Asamblea Permanente de Derechos Humanos van a un congreso de Unidad || El congreso se realiza con el reto y el temor de la intromisión del gobierno.

Sucre, (ANV).- Edgar Salazar, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), ha anunciado la convocatoria a un congreso de unidad, supervisado por el Tribunal Supremo Electoral, para resolver la situación interna de la organización.

Esta decisión se basa en una resolución constitucional que designa a Salazar y a Amparo Carvajal como las únicas personas facultadas para convocar dicho congreso. Salazar también ha expresado su preocupación por la injerencia gubernamental en los asuntos de la APDHB, señalando que «la intromisión o la injerencia del gobierno de alguna manera perjudica el desarrollo de la unidad de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia».

La resolución constitucional 120/2023 establece que tanto Amparo Carvajal como Edgar Salazar tienen la obligación de convocar a un congreso de unidad con la supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Este congreso se llevará a cabo una vez concluyan las elecciones subnacionales.

Se están realizando acercamientos y se ha presentado una propuesta para llevar a cabo el congreso en los diferentes departamentos. Esta situación es de conocimiento del gobierno, que reconoce a Carvajal y Salazar como los representantes de la APDHB con la potestad de convocar un congreso de unidad a nivel nacional, descartando la existencia de «terceras asambleas, cuartas asambleas».

Salazar ha abordado las críticas sobre su reconocimiento dentro de la organización, afirmando que tanto él como la señora Carvajal fueron elegidos en un congreso, ella como presidenta y él como vicepresidente. Sin embargo, ha señalado que los presidentes de diferentes departamentos han reclamado que los estatutos orgánicos establecen un mandato de dos años, no «presidencias vitalicias».

Esta discusión con la señora Carvajal es la razón por la cual el Tribunal Supremo Electoral deberá hacer cumplir la normativa interna para llevar a cabo el congreso de unidad y así tener una sola Asamblea de Derechos Humanos a nivel nacional, tal como lo solicita la Federación Internacional de Derechos Humanos.

El vicepresidente de la APDHB ha manifestado su preocupación por la injerencia política en la organización, indicando que «esperemos de que el gobierno se aleje de cualquier intromisión interna con referencia a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y nos deje llevar su congreso de unidad de manera abierta bajo dirección, reitero, del Tribunal Supremo Electoral».

Ha negado cualquier vínculo con el gobierno actual o anterior, señalando que sus estatutos prohíben la militancia partidaria. Salazar ha mencionado que los movimientos populares han trabajado con ellos en conflictos recientes, liberando detenidos y participando en audiencias. La APDHB continuará trabajando con las organizaciones fundacionales, como la Central Obrera Boliviana, la Federación de Campesinos, la Federación de Mineros y la Federación de Fabriles, quienes estuvieron presentes en el congreso de 2021 en La Paz y tienen representación directa en la organización.