El reciente envío del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) al Congreso Nacional de Brasil ha generado una fuerte reacción en el sector agroindustrial, que manifiesta su preocupación por las restricciones impuestas a las exportaciones agrícolas. El acuerdo, firmado en enero en Asunción, Paraguay, establece un límite al crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas sensibles, como carne de res y pollo, al 5% cada tres años, lo que ha encendido las alarmas en el agronegocio brasileño.
La Cámara de Comercio Exterior (Camex) ya ha iniciado debates sobre posibles medidas bilaterales para mitigar los impactos de estas disposiciones. Según fuentes del sector, las exportaciones actuales de ciertos productos, como la carne de res brasileña, ya superan el límite establecido por el acuerdo, lo que podría llevar a represalias por parte de la UE.
Preocupación en el sector agroindustrial
El sector agrícola brasileño considera que estas salvaguardias son perjudiciales para el país. Parlamentarios ruralistas han comenzado a negociar con autoridades del gobierno para buscar alternativas que permitan flexibilizar las restricciones. Entre las propuestas está la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales con países específicos dentro de la UE, como Alemania, que podrían permitir un aumento superior al 5% en las exportaciones de ciertos productos, como el café. Sin embargo, se espera que esta estrategia sea menos efectiva con países como Irlanda y Francia, que son grandes productores agrícolas.
La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) ha respaldado la idea de utilizar las salvaguardias bilaterales previstas en el acuerdo para proteger los intereses del sector agrícola. En una nota técnica publicada recientemente, la CNA destacó que estas medidas pueden ser aplicadas por los países miembros de ambos bloques.
Reacciones en el Congreso
Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió el acuerdo al Congreso el pasado 2 de febrero, los parlamentarios del Frente Parlamentario Agrícola (FPA) han intensificado sus esfuerzos para analizar el impacto del tratado. Además, se ha formado un grupo de trabajo en el Senado, liderado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelsinho Trad, con el objetivo de monitorear y proponer ajustes al texto del acuerdo.
La senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura y miembro del grupo de trabajo, expresó su preocupación por las bajas salvaguardias incluidas en el tratado. «Es fundamental tomar las precauciones necesarias para proteger al sector agrícola brasileño», afirmó.
Por su parte, Pedro Lupion, presidente de la FPA, señaló que es necesario realizar un análisis exhaustivo del acuerdo para comprender sus implicaciones. «No podemos permitir que Brasil sea perjudicado. Este texto es diferente al que se redactó originalmente hace años y requiere un estudio profundo», declaró durante una reunión reciente en Brasilia.
Alternativas en discusión
Además del enfoque en acuerdos bilaterales a través de Camex, los legisladores también están considerando activar mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad, recientemente aprobada por el Congreso. Esta legislación permite a Brasil tomar medidas de represalia en caso de proteccionismo arancelario o incumplimiento de acuerdos comerciales por parte de otros países.
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, ha manifestado su intención de someter el acuerdo a votación lo antes posible. Sin embargo, los parlamentarios buscan garantizar que se implementen las medidas necesarias para proteger los intereses del sector agropecuario antes de ratificar el tratado.
Un camino incierto
El acuerdo Mercosur-UE aún debe ser ratificado por los parlamentos de todos los países miembros de ambos bloques para entrar en vigor. Mientras tanto, Brasil enfrenta el desafío de equilibrar su interés por fortalecer las relaciones comerciales con Europa y la necesidad de proteger a su sector agrícola frente a las restricciones impuestas.
El debate continúa abierto y se espera que las próximas semanas sean clave para definir la postura del gobierno brasileño y las acciones que adoptará para mitigar los efectos adversos del acuerdo en su economía agroindustrial.
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