Dinero, educación y poder: la red del Opus Dei en España, de Torreciudad al caso argentino, con cifras clave, mientras Roma revisa estatutos.
En los últimos días ha vuelto a circular una idea que incomoda más que el tópico del cilicio o el guiño de película: el Opus Dei entendido como estructura económica y jurídica capaz de moverse con lógica corporativa, a veces con la naturalidad de una institución educativa y otras con el hermetismo de una organización que no se explica del todo. El texto firmado por Esteban Rosador en Diario Norte empuja justo ahí, a la zona donde el poder no se viste de liturgia sino de estatutos, patronatos, cuentas, contratos, consejos y nombres propios. La consecuencia inmediata es doble: se reactiva el debate sobre su red de influencia en España y, a la vez, se cruza con un momento delicado en Roma, con los estatutos del Opus Dei todavía “en fase de estudio” y sin fecha de publicación, según trasladó recientemente el papa León XIV al prelado Fernando Ocáriz.
La fotografía de 2026, con los datos hoy disponibles, tiene varios focos encendidos a la vez y ninguno es decorativo: 94.540 miembros en el mundo, con una base mayoritariamente laica; una presencia extendida por cerca de setenta países, organizada por circunscripciones; un ecosistema educativo y sanitario en España donde destacan instituciones con cifras de actividad muy altas; un conflicto eclesial de primer orden en Aragón por Torreciudad, con comisario pontificio; y una causa judicial en Argentina que ha escalado en lo simbólico y en lo reputacional, con imputaciones y un choque frontal de relatos sobre trata y explotación frente a la defensa institucional de que se está deformando un conflicto laboral y previsional. Todo eso convive, se roza, se contamina… y dibuja un mapa mucho más terrenal que el de la caricatura.
El artículo que reabre la caja negra de “la Obra”
El texto de Rosador parte de un diagnóstico con mala leche periodística, de la buena: el imaginario colectivo se ha quedado con el “monje asesino”, las conspiraciones de pasillo y el folclore de la penitencia, mientras lo que realmente sostiene poder es algo bastante menos fotogénico: una ingeniería de organizaciones y una cultura interna que combina disciplina, discreción y continuidad. No es una tesis nueva, pero sí vuelve con fuerza porque aterriza en un momento en que el Opus Dei está obligado, por puro contexto, a explicarse más: por la revisión de estatutos en Roma, por conflictos abiertos como Torreciudad y por litigios que ya no se quedan en el rumor, sino que entran en juzgados, fiscalías y titulares.
En esa “caja negra” hay una confusión habitual que conviene despejar sin humo: una cosa es el Opus Dei como realidad eclesial —una prelatura personal— y otra el universo de iniciativas civiles (colegios, universidades, fundaciones, obras sociales, centros de formación) que pueden estar vinculadas por inspiración, por asistencia espiritual, por historia, por personas concretas o por cultura institucional, pero que no siempre son, ni jurídica ni económicamente, una misma cosa. La discusión se vuelve resbaladiza porque lo espiritual no deja facturas y lo civil sí, pero las fronteras entre ambos planos, en organizaciones complejas, rara vez están rotuladas con neón.
Lo que hoy se percibe, y por eso el tema engancha, es que la Obra tiene un modo de operar reconocible: larga duración, apuesta fuerte por formación y educación, redes de confianza, y una capacidad para institucionalizar proyectos con continuidad. El resultado puede ser admirable para unos y perturbador para otros; la clave, en cualquier caso, es que se puede medir mejor por sus efectos —instituciones, carreras, influencia cultural— que por sus símbolos.
Qué es el Opus Dei en 2026: números, gobierno y piezas internas
El Opus Dei es una jurisdicción de la Iglesia católica fundada en 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer y erigida como prelatura personal en 1982 mediante la constitución apostólica Ut sit, bajo Juan Pablo II. Esa figura, la prelatura personal, es importante porque no funciona como una diócesis territorial clásica: su misión se despliega dentro de diócesis ya existentes, y por eso la relación con los obispos locales, el reparto de competencias y el “quién decide qué” se vuelven cuestiones sensibles cuando hay fricción.
Los datos internos que la propia institución ha difundido recientemente sitúan el total en 94.540 miembros y añaden una cifra que suele pasar desapercibida pero explica el tamaño social del entorno: más de 600.000 cooperadores y participantes en actividades de formación cristiana. En composición, aparece un Opus Dei muy poco “monástico”: 74% casados y 26% célibes, con un reparto de 60% mujeres y 40% hombres. Son porcentajes fríos, sí, pero cuentan una historia muy concreta: el músculo real es la vida ordinaria, la familia, el trabajo, la socialización en redes profesionales y educativas.
En lo jerárquico, la estructura central está encabezada por el prelado Fernando Ocáriz. A su alrededor se sitúan cargos que, sin ser populares fuera del circuito, son clave para entender cómo se gobierna: el vicario auxiliar, Mariano Fazio; el vicario general, Javier del Castillo; y el secretario central, José Andrés Carvajal. En el modelo de gobierno aparecen también dos órganos de asistencia: el Consejo General y la Asesoría Central, que ayudan a la dirección de la prelatura en ámbitos como gobierno, formación y coordinación.
Otro dato que ayuda a aterrizar la idea de “red” sin caer en fantasías es la organización territorial. Desde 2021 se trabaja en una reorganización de circunscripciones y, a día de hoy, se describe una estructura que agrupa cerca de setenta países en 24 circunscripciones regionales. Ahí aparece un detalle llamativo para España: la circunscripción llamada “España” incluye también Jerusalén, Kazajistán y Líbano, mientras que otra circunscripción separada lleva el nombre de “Jerusalén” como área propia; ese tipo de encajes, que desde fuera desconciertan, dentro suelen responder a razones de gobierno y presencia histórica.
En el terreno clerical, la cifra difundida en el mismo paquete de datos sitúa en 2.122 los sacerdotes incardinados en la prelatura y en 1.830 los sacerdotes asociados incardinados en sus diócesis (vinculados a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, sin dejar de depender de su obispo). Son números que importan porque, cuando se habla de poder, a menudo se olvida lo básico: una jurisdicción necesita clero propio, y el clero necesita encaje legal y económico para vivir, sostenerse y jubilarse. Ahí, de nuevo, menos mito y más administración.
Roma toca la arquitectura: estatutos en revisión y cambio de encaje
El gran telón de fondo de 2026 es que Roma ha reordenado el marco de las prelaturas personales en el contexto de una reforma más amplia de la Curia. En 2022 se promulga Praedicate Evangelium y, poco después, el motu proprio Ad charisma tuendum; en 2023 se modifica también el marco canónico relativo a prelaturas personales. Traducido al lenguaje de la calle: cambia el dicasterio competente, se reajusta el “ropaje jurídico” y se exige adaptar estatutos. Si el Opus Dei es una máquina con décadas de inercia institucional, tocar estatutos es tocar la caja de cambios.
En ese proceso, el Opus Dei ha explicado que entregó una propuesta de estatutos a la Santa Sede el 11 de junio de 2025 y que, desde entonces, el siguiente paso está en manos vaticanas. Ya en febrero de 2026, en audiencia en el Palacio Apostólico, el papa León XIV trasladó a Fernando Ocáriz y a Mariano Fazio que la adecuación de estatutos sigue en fase de estudio y que no se puede prever fecha de publicación. En esa misma conversación se abordaron también controversias en Argentina y el contraste vocacional entre África y Europa, un tema que la Iglesia está leyendo con lupa.
Ese “sin fecha” no es un detalle menor: en organizaciones, el tiempo administrativo se vuelve tiempo político. Si hay tensión pública y judicial, la espera se interpreta; si hay conflictos territoriales como Torreciudad, la espera se proyecta. Y mientras, las instituciones siguen funcionando, claro, como siempre: universidades, colegios, centros, actividades, patronatos… la vida no se detiene.
El mapa económico en España: educación, sanidad y prestigio institucional
Cuando se habla de dinero y Opus Dei en España, la conversación aterriza casi inevitablemente en educación y sanidad, porque ahí hay infraestructuras, nóminas, presupuestos, matrículas, conciertos, investigación, donaciones, obras. No es una sospecha: es la naturaleza del sector. La gran pieza simbólica, por tamaño y reputación, es la Universidad de Navarra, en Pamplona, con su ecosistema académico y asistencial, incluida la Clínica Universidad de Navarra. En el curso 2022-2023 se comunicaron ingresos de explotación de 662,87 millones de euros y un resultado positivo cercano a los 25 millones, con gastos alrededor de 638 millones; en el curso 2023-2024, los ingresos de explotación se sitúan en torno a 705 millones, con crecimiento interanual. Son cifras que, por sí solas, colocan a la institución en una liga que ya no es “religiosa” sino empresarial en volumen, aunque su naturaleza jurídica sea sin ánimo de lucro y reinvierta excedentes.
Este es el punto donde el debate sobre “imperio” se vuelve serio, porque el poder económico no tiene por qué ser opaco para ser influyente: a veces basta con ser grande, estable y prestigioso. Una universidad con esa escala no es un aula con crucifijo; es una ciudad de servicios, investigación, empleo, contratos, proveedores, convenios, financiación competitiva. Y en España, donde la universidad y la sanidad son ámbitos especialmente sensibles, cada cifra se lee también como cultura: quién forma, quién investiga, quién selecciona talento, quién conecta con élites profesionales.
En paralelo, el ecosistema educativo más amplio asociado al Opus Dei en España aparece descrito en investigaciones periodísticas como un sector que puede mover en torno a 1.000 millones de euros anuales si se suman universidades y redes de centros. Esa cifra, discutible en los márgenes, tiene un efecto claro: pone el foco sobre cómo se financian y gestionan instituciones educativas vinculadas a la Obra, cómo se estructuran fundaciones y titulares, qué parte está concertada, qué parte es privada, qué parte se sostiene con donaciones o cuotas, y cómo se supervisa todo eso. En el terreno educativo, la transparencia no es solo un valor: es un requisito social.
Aquí hay un matiz decisivo que suele perderse en el ruido. Muchas iniciativas vinculadas al Opus Dei no son “de la prelatura” en sentido estricto, sino promovidas por fieles y cooperadores, con asistencia pastoral u orientación espiritual. Dicho así suena etéreo, pero tiene consecuencias prácticas: puede significar que la responsabilidad económica y de gestión está en patronatos y órganos civiles, mientras el vínculo institucional es formativo o espiritual. El problema es que, desde fuera, esa separación rara vez se percibe clara, y la palabra “vinculado” puede significar mil cosas. Ese es el caldo de cultivo perfecto para el malentendido permanente.
Universidad, escuela de negocios y redes profesionales
En el imaginario de influencia, la formación de élites directivas pesa como un ancla. En ese terreno aparece el IESE, creado en 1958 como escuela de dirección de empresas vinculada a la Universidad de Navarra, con una proyección internacional consolidada. Su historia se ha explicado desde dentro como iniciativa impulsada por Josemaría Escrivá, y desde fuera como una institución de élite con conexiones históricas evidentes con el universo cultural del Opus Dei. En términos de influencia, ese tipo de escuelas operan como nodos: no necesitan “mandar”; les basta con formar, conectar y legitimar.
Eso no convierte automáticamente a nadie en conspirador, pero sí dibuja un fenómeno: poder blando. El poder blando no es un botón rojo; es un ambiente. Se nota en carreras, en recomendaciones, en redes de antiguos alumnos, en códigos compartidos, en una forma de entender liderazgo, mérito, disciplina y servicio. Por eso el debate sobre el Opus Dei se enquista tanto en España: porque no se discute solo teología, se discute arquitectura social.
Torreciudad: un santuario, una diócesis y una intervención de Roma
Si alguien quiere ver cómo se materializa un conflicto entre jurisdicción, patrimonio, pastoral y poder simbólico, Torreciudad es el caso de estudio perfecto. No es solo un santuario mariano en Huesca: es un emblema asociado al Opus Dei y, al mismo tiempo, un territorio dentro de la diócesis de Barbastro-Monzón, cuyo obispo, Ángel Pérez Pueyo, ha reclamado durante años una regularización jurídica y canónica del complejo. La fricción se arrastra al menos desde 2020, con choques públicos intensos en 2023, y terminó escalando a una medida excepcional: la Santa Sede nombró en octubre de 2024 a Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana, como comisario pontificio plenipotenciario para el complejo de Torreciudad.
Ese nombramiento fue leído en España como un gesto de autoridad: Roma entra, mira, ordena el tablero. El encargo al comisario no es poético: encontrar una solución a diferencias sobre la regularización jurídica, canónica y pastoral del santuario. Traducido: quién manda, quién firma, quién nombra, quién gestiona, quién recauda, qué se audita, qué se devuelve, qué se preserva.
En julio de 2025, la diócesis planteó una propuesta de alto voltaje: que Torreciudad sea erigido como Santuario Internacional bajo dependencia directa de la Santa Sede, con cuentas auditadas y con una fórmula que permitiría al Opus Dei designar al rector, además de solicitar el retorno de la imagen original de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles a su ermita-santuario y de la pila bautismal a un espacio de la catedral. En esa misma propuesta aparece otro elemento que, en España, siempre prende: patrimonio y símbolos que “pertenecen” a una diócesis frente a una institución con estructura internacional.
El caso Torreciudad importa por dos razones que van más allá de Aragón. Primero, porque muestra los límites del modelo Opus Dei cuando choca con un obispo diocesano decidido a marcar territorio: la prelatura actúa dentro de diócesis, y eso no es un detalle decorativo. Segundo, porque la intervención de Roma, con comisario, se interpreta como parte de una línea más amplia de reordenación de privilegios y de reubicación del Opus Dei dentro del ecosistema eclesial contemporáneo. Y eso, en España, tiene lectura inmediata: si cambia el marco eclesial, cambia la conversación pública.
Argentina: el caso de las 43 mujeres y la grieta reputacional
El frente argentino es, ahora mismo, el más tóxico para la imagen pública del Opus Dei, porque no se trata solo de críticas o testimonios aislados: hay una investigación judicial y un relato muy duro de presunta captación de menores y explotación doméstica prolongada durante décadas. El núcleo del caso gira alrededor de al menos 43 mujeres, muchas de ellas vinculadas a la figura interna de numerarias auxiliares, dedicadas a tareas domésticas y de atención en centros de la Obra, según la acusación.
En la evolución temporal, hay un dato que la propia institución ha destacado para sostener su versión: en septiembre de 2020 un abogado argentino presentó una reclamación por aportes previsionales —equivalente a cotizaciones de seguridad social— en nombre de un grupo de mujeres que habían sido miembros. El Opus Dei sostiene que intentó atender peticiones, pero que el abogado no facilitó información individual suficiente y que, con el tiempo, aquello derivó en una acusación que considera “sin fundamento real” por trata de personas. Esa es la defensa institucional: que se está deformando un conflicto laboral y previsional para convertirlo en un gran caso penal.
El reverso, sin embargo, es muy contundente. En Argentina, fiscales han considerado que existe base para impulsar una investigación penal por presunta trata y explotación laboral vinculada a miembros con responsabilidades de gobierno en la región. En esas informaciones aparecen nombres concretos imputados o señalados en el marco del proceso, como Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urtizarrazu y Gabriel Dondo, y el caso gana aún más proyección cuando aparece implicado Mariano Fazio, que no es un cargo menor: es vicario auxiliar, el “número dos” en la jerarquía operativa global de la prelatura. La dimensión internacional del asunto hace que cualquier paso judicial se lea también como presión indirecta sobre Roma justo cuando se revisan estatutos.
Aquí hay que ser muy preciso en el lenguaje: estamos ante acusaciones y una investigación, no ante una sentencia firme. Pero, periodísticamente, el impacto no depende de la sentencia para existir; depende de la gravedad del relato, de la existencia de actuaciones procesales y de la coherencia de testimonios. En términos reputacionales, el Opus Dei se encuentra con un problema clásico de instituciones cerradas: la cultura de discreción, que durante décadas funcionó como blindaje, en una crisis moderna puede convertirse en sospecha. Si la respuesta suena defensiva o técnica, el público escucha “evitar el tema”; si la respuesta es emocional, se acusa “victimismo”. El margen de maniobra se estrecha.
En España, además, el caso argentino no se queda al otro lado del Atlántico. Entra por una puerta muy concreta: mujeres, trabajo doméstico, formación, dependencia, desigualdad interna. Es un eje que conecta con críticas históricas a la organización por el rol asignado a las numerarias auxiliares y por un modelo de vida que, para algunas exmiembros, tuvo rasgos de control excesivo. En 2026, ese debate ya no es marginal ni clandestino; se ha convertido en un tema de conversación pública de primera línea.
La batalla educativa en Cataluña: conciertos, segregación y giro a lo privado
España también aporta un capítulo nuevo y muy visible: la decisión de la Generalitat de Cataluña de retirar la subvención a 247 grupos de ocho escuelas vinculadas al Opus Dei que segregan por sexo, lo que empuja a esos centros a convertirse en privados en el próximo curso. En total, se han denegado conciertos a 283 unidades por distintas razones, y el caso se convierte en una escena perfecta para entender el choque entre modelo educativo, financiación pública y proyectos con ideario propio.
El debate aquí es especialmente áspero porque mezcla dos sensibilidades: por un lado, el papel de la concertada y su función social; por otro, la segregación por sexo, que para gobiernos y una parte amplia de la sociedad es incompatible con el acceso a fondos públicos. En ese choque, los centros vinculados al Opus Dei se convierten en símbolo porque condensan varias ideas a la vez: tradición, élites, disciplina académica, ideario católico y, según críticos, una forma de “mundo aparte” sostenido parcialmente con dinero público. La decisión catalana no solo afecta a presupuestos; afecta a imagen y, sobre todo, a futuro: cuando un centro pasa a ser privado, cambia su base social, cambia su demanda, cambia su relación con la Administración.
La noticia también deja ver una adaptación táctica: algunos centros han creado escuelas infantiles mixtas en la etapa donde la separación por sexo no se aplica, buscando mantener vías de financiación en el tramo permitido. Es un detalle aparentemente pequeño, pero describe muy bien cómo funcionan las instituciones cuando se les mueve el marco legal: ajustan, reconfiguran, abren puertas donde aún hay puertas.
En términos de poder, este episodio catalán tiene un efecto doble. Por un lado, reduce el margen de financiación pública en un territorio clave. Por otro, reactiva el debate sobre qué significa “vinculado al Opus Dei” en educación: titularidad jurídica, patronatos, fundaciones, redes de antiguos alumnos, cultura institucional. Y vuelve la pregunta incómoda, la que Rosador empuja desde el principio: si la red es tan amplia, ¿quién la gobierna realmente y cómo se supervisa su músculo económico?
Estatutos, dinero y reputación: la tormenta perfecta en un solo calendario
El Opus Dei llega a 2026 con un calendario cargado y con un factor adicional que opera como reloj interno: el camino hacia su primer centenario, que la propia prelatura ha mencionado en conversaciones con el papa. En cualquier organización, los aniversarios invitan a celebrar; en una organización bajo revisión estatutaria y con frentes judiciales y eclesiales abiertos, los aniversarios también invitan a ordenar la casa. Y ordenar la casa, en este caso, no es solo pastoral: es jurídico, económico y comunicativo.
Hay un dato que, aunque suene frío, ayuda a entender la tensión: la prelatura describe que en la actualidad fallecen anualmente unas mil personas del Opus Dei. Eso, más allá de la estadística, señala envejecimiento en algunos territorios y la urgencia de relevo generacional, algo que la Iglesia vive de forma general en Europa. En un contexto así, la capacidad de captar vocaciones, sostener obras y mantener influencia depende todavía más de su base laica, de su red educativa y de su prestigio institucional. Es decir, de los mismos elementos que, cuando se miran desde fuera, disparan el debate del “imperio”.
Por eso la revisión de estatutos y los casos como Torreciudad o Argentina no son compartimentos estancos. Se conectan por un hilo invisible pero muy real: legitimidad. En 2026, el Opus Dei no discute solo normas canónicas; discute su lugar dentro de la Iglesia reformada y su aceptación social en países donde su influencia histórica ha sido considerable. España es uno de esos países. Aquí la Obra no es una rareza exótica: es una institución con huella, con memoria larga, con proyectos educativos y con un peso cultural que despierta adhesión y rechazo a partes iguales.
La Obra ante el escaparate de 2026
A estas alturas, el debate ya no va de si el Opus Dei “es secreto” o de si existe un cilicio. Va de algo más concreto y, por eso mismo, más serio: gobernanza y trazabilidad. Cómo se separa lo espiritual de lo civil, cómo se delimitan responsabilidades en iniciativas educativas y sociales, cómo se rinden cuentas en proyectos de gran volumen económico, cómo se gestiona el conflicto con diócesis cuando hay patrimonio y poder simbólico en juego, cómo se responde a investigaciones judiciales sin que la respuesta parezca un manual de daños.
En España, el foco seguirá donde siempre: educación, universidades, redes profesionales, financiación, y ahora también la relación de la prelatura con Roma en un ciclo de reformas que no ha terminado. A corto plazo, el termómetro estará en tres sitios muy concretos: la publicación (o no) de los nuevos estatutos, la evolución del caso Torreciudad bajo el comisario pontificio Alejandro Arellano Cedillo, y el desarrollo judicial de la causa en Argentina, con sus imputaciones y su carga simbólica enorme. Todo lo demás —rumores, clichés, películas— es ruido. Lo que queda es papel, estructura, decisiones y consecuencias. Y ahí, precisamente ahí, es donde el “imperio de la Obra” deja de ser metáfora y se convierte en noticia.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Alfa y Omega, Universidad de Navarra, Vatican News, Sala Stampa, Opus Dei, EL PAÍS Argentina, La Vanguardia, La Marea, Vatican News.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/quien-controla-el-dinero-del-opus-dei/
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