La ONU exige vetar a menores en toros y escuelas taurinas; Gobierno estudia cambiar la LOPIVI y el debate regresa a España, con ruido y ley.
La ONU, a través del Comité de los Derechos del Niño, ha vuelto a señalar a España con un mensaje sin pliegues: prohibir “sin excepción” que los menores de 18 años asistan a festejos taurinos y que participen en escuelas o actividades ligadas a la tauromaquia. El Comité, que ya había lanzado un aviso parecido en 2018, dice ahora que le preocupa que niñas, niños y adolescentes sigan expuestos a violencia y a escenas de muerte en festivales taurinos populares, y pide una respuesta clara, homogénea y verificable.
La recomendación llega después de un examen formal en Ginebra los días 21 y 22 de enero, dentro del ciclo de revisión que obliga a los países que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño a rendir cuentas ante un órgano de 18 expertos independientes. En esas sesiones, según el propio Comité, se preguntó a la delegación española por qué se sigue permitiendo la presencia de menores en corridas, festejos y escuelas taurinas, qué salvaguardas existen para que esa participación sea realmente voluntaria y cómo se protege a la infancia frente a la violencia en este tipo de eventos.
Una recomendación que vuelve, pero con menos paciencia
En 2018 el Comité ya advirtió del choque entre la tauromaquia y la protección de la infancia; en 2026 lo reitera con un tono más apretado, casi de expediente que vuelve a la mesa con pos-its rojos. No es un tribunal que imponga sanciones automáticas, pero sí un mecanismo con peso político y diplomático: examina, pregunta, toma nota y termina publicando observaciones finales que se convierten en vara de medir para gobiernos, parlamentos y tribunales. Cuando el Comité escribe “sin excepción”, no está haciendo literatura; está intentando cerrar la puerta a la típica rendija española del “depende del municipio”, “depende de la comunidad”, “depende de si va acompañado”, “depende de si es corrida, encierro o clase práctica”.
El foco del Comité no es un debate abstracto sobre gustos culturales. Su preocupación se formula en términos directos: la infancia en España “sigue siendo testigo” de la violencia y la muerte asociadas a festivales taurinos populares, y eso tiene efectos que merecen respuesta pública. A partir de ahí añade un segundo mandato, menos comentado pero igual de incómodo: pide actividades de sensibilización dirigidas a cargos públicos, medios de comunicación y población general sobre los efectos negativos en los menores de esa violencia. Es decir, no se limita a cambiar normas; quiere cambiar el clima que rodea esas normas, el modo en que se justifican, el modo en que se normalizan.
Qué pide exactamente la ONU: 18 años, sin recovecos
El punto más visible es la edad mínima de 18 años para asistir a festejos taurinos y para participar en escuelas o actividades relacionadas con la tauromaquia. “Sin excepción” significa, en la práctica, dejar fuera tanto a los menores que entran con un adulto “porque siempre se ha hecho así” como a los que se forman en escuelas taurinas en un circuito semiprofesional donde el entrenamiento a veces se presenta como deporte, a veces como tradición familiar y, otras, como cantera de un sector que necesita relevo. El Comité está diciendo que esa convivencia entre menores y tauromaquia no es un detalle folclórico: es un problema de derechos del niño en el marco de tratados que España ha ratificado.
La segunda parte del mensaje —la de las campañas de sensibilización— tiene miga porque apunta a un fenómeno muy español: la tauromaquia como asunto que se juega en plazas, sí, pero también en ayuntamientos, en subvenciones, en cartelería institucional, en programación de fiestas patronales, en retransmisiones, en escuelas y en el relato mediático. El Comité pide que se hable de los efectos negativos en menores de la violencia asociada a estos eventos, y al poner en la misma frase a cargos públicos, medios y ciudadanía está señalando una cadena completa: quien organiza, quien legitima, quien lo cuenta y quien lo consume. El informe, además, subraya una inquietud concreta: no solo la violencia sobre el animal, también la posibilidad de que los menores presencien accidentes y hasta la muerte de participantes en festejos populares, algo que en España no suena a hipótesis teórica, sino a riesgo que cada temporada reaparece en crónicas locales.
La respuesta española: Sira Rego y la vía de la ley de infancia
La delegación española estuvo encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el asunto no se quedó en un “tomamos nota” sin más. En las últimas semanas ha ido tomando forma una línea de trabajo que, de prosperar, tocaría el corazón normativo de la protección frente a la violencia: una reforma de la Ley Orgánica 8/2021, conocida como LOPIVI, para impedir la entrada y la participación de menores en eventos donde se ejerza violencia contra animales, citando de forma explícita las corridas de toros. El planteamiento se ha presentado como respuesta a la recomendación internacional de 2018 y al escrutinio de este ciclo, y se ha explicado como una medida que busca proteger el bienestar emocional y psicológico de la infancia y evitar la normalización de la violencia como entretenimiento.
La LOPIVI ya es, por diseño, una ley que intenta entrar en muchos pasillos a la vez: prevención, detección, protección, deberes de instituciones, protocolos, formación… y, en general, un paraguas para que la violencia contra menores no se trate como un accidente aislado sino como un problema estructural. Por eso, si se incorpora una prohibición clara sobre tauromaquia y menores, el cambio no sería un simple cartel en la puerta de una plaza; sería una pieza integrada en una arquitectura legal que obliga a administraciones y entornos a actuar y a justificar por qué actúan. La propuesta, según la información publicada estos días, estaba pendiente de últimas aportaciones interministeriales antes de llegar al Consejo de Ministros, un detalle que revela que el debate no es solo cultural: también es jurídico y de coordinación entre departamentos con sensibilidades distintas.
La ley y la plaza: un país con normas distintas según el mapa
España convive desde hace años con una paradoja que el Comité ha olido rápido: por un lado, la tauromaquia está definida en una ley estatal como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio; por otro, la regulación concreta de espectáculos y festejos se reparte y se matiza en el terreno autonómico y local, lo que crea un mosaico de edades mínimas, condiciones de acceso y controles que no siempre encajan entre sí. La Ley 18/2013 sitúa la tauromaquia en el marco de colaboración entre administraciones y establece un deber general de protección y fomento; y esa idea ha sido utilizada en conflictos competenciales cuando una comunidad ha intentado ir más lejos restringiendo o prohibiendo.
El caso más citado —por lo que simboliza— es Cataluña: el Tribunal Constitucional anuló en 2016 el precepto legal autonómico que prohibía la celebración de corridas de toros, al considerar que invadía competencias estatales vinculadas a la preservación del patrimonio cultural común. Aquel episodio dejó una lección que todavía pesa como una losa en cualquier discusión legislativa: tocar la tauromaquia no es solo tocar un espectáculo, es tocar un conflicto de competencias y de interpretación de qué puede regular una comunidad y hasta dónde llega el Estado cuando invoca el patrimonio cultural. Cuando la ONU pide “sin excepción” 18 años, también está empujando a España a resolver esa tensión sin esconderse detrás del laberinto territorial.
En medio aparecen leyes autonómicas que, por sí solas, ilustran el problema. En Illes Balears, por ejemplo, la normativa publicada en el BOE incluía un artículo específico sobre menores: los menores de 16 podían asistir como espectadores acompañados de una persona adulta y debía colocarse un cartel advirtiendo que el espectáculo podía herir la sensibilidad. Es un modelo que intenta conciliar tradición y cautelas, casi como quien pone una pegatina de “fragile” en una caja que igual se cae igual; el Comité, sin embargo, está diciendo que esa fórmula no basta, que el umbral debe ser 18 y sin atajos, porque la exposición a violencia no se neutraliza con un acompañante ni con un aviso en la pared.
Escuelas taurinas, festejos populares y el debate que arde por debajo
La discusión se vuelve más delicada cuando se habla de escuelas taurinas y de clases prácticas. Ahí ya no se trata solo de “ir a ver”, sino de “estar dentro”, aunque se maquille como formación, tradición, disciplina o deporte. Durante el examen en Ginebra, varios expertos preguntaron por las salvaguardas para asegurar que, cuando se permite la participación, sea voluntaria y esté libre de presión familiar, un punto que toca nervio: en muchas zonas taurinas la afición se hereda como se hereda un apellido, y lo voluntario a los 14 o 15 años puede estar rodeado de expectativas, de orgullo familiar y de una comunidad entera mirando. El Comité no está acusando a cada familia; está diciendo que el Estado tiene el deber de proteger a menores incluso cuando el entorno social empuja en dirección contraria.
En paralelo, España vive batallas concretas que explican por qué la ONU aprieta. En la Comunidad de Madrid, el partido animalista PACMA ha denunciado que un nuevo reglamento de espectáculos taurinos populares impulsado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso convertiría clases prácticas de tauromaquia con menores desde los 14 años en espectáculos públicos al permitir la presencia de público, algo que, según esa denuncia, camuflaría novilladas y tensionaría la propia jerarquía normativa. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid con una demanda admitida a trámite, y ahí se ve el choque real: no es solo el toro, es el encaje legal de qué es “clase”, qué es “espectáculo”, qué es “formación” y qué ocurre cuando se abre la grada, se aplaude, se cobra o se retransmite.
El Comité, además, pone especial énfasis en los festejos populares, donde el control es más difícil: encierros, sueltas, eventos en calles y plazas donde la frontera entre participar y mirar se vuelve porosa, y donde los accidentes —con animales y con personas— forman parte del historial de cada verano. Es el tipo de escenario en el que un menor puede acabar en primera línea sin que nadie haya comprado una entrada ni pasado un torno. La palabra “asistir” aquí no suena a butaca numerada: suena a estar, a mezclarse, a empaparse de un ambiente con alcohol, gritos, carrera, susto, sangre a veces; y justo por eso la ONU insiste en que el Estado fije una regla clara, sin excepciones que luego, en la práctica, se diluyen entre vallas y fiestas patronales.
Tradición, presión política y un relevo generacional en juego
La tauromaquia no se sostiene solo por afición; también se sostiene por estructura, por industria, por el intento permanente de fabricar futuro. Un ejemplo que encendió el debate hace no tanto fue la decisión de una empresa gestora de ofrecer entrada gratuita a niños pequeños en novilladas en la plaza de la La Maestranza, presentada como una forma de “introducir” a los más pequeños en la tradición. La noticia reactivó críticas de veterinarios y organizaciones animalistas, precisamente por lo que subraya ahora la ONU: la idea de que la exposición temprana a sufrimiento animal puede normalizar la violencia o afectar al desarrollo de empatía. Ese movimiento —atraer a menores para asegurar público mañana— es, en el fondo, el reverso exacto de lo que pide el Comité: si la cantera se alimenta con niños, la prohibición a menores corta el relevo.
En España, además, los símbolos se usan como palanca. El Ministerio de Cultura ha tomado decisiones que algunos leen como distancia institucional y otros como provocación, y la política convierte cada gesto en bandera: unos hablan de libertad cultural y patrimonio; otros hablan de derechos de infancia y de violencia normalizada; y en el medio están ayuntamientos que programan festejos porque “si no, se lía”, o porque hay peñas presionando, o porque es un motor de turismo local, o porque es tradición y punto. El Comité entra en esa caldera con un lenguaje frío, casi clínico, pero el efecto es caliente: obliga a España a elegir si la protección de menores pesa más que el argumento cultural cuando el propio Estado ha definido la tauromaquia como patrimonio a proteger.
La reacción social también tiene nombres. El coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, Rubén Pérez, valoró tras el examen que la conclusión del Comité es “muy clara” y que España “tiene que hacer los deberes” para no ser interpelada de nuevo en el marco de los tratados ratificados. Su crítica incluye un dardo directo al “lobby taurino” y a campañas de desinformación, y plantea la cuestión en términos de prioridad moral: si se cede, no se falla solo a Naciones Unidas, también a menores expuestos “a sangre y violencia” con la excusa de mantener una tradición minoritaria. Es un discurso duro, pero ayuda a entender por qué este asunto no se quedará en un trámite técnico: está cargado de legitimidades enfrentadas.
La línea roja de los 18 años en la España taurina
Lo que queda sobre la mesa, tras la recomendación del Comité, es una escena muy española: una norma internacional llamando a la puerta de un país donde las puertas, a veces, tienen varias cerraduras y cada una la gestiona alguien distinto. La petición de la ONU es nítida —18 años, sin excepción— y se apoya en un argumento que no es estético, sino de protección frente a la violencia. La respuesta española apunta a un carril legislativo concreto —reformar la LOPIVI— que, si prospera, podría uniformar el criterio y reducir el margen de “depende”, pero la ejecución real no será solo escribir un artículo en una ley: será hacerlo convivir con el marco de patrimonio cultural, con reglamentos autonómicos, con festejos populares difíciles de controlar y con una industria que, por pura supervivencia, intenta atraer a jóvenes.
España también sabe, por experiencia reciente, que el conflicto taurino se judicializa con facilidad: ahí está la sentencia del Constitucional sobre Cataluña como recordatorio de que cada intento de prohibición total o de cambio profundo acaba en un terreno donde pesan competencias, definiciones, jerarquías normativas. Precisamente por eso el enfoque del Comité —centrado en menores— es tan estratégico: no prohíbe la tauromaquia en general, no entra en “abolición sí o no”, sino que pone el foco en la infancia, un terreno donde el Estado tiene obligaciones reforzadas y donde la opinión pública se mueve de otra manera. Si la reforma se concreta y se aplica, el debate taurino seguirá existiendo, pero con una barrera nueva, clara y medible: quién tiene 17 se queda fuera, quién tiene 18 entra, y el país tendrá que explicar por qué antes aceptaba una exposición que ahora considera incompatible con la protección frente a la violencia.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: OHCHR, BOE, El País (Cultura), RTVE, SWI swissinfo.ch.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/onu-pide-prohibir-los-toros-a-menores/
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