Imagen Cancillería de Colombia
Colombia confirmó la imposición de aranceles de respuesta a las importaciones provenientes de Ecuador y anunció la presentación formal de una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, tras el fracaso de las negociaciones bilaterales sostenidas en Quito para revertir la medida arancelaria del 30 % adoptada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador el pasado 24 de enero. La decisión marca un punto de inflexión en la relación comercial entre ambos países y traslada el diferendo a los escenarios jurídicos y multilaterales de la integración regional.
La reunión de alto nivel entre las delegaciones oficiales concluyó sin un acuerdo concreto en materia arancelaria, pese a la solicitud expresa del Gobierno colombiano, presentada por la canciller Rosa Villavicencio, para suspender de manera inmediata la resolución ecuatoriana. Si bien la respuesta de Quito no fue categóricamente negativa, al señalar que evaluará la petición una vez se alcance un entendimiento más amplio sobre los demás asuntos abordados, Bogotá consideró insuficiente esta posición y decidió avanzar con medidas de carácter inmediato.
En ese contexto, el Gobierno de Colombia confirmó la expedición de un decreto que establece aranceles de respuesta, sustentados en razones de seguridad nacional, cuya firma había sido aplazada en las últimas semanas a la espera de avances diplomáticos más rápidos. Paralelamente, anunció que este mismo día radicará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, argumentando que Ecuador desconoció compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Cartagena, tratado fundacional del proceso de integración andino suscrito el 26 de mayo de 1969.
Más allá del componente comercial, el encuentro bilateral abordó una agenda amplia de temas estratégicos. La seguridad en la zona de frontera ocupó un lugar central en las conversaciones, con énfasis en el fortalecimiento de la cooperación binacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, una amenaza creciente para ambos países y para la estabilidad regional. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos operativos, mejorar los mecanismos de control y avanzar en soluciones conjuntas que protejan a las poblaciones fronterizas.
Durante el diálogo también se discutieron asuntos relacionados con la cooperación judicial, la integración energética y el comercio bilateral. En materia de control fronterizo, se analizaron propuestas para la apertura y habilitación integral de los pasos fronterizos, el traslado de Personas Privadas de la Libertad y el fortalecimiento de las acciones contra el comercio informal de productos agrícolas, un fenómeno que afecta tanto a la seguridad como a las economías locales.
En el ámbito energético, las partes revisaron alternativas para superar la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador y evaluaron mecanismos para reforzar los contratos financieros bilaterales entre agentes privados, en un esfuerzo por garantizar previsibilidad y estabilidad en un sector clave para ambos países. Asimismo, se intercambiaron posiciones sobre aranceles, restricciones sanitarias y la tarifa de transporte del petróleo, con el objetivo declarado de facilitar el comercio y promover condiciones más equilibradas para las dos economías.
A pesar del endurecimiento de su postura, Colombia reiteró su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo y a seguir trabajando en una agenda común de cooperación bilateral. El Gobierno colombiano subrayó que su actuación busca salvaguardar los compromisos internacionales vigentes y defender los intereses nacionales dentro del marco institucional de la integración andina, al tiempo que reafirmó su apuesta por una relación basada en el respeto, la estabilidad y el desarrollo compartido. La controversia, ahora en manos del sistema andino, pone a prueba no solo la relación entre Bogotá y Quito, sino también la solidez de los mecanismos regionales para resolver disputas comerciales en un contexto de crecientes tensiones económicas y de seguridad en la región.
