La reforma laboral de Milei: entre la “modernización” prometida y la conflictividad social anunciada

El proyecto obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor, pero dejó un tendal de heridas abiertas: mientras el oficialismo celebra la primera gran victoria legislativa del año, los sindicatos denuncian una “regresión histórica” y preparan un cuarto paro general. El análisis de los puntos centrales de la ley y las consecuencias que ya se vislumbran en el horizonte social y político.

La madrugada del jueves 12 de febrero quedará registrada como una bisagra en la historia del movimiento obrero argentino. Con 42 votos afirmativos, 30 negativos y ninguna abstención, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La votación, que se extendió por más de 14 horas, no solo modificó decenas de artículos de la legislación vigente, sino que reconfiguró el tablero de alianzas políticas y encendió todas las alarmas en el sindicalismo.

Lo que sigue es un análisis pormenorizado de los alcances de la reforma, las negociaciones que permitieron su aprobación, las repercusiones en el mundo del trabajo y los conflictos que ya se avecinan.

¿Qué cambia? Los ejes de la reforma

Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario detenerse en los puntos centrales del proyecto que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados. La iniciativa introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sindicales y el régimen de obras sociales, entre otras normas.

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Uno de los cambios más significativos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Las grandes empresas aportarán el 1% de la masa salarial, mientras que las pymes contribuirán con el 2,5%, porcentajes que se compensarán con descuentos en las cargas sociales.

El proyecto establece además que la indemnización por despido sin causa será la única reparación posible, un punto que el oficialismo defiende como herramienta para limitar la litigiosidad laboral, pero que los gremios interpretan como un desmantelamiento de las protecciones históricas. A esto se suma un nuevo criterio para el cálculo indemnizatorio: quedarán excluidos el aguinaldo, las vacaciones y otros beneficios que no sean de pago mensual, lo que en la práctica reducirá los montos finales.

Jornada laboral y banco de horas
La reforma habilita regímenes voluntarios de “banco de horas”, acordados entre empleador y trabajador, que permiten administrar picos de actividad sin necesidad de pagar horas extras tradicionales. Las horas excedentes podrán acumularse como saldo a favor del empleado para ser compensadas con días libres o jornadas reducidas.

En materia de vacaciones, se introduce la posibilidad de fraccionarlas en bloques no menores a siete días, flexibilizando el régimen actual que concentraba el descanso en temporada estival.

Servicios esenciales y derecho a huelga
Quizás el punto más conflictivo sea la nueva regulación del derecho a huelga. El proyecto amplía significativamente la lista de “servicios esenciales” —aquellos que no pueden brindar una prestación menor al 75% de su funcionamiento normal— incorporando telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros, educación en todos sus niveles (salvo universitario), transporte de caudales y seguridad privada, entre otros.

Además, crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán garantizar al menos el 50% de su actividad normal. En este listado se incluyen rubros tan amplios como el transporte de pasajeros, la industria farmacéutica, la banca, la minería, la construcción y el comercio electrónico.

Relaciones sindicales y convenios colectivos
La reforma elimina el principio de “ultraactividad”, que permitía que un convenio colectivo continuara vigente hasta que se negociara uno nuevo. A partir de ahora, los convenios vencidos perderán vigencia, excepto en las cláusulas referidas a condiciones de trabajo.

Se establece además la prelación del convenio por empresa por sobre el convenio por actividad o rama. Esto significa que, incluso si el acuerdo a nivel de una empresa resulta menos beneficioso para los trabajadores que el convenio sectorial, prevalecerá el primero. Para el sindicalismo, se trata de un golpe directo a la capacidad de negociación colectiva: “El trabajador deja de tener un convenio fuerte por actividad y pasa a negociar solo, muchas veces con su grupo de compañeros, condiciones laborales y salarios”, explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio.

Las asambleas de personal también sufren restricciones: no podrán afectar “el normal desarrollo de la empresa” y requerirán autorización del empleador, sin goce de sueldo para los trabajadores participantes. Se tipifican como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de fábricas y cualquier acción que afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.

Licencias médicas: el detonante final
El artículo 44, incorporado en las últimas modificaciones, establece un nuevo régimen para trabajadores que sufran accidentes o enfermedades no laborales. Percibirán el 50% de su salario en casos de incapacidad, y el 75% cuando la situación no derive de una acción voluntaria. Hasta ahora, esos periodos se cubrían al 100%. El oficialismo argumenta que busca desalentar el ausentismo injustificado; los sindicatos hablan de un “recorte encubierto” en momentos de mayor vulnerabilidad del trabajador.

Las negociaciones: qué se salvó y qué se perdió

La aprobación en el Senado no fue automática. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo —conducido en la negociación por la jefa de bloque Patricia Bullrich— debió realizar concesiones significativas, especialmente en aquellos puntos que afectaban el financiamiento sindical.

Lo que la CGT logró preservar
En un claro guiño a la central obrera, se mantuvo la obligatoriedad de la retención de la cuota sindical por parte de los empleadores. El proyecto original establecía que las empresas “podrían” actuar como agentes de retención, supeditado al consentimiento expreso del trabajador, lo que en los hechos dejaba a los gremios sin una fuente clave de financiamiento.

También se sostuvo la contribución patronal del 6% para las obras sociales sindicales, cuando la propuesta inicial la reducía al 5%. Y se mantuvo a los bancos como únicos autorizados para el pago de salarios, descartando la habilitación de billeteras virtuales que impulsaba el Ejecutivo.

Lo que el gobierno retuvo
Pese a estas concesiones, el núcleo duro de la reforma quedó intacto: la eliminación de la ultraactividad, la prelación del convenio por empresa, la creación del FAL, las restricciones al derecho de huelga a través de la ampliación de servicios esenciales, y el nuevo régimen de licencias médicas. Como sintetizó un análisis de La Política Online, “la CGT salvaba institutos o herramientas que le permiten una defensa corporativa de la organización pero el gobierno se imponía en la afectación de derechos históricos de los trabajadores argentinos”.

Repercusiones: el sindicalismo en pie de guerra

La media sanción encendió todas las alarmas en el arco sindical. Las declaraciones de los últimos días dan cuenta de un clima de confrontación creciente.

“Regresión laboral” y “ataque antisindical”
La Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, tituló su comunicado “Media sanción a la regresión laboral” y denunció que el proyecto afecta “pilares fundamentales del sistema laboral argentino”, buscando “imponer relaciones laborales desiguales y precarizadas”.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó a los medios que la reforma fue elaborada “con un criterio antisindical” y que intenta “generar un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales”. En la misma línea, Agustín Gómez advirtió que “hay un ataque importante hacia el modelo sindical argentino” que, en definitiva, “apunta a defender los derechos del trabajador”.

El cuarto paro general en puerta
La respuesta sindical no se hizo esperar. La CGT debatirá este lunes en su Consejo Directivo la convocatoria a un paro general de 24 horas, el cuarto contra la gestión de Javier Milei. La medida buscaría coincidir con el tratamiento del proyecto en Diputados, previsto para antes del 1 de marzo.

Un factor clave será el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). A diferencia del paro de abril de 2025, cuando el gremio de colectiveros no adhirió esgrimiendo la conciliación obligatoria, esta vez anticiparon que “si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”. El respaldo de la UTA garantiza la paralización del transporte automotor, un multiplicador del impacto social de cualquier huelga.

Incidentes y judicialización
La jornada de debate en el Senado dejó imágenes de fuerte tensión: 37 personas detenidas y al menos seis policías heridos en los incidentes frente al Congreso. Pero el conflicto también se trasladará a los tribunales. Dirigentes opositores ya anticipan una embestida judicial, tanto por el contenido de la ley como por el procedimiento legislativo. El senador José Mayans denunció “un avasallamiento y una violación del reglamento”, señalando que se introdujeron más de 50 modificaciones sobre la marcha, sin el debido tratamiento en comisiones.

Efectos económicos y sociales: la mirada de los actores

El debate no se limita al plano de los derechos: también existen lecturas contrapuestas sobre el impacto económico de la reforma.

La visión oficial
El gobierno sostiene que la modernización laboral es condición necesaria para generar empleo privado de calidad. Patricia Bullrich afirmó durante el debate que la iniciativa busca “terminar con la informalidad, crear empleo y generar oportunidades reales para todos los argentinos”. La tasa de desocupación se ubicó en el 6,6% en el tercer trimestre de 2025, según el INDEC. El argumento oficial es que una legislación “obsoleta” desalienta las contrataciones y alimenta la litigiosidad que termina por quebrar a las pymes.

La visión sindical y opositora
Desde el otro lado del mostrador, la respuesta es unánime: la reforma no creará empleo. “No va a mejorar la situación ni a dar más puestos de trabajo. Lo único que están haciendo es quitar derechos”, sostuvo Gómez. El dirigente comercial vinculó la iniciativa con el contexto macroeconómico: “Hasta la fecha se han perdido 300.000 puestos de trabajo y alrededor de 30.000 empresas cerraron”. Para los gremios, la clave no está en la legislación laboral sino en la política económica: “Una empresa abre cuando hay consumo. En este contexto el consumo está totalmente caído”.

El senador Mariano Recalde fue más allá al calificar el proyecto como “revanchista” y recordar que en la Ley Bases “se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral pero no se generó trabajo”.

Lo que viene: el tablero después de la media sanción

Con la media sanción en el bolsillo, el oficialismo enfrenta ahora el desafío de repetir la victoria en Diputados. La CGT, por su parte, deberá definir si su estrategia se limita al paro general o si apuesta a desgastar el proyecto en el debate parlamentario y en la judicialización posterior.

El escenario es incierto. El gobierno confía en haber consolidado una base de aliados suficiente para sostener la reforma. Pero la conflictividad social ya está instalada: la movilización del 11 de febrero, con su saldo de incidentes y detenidos, fue apenas un anticipo. El paro que se avecina —con el transporte paralizado y la presión de los sectores más combativos del sindicalismo reclamando “más medidas de fuerza”— promete ser una prueba de fuego para la gobernabilidad de Milei.

Lo que queda claro es que, más allá de la suerte legislativa del proyecto, la reforma laboral ya produjo un efecto profundo: reconfiguró el mapa de alianzas políticas, unificó a un sindicalismo que venía mostrando fisuras y reinstaló en el centro de la escena pública el debate sobre el modelo de relaciones laborales que tendrá la Argentina en las próximas décadas. El conflicto, lejos de cerrarse, recién comienza.

Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/internacional/la-reforma-laboral-de-milei-entre-la-modernizacion-prometida-y-la-conflictividad-social-anunciada/

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