El uso de teléfonos celulares dentro de los centros de privación de libertad está expresamente prohibido en Ecuador y puede acarrear consecuencias penales y disciplinarias.

Aunque en los últimos días se ha reactivado el debate público por publicaciones en redes sociales atribuidas a personas que cumplen prisión preventiva —lo que ha generado dudas sobre los controles internos— la normativa es clara respecto a las sanciones cuando se confirma la tenencia o el ingreso de estos dispositivos a las cárceles.

El abogado Steven Reyes explicó que sí existe una sanción específica en la legislación ecuatoriana para quienes ingresen artículos prohibidos a los centros de privación de libertad.

Según detalló, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 275, establece una prohibición expresa de introducir objetos como teléfonos celulares a las cárceles del país.

¿Cuál es la sanción en Ecuador para quienes ingresen o usen celulares en las cárceles?

Reyes precisó que la norma contempla una pena de uno a tres años de prisión para la persona que ingrese el objeto prohibido.

Añadió que la misma sanción se aplica cuando el celular es encontrado en poder de una persona privada de libertad dentro del centro carcelario, es decir, no solo se castiga a quien lo introduce, sino también a quien lo posee.

El abogado indicó además que el tercer inciso del artículo 275 contempla un agravante cuando quien ingresa el objeto prohibido es un servidor público. En ese caso, explicó, la pena se duplica respecto de la máxima prevista, que llegaría a 6 años de prisión.

Celulares en cárceles de Ecuador: ¿de qué depende el tipo de sanción?

Sobre la determinación concreta de la sanción, Reyes sostuvo que dependerá en gran medida de la acusación que formule la Fiscalía y de la existencia de circunstancias atenuantes. Por ejemplo, si la persona confiesa el hecho antes de consumarlo o colabora con la investigación, esos elementos podrían incidir para que se solicite la pena mínima.

“Ese tipo de atenuantes lo que van a hacer es disminuir el tema de la sanción dentro de la misma pena”, señaló.

También mencionó que la colaboración eficaz —como identificar a quién iba dirigido el objeto— puede influir en una eventual negociación procesal y en la imposición de una pena menor dentro del rango establecido por la ley.

Casos de sanción por uso de celulares en Ecuador

Uno de los antecedentes más recordados en el país es el de Daniel Salcedo Bonilla, quien, además de enfrentar sentencias por distintos delitos, fue procesado en dos ocasiones por el ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad.

Por esos hechos —vinculados a la posesión e ingreso de dispositivos electrónicos en prisión— recibió condenas que, solo por ese delito, superaron los tres años de cárcel, lo que evidenció cómo la normativa penal también se aplica a quienes ya se encuentran privados de libertad.