El Consejo de Europa, organización que reúne a 46 países del continente en Asamblea Parlamentaria sobre Derechos Humanos, ha pedido que se adopten medidas más contundentes contra las llamadas ‘prácticas de conversión’, que intentan influir en la orientación o identidad sexual de personas que forman parte del colectivo LGBTQI.

En su asamblea parlamentaria en Estrasburgo el pasado 30 de enero, se aprobó por 71 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones, una resolución que pide la prohibición de estas prácticas, conocidas habitualmente como ‘terapias de conversión’.

Todos los países de Europa deberían “imponer sanciones penales basadas en una definición clara y exhaustiva de las prácticas prohibidas”, dice el texto aprobado.

Liderado por la activista queer Kate Osborne

Esta iniciativa fue liderada por Kate Osborne, una diputada queer británica conocida por su activismo LGBTQI. El texto promueve la necesidad de crear más estructuras para supervisar y denunciar esta forma de LGBTIfobia en Europa.

En la resolución aprobada por amplia mayoría, se definen las ‘prácticas de conversión’ como aquellas que pretenden “cambiar, reprimir, suprimir o eliminar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona” porque consideran que estas características de los individuos son “patológicas o indeseables”.

El Consejo de Europa (que no debe confundirse con el Parlamento Europeo ni con el Consejo Europeo) pidió que se aprobara el texto para “prevenir y contrarrestar el daño” cometido por aquellas personas o grupos del continente que no respetan el principio de autonomía personal.

El Consejo de Europa pide también promover más políticas públicas para “proteger” a las personas LGBTQI y “fortalecer la cooperación con entidades religiosas” en esta lucha.

Kate Osborne declaró posteriormente a la prensa que su intención era también que padres, maestros y médicos sean “educados” para “comprender no solo cómo son las prácticas de conversión, sino también cómo detectarlas”.

Enmiendas rechazadas

La cámara rechazó nueve enmiendas a la resolución, entre ellas una que recomendaba cautela terapéutica al acompañar a jóvenes que se identifican como LGBTQI y otra que pedía la prohibición de las intervenciones quirúrgicas en menores que provocan cambios de sexo irreversibles.

Los que votaron en contra de la resolución durante el debate en Estrasburgo criticaron las políticas que “tipifican como delito cuestionar el género elegido por una persona” y que acaban poniendo en riesgo la protección de los niños y adolescentes.

La sesión completa del debate puede verse aquí.

Medicina, educación y familia

Bob De Brabandere, senador belga, denunció en el debate que la resolución que se iba a adoptar iba mucho más allá de frenar los abusos contra las personas y pretendía aplicar un “marco ideológico de gran alcance” a los ámbitos de la educación, la medicina y la familia.

Lamentó que los defensores de los derechos LGBTQI a menudo “califiquen de dañina cualquier forma de exploración, duda o no afirmación”.

Afirmó que se necesitan políticas basadas en pruebas, no una “legislación dogmática”. También advirtió del riesgo de poner a los padres o médicos bajo “sospecha legal” por “ejercer la precaución, el juicio profesional o la responsabilidad parental”. También lamentó que “el desacuerdo ya no se considere parte de la democracia, sino que se presente como desinformación”.

Criticas al “activismo trans”

Otro miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que votó en contra fue Rónan Mullen.

En declaraciones al medio Brussels Signal denuncio que “en realidad, esto no tiene que ver con las personas homosexuales, sino con el activismo trans: una agenda radical de afirmación de género que se ha incluido deliberadamente en el informe”.

A medida que crecen, los niños, “necesitan apoyo y ayuda, no quedarse atrapados en la confusión de género”, añadió.

Para Mullen, la suya es “una oposición desde un punto de vista moderado dentro de la tradición demócrata-cristiana (…) Animaría a otros a hacer lo mismo, para proteger la importante distinción entre la libertad personal y la protección de las personas vulnerables, los niños, frente a ideologías tóxicas”.

Impulso desde Malta

Hellena Dalli, ex comisaria europea de Igualdad de la Unión Europea, tuvo tiempo de presentar su punto de vista desde la tribuna principal a favor de la resolución.

Elogió la legislación que prohibió las `terapias de conversión´ en su país, Malta, en 2016.

En su intervención ante la Asamblea del Consejo de Europa, aseguró que “estas prácticas se basan en una mentira, la mentira de que la diversidad es un defecto. Se sustentan en el estigma y persisten únicamente porque las instituciones y los estados han permitido que persistan”.

Según Dalli, la legislación de su país “era clara, proporcionada y basada en principios. No criminalizaba las creencias. No interfería con el apoyo terapéutico legítimo”.

El objetivo era “establecer un límite no negociable: nadie tiene derecho a negar la identidad de otra persona”.

“O Europa afirma, de manera inequívoca, que la diversidad en la orientación sexual y la identidad de género forma parte de la condición humana, o tolera prácticas que la tratan como una patología. Ningún Estado debería proclamar su fidelidad a los derechos humanos mientras permite que estas prácticas continúen”, concluyó.