Imagen AFP
Lo que comenzó en 1980 como una de las reformas más audaces del régimen de Augusto Pinochet terminó por convertirse en uno de los experimentos económicos más influyentes y controvertidos del continente. El sistema de administradoras privadas de fondos de pensiones, conocido por sus siglas AFP, no solo transformó la jubilación en Chile: se exportó como modelo a decenas de países y marcó la agenda de reformas estructurales en América Latina durante más de dos décadas.
Su expansión coincidió con el clima ideológico de los años noventa y el llamado Consenso de Washington, cuando buena parte de la región buscaba salir de profundas crisis fiscales y de sistemas estatales de pensiones que eran señalados como ineficientes y financieramente insostenibles. En ese contexto, la capitalización individual administrada por entidades privadas fue presentada como una alternativa moderna, transparente y capaz de dinamizar el ahorro interno.
El modelo cruzó fronteras con rapidez. Se implementó, con variaciones, en países como Perú, Colombia y México, y fue analizado incluso en Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, aunque el Congreso terminó por frenar la iniciativa. La promesa era clara: cada trabajador sería dueño de su ahorro previsional y su pensión dependería del monto acumulado y del rendimiento obtenido en los mercados financieros.
Cuatro décadas después, el balance es desigual y la controversia no ha cesado. En el propio Chile, miles de personas han salido a las calles para exigir el fin del sistema, argumentando que las comisiones cobradas por las administradoras y las lagunas previsionales han derivado en pensiones muy por debajo de las expectativas. La crítica central apunta a que el riesgo fue trasladado al trabajador: si los salarios son bajos o los mercados no rinden lo esperado, la jubilación también lo será.
El péndulo político de la región hizo el resto. Gobiernos de signo distinto comenzaron a revisar o revertir las reformas. En Argentina, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó en 2008 los fondos privados, que acumulaban cerca de 30.000 millones de dólares. Dos años después, Evo Morales impulsó una decisión similar en Bolivia, devolviendo al Estado el control del sistema.
Otros países optaron por reformas intermedias. En México, las administradoras conocidas como afores gestionan el ahorro de millones de trabajadores, pero el debate se intensificó ante la evidencia de que las primeras generaciones bajo el nuevo esquema recibirían pensiones reducidas si no aumentaban sus aportes. En Costa Rica y Uruguay, conviven regímenes públicos y privados en un equilibrio que genera tensiones recurrentes sobre competencia, sostenibilidad y equidad.
En Colombia, la discusión volvió a escalar con fuerza bajo el gobierno de Gustavo Petro. El presidente defendió el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones, el régimen público, como parte de una reforma estructural que busca, según ha dicho, evitar desequilibrios futuros y proteger el ahorro de los cotizantes. La propuesta, que incluye movimientos por billones de pesos y ha generado inquietud en el sector financiero, está bajo revisión de la Corte Constitucional. Petro insiste en que no se trata de expropiaciones ni de financiar al Gobierno, sino de hacer cumplir la ley vigente y garantizar el pago de pensiones a quienes han decidido trasladarse voluntariamente al sistema estatal.
El trasfondo del debate es más amplio que una disputa técnica. En juego está el papel del Estado frente al mercado en la protección social. Los defensores de la capitalización individual sostienen que fomenta el ahorro, profundiza los mercados de capitales y reduce la presión fiscal en el largo plazo. Sus críticos responden que el modelo no ha resuelto el problema de cobertura ni ha asegurado jubilaciones dignas, especialmente en economías con alta informalidad laboral.
En Chile, donde todo comenzó, la discusión ha alcanzado un punto de inflexión. Tras la transición democrática de 1990, el modelo económico heredado de la dictadura se mantuvo en lo esencial durante décadas, incluso bajo gobiernos de distinto signo. Sin embargo, las demandas sociales acumuladas, desde la educación hasta la seguridad social, han puesto en cuestión pilares que parecían inamovibles.
La historia de las AFP en América Latina es, en última instancia, la historia de un experimento regional que prometió eficiencia y autonomía, pero que hoy enfrenta el juicio de millones de jubilados y trabajadores activos. Algunos países han dado marcha atrás, otros ajustan el rumbo y varios más se preparan para enfrentar el momento decisivo cuando las nuevas generaciones comiencen a retirarse y el sistema sea evaluado no por sus proyecciones, sino por el monto real de las pensiones que entregue. El laboratorio chileno se convirtió en un espejo continental, y ese reflejo está lejos de ofrecer una imagen pacífica.
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REDACCIóN COLOMBIA
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