Colombia |Salario mínimo 2026 entra en revisión técnica mientras el Gobierno defiende que su decisión se ajustó plenamente a la Constitución y la ley

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La decisión cautelar adoptada por el Consejo de Estado frente al decreto del salario mínimo para 2026 abrió un nuevo escenario jurídico y técnico en el que el Gobierno de Colombia deberá expedir un decreto provisional ajustado a los parámetros exigidos por la ley. Desde el entorno gubernamental se ha insistido en que la fijación inicial del incremento respondió a criterios de protección del ingreso de los trabajadores y se realizó dentro del marco constitucional y legal vigente.

La reciente decisión cautelar del Consejo de Estado sobre el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abre una nueva etapa jurídica y técnica en la definición de este indicador clave para la economía nacional. La medida ordena la expedición de un nuevo decreto provisional mientras se estudia el fondo de las demandas, en un proceso que, desde el Ejecutivo, se asume como parte normal del control institucional propio del Estado de derecho.

Desde distintos sectores cercanos al Ejecutivo se ha reiterado que la determinación inicial del aumento salarial fue adoptada bajo los principios constitucionales de protección al trabajo, justicia social y garantía del ingreso mínimo vital. En ese sentido, se insiste en que el presidente de la República actuó conforme a la Constitución Política y a la legislación vigente, particularmente en lo relacionado con la protección del poder adquisitivo de los trabajadores frente a los retos inflacionarios y económicos del país.

El decreto suspendido contemplaba un incremento del 23,7 %, una cifra que buscaba responder a la realidad social y económica del momento, bajo el criterio de que el salario mínimo no solo es un indicador económico, sino también un instrumento de estabilidad social y cohesión productiva. La decisión, según fuentes gubernamentales, se sustentó en la necesidad de equilibrar crecimiento económico, empleo formal y protección del ingreso real de los hogares.

La orden judicial no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto, sino una medida temporal orientada a garantizar que, mientras se resuelve el proceso, exista una sustentación técnica más detallada sobre los parámetros económicos exigidos por la Ley 278 de 1996. Bajo este escenario, el Gobierno de Colombia deberá expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto transitorio que precise con mayor profundidad la metodología aplicada para fijar el aumento.

El nuevo cálculo deberá incorporar de manera expresa variables como la meta de inflación proyectada por el Banco de la República, la productividad laboral definida en el espacio tripartito coordinado por el Ministerio del Trabajo, el comportamiento del Producto Interno Bruto y la inflación real medida por el Índice de Precios al Consumidor. Asimismo, deberá incluir una explicación detallada del peso de cada variable en la decisión final, el contexto económico en el que se adopta la medida y el impacto proyectado sobre el empleo, la productividad y la actividad empresarial.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, este proceso no contradice la legitimidad de la decisión inicial. Por el contrario, se interpreta como una oportunidad para fortalecer la sustentación técnica de una medida que, según el Gobierno, nació dentro del marco constitucional, legal y jurisprudencial colombiano. La posición oficial sostiene que el presidente actuó respetando el mandato constitucional de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil, así como la obligación del Estado de intervenir en la economía para proteger el trabajo y promover el bienestar general.

El tribunal también dejó claro que la medida cautelar no implica prejuzgamiento, por lo que el análisis de fondo continuará en las próximas etapas del proceso judicial. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su postura de que la decisión original respondió a criterios legítimos de política económica y social, y que el nuevo decreto buscará mantener ese espíritu, reforzando al mismo tiempo el rigor técnico exigido por la normativa.

En el plano institucional, este episodio vuelve a evidenciar la fortaleza del sistema de pesos y contrapesos del país, donde las decisiones económicas de alto impacto son objeto de control judicial sin que ello implique, necesariamente, una deslegitimación de la actuación gubernamental. Bajo ese contexto, el Gobierno insiste en que la actuación presidencial se dio en estricto apego a la Constitución y a la ley, en un ejercicio orientado a proteger a los trabajadores y a preservar la estabilidad económica y social del país