La agente fiscal de Luque, Liz Medina, presentó imputación por los hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y testimonio falso, en el marco de una investigación que involucra a funcionarios públicos y auxiliares de justicia y otros.
Fueron imputados una exjueza de Paz de Luque, una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de justicia, un abogado, así como dos personas sindicadas como testigos.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, se habrían cometido una serie de presuntas irregularidades durante la tramitación de un juicio ejecutivo.
El abogado demandante habría solicitado la aplicación de apercibimientos al juzgado basándose en supuestas notificaciones que, en realidad, no se habrían realizado. En ese contexto, la actuaria judicial habría informado falsamente a la jueza que dichas notificaciones fueron practicadas y que la demandada no compareció a reconocer su firma.
Con base en esos informes, la entonces jueza dictó el Auto Interlocutorio n.° 4244, de fecha 11 de junio de 2015, por el cual tuvo por reconocida la firma y ordenó la prosecución del juicio ejecutivo. Dicha resolución también habría sido objeto de una notificación falsa por parte del ujier notificador.
Asimismo, el oficial de justicia habría consignado de manera falsa el cumplimiento de intimaciones de pago y embargo, además de otras notificaciones procesales posteriores, todas supuestamente realizadas en la ciudad de Luque.
Pese a tener conocimiento de la falsedad de los informes de notificación, el abogado habría instado el dictado de autos para sentencia de remate. Posteriormente, la jueza, con el refrendo de la actuaria, dictó la Sentencia Definitiva n.° 2814, de fecha 9 de octubre de 2015, ordenando la ejecución y el remate, en aparente violación de derechos y con conocimiento de que las notificaciones no se habrían realizado efectivamente.
En síntesis, la investigación sostiene que informes de notificación falsos, elaborados por el ujier y avalados por la actuaria, habrían sido utilizados de manera consciente por el abogado demandante para impulsar el proceso civil, pese a saber que la demandada nunca fue debidamente notificada.
En el marco de la imputación, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas suspensivas a la ejecución de la prisión preventiva, quedando la causa a disposición del Juzgado competente.
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