En el día de hoy miércoles 18 de febrero se instalará en el Senado la comisión preinvestigadora encargada de analizar la denuncia presentada por el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini vinculada al contrato firmado entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional.
La comisión estará integrada por los senadores Nicolás Viera, Eduardo Brenta y Graciela Bianchi, y tendrá como cometido evaluar si existen méritos suficientes para la creación de una comisión investigadora parlamentaria. En primera instancia, recibirá al propio Sabini, quien expondrá los fundamentos y pruebas que motivaron la solicitud.
Sabini anunció formalmente el pedido este martes, tras una conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi en la que el Poder Ejecutivo confirmó la decisión de rescindir el contrato con Cardama por incumplimientos graves. Según el legislador, a partir de la información divulgada por el gobierno y de los informes técnicos conocidos, “surgen elementos suficientes para habilitar una investigación parlamentaria”.
El contrato, firmado en diciembre de 2023 por un monto superior a los 82 millones de euros, acumuló desde sus inicios una serie de observaciones técnicas y administrativas. Entre los antecedentes más relevantes figura un peritaje de la sociedad clasificadora Bureau Veritas, fechado en enero de 2026, que, según el denunciante, constató más de 150 incumplimientos contractuales por parte del astillero.
De acuerdo con ese informe, Cardama incurrió, además, en retrasos significativos en la construcción, ausencia de documentación técnica esencial, incumplimientos en materia de diseño y provisión de materiales, así como falencias graves en el régimen de garantías exigidas por el contrato. También se señala que no existe constancia de que el astillero haya solicitado ni obtenido la aprobación de la autoridad de bandera uruguaya para la construcción de los buques, un requisito considerado esencial para su posterior embanderamiento.
Sabini sostuvo que el Estado uruguayo ya desembolsó alrededor de 30 millones de dólares y que las garantías aceptadas resultaron inexigibles. En ese sentido, apuntó responsabilidades políticas hacia la gestión anterior del Ministerio de Defensa y cuestionó la aceptación de avales emitidos por una empresa que posteriormente se comprobó que era apócrifa y sin respaldo real.
La denuncia presentada ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, detalla además que el Poder Ejecutivo resolvió en octubre de 2025 ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, luego de que el astillero no renovara el aval dentro de los plazos pactados. Posteriormente, el gobierno denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.
Mientras avanza el trámite en el Senado, desde la oposición surgieron cuestionamientos tanto al contenido como a la forma en que el gobierno impulsó la iniciativa. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez expresó su malestar por la falta de comunicación previa con los partidos de la oposición y consideró que se rompieron canales básicos de diálogo parlamentario. Si bien evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia por no conocer aún el texto completo, sostuvo que “nunca está de más un aviso” cuando se adoptan decisiones de esta magnitud. Incluso no descartó seguir adelante con el planteo de instalar una preinvestigadora en Diputados.
Más duro fue el senador colorado Andrés Ojeda, quien denunció que el gobierno estaría ocultando información relevante sobre el caso. Ojeda afirmó que solicitó acceder a la denuncia y a informes jurídicos que recomendarían la rescisión del contrato, pero que dichos documentos le fueron negados bajo el argumento de proteger la estrategia del Ejecutivo. “Hay un nivel de secretismo que no se condice con la enorme exposición mediática que el propio gobierno le dio al tema”, sostuvo, y anunció que recurrirá a la vía judicial para acceder a esa información.
El senador Rodrigo Blás también reclamó una investigación parlamentaria amplia y cuestionó duramente la actuación del gobierno. Blás acusó al Poder Ejecutivo de “construir un relato con medias verdades” y de haber tomado la decisión de rescindir el contrato “de mala fe”. Afirmó que durante los primeros meses de ejecución el contrato avanzó con informes favorables y pagos autorizados por el actual gobierno, y que el quiebre se produjo de forma abrupta.
“El problema ya no es solo contractual, es institucional. Lo que se está dañando es la credibilidad del sistema”, advirtió Blás, quien sostuvo que la investigación debe realizarse “en el Senado, en Diputados o donde sea”, y aseguró que su sector no tiene nada que ocultar.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/peritaje-de-bureau-veritas-detecto-mas-de-150-incumplimientos-en-el-contrato-con-cardama-id186369/
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