando unos 22 minutos. Con el túnel, la velocidad se dispararía a 30 km/h, similar a la de un metro internacional, reduciendo el viaje a solo siete minutos. La contracara es un plazo de obra de casi tres años y un sobrecosto de entre 200 y 300 millones de dólares adicionales respecto a las opciones en superficie.

Este último punto es el que más preocupa a los legisladores nacionalistas. El diputado Pedro Jisdonian presentó un pedido de informes solicitando, entre otros puntos, los estudios geotécnicos, los análisis de riesgos para las edificaciones centenarias y, crucialmente, el “lucro cesante estimado para comercios afectados” durante los años que dure la construcción. “Si se ven interrumpidos dos o tres años, ¿cómo van a retomar sus actividades?”, se preguntó Lema en conferencia de prensa.

Voces técnicas y el riesgo de “vaciamiento”

El ruido político no solo proviene de los partidos. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) emitió un informe en el que, si bien reconoce la necesidad de una reestructura del transporte, pone en duda el “costo-beneficio global” de la obra. La gremial advierte que el ahorro de tiempo en los viajes podría inducir un movimiento demográfico hacia Canelones, generando un efecto de “vaciamiento de áreas consolidadas de Montevideo” y costos ocultos para el Estado en duplicación de infraestructuras.

En tanto, desde el gobierno, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, ha intentado bajar los decibeles asegurando que los impactos sociales y comerciales están siendo considerados, y que se contemplan mecanismos de asistencia económica para los rubros afectados.

La pelota está ahora en el tejado del Poder Ejecutivo. La decisión sobre el túnel no solo definirá el modelo de movilidad de Montevideo para las próximas décadas, sino que pondrá a prueba la capacidad de gestión y diálogo de este gobierno con los actores involucrados.