
Era viernes y Nayara Porto, de 27 años, preparaba un budín para el fin de semana, el postre favorito de su esposo Everton Lopes Ferreira, de 32 años. Después de poner colocar el budín en el horno, escuchó a su vecina hablar con una tía sobre la «presa de Vale» que se había derrumbado. Se referían a la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão, en Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais.

«No lo entendí durante un rato. Luego me llamó y preguntó si mi marido estaba en casa. Le dije que no, que estaba trabajando, y entonces me contó lo que había pasado», recuerda Nayara en una entrevista con la periodista Mara Régia en el programa «Natureza Viva», de la Radio Nacional, emisora de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC). «Después, la desesperación fue total», recuerda Nayara.
Intenté comunicarme con él varias veces, pero el teléfono no sonaba. Después, traté de hablar con algunos de sus amigos que sabía que estaban allí, hasta que logré contactar con uno que había escapado del barro y se salvó por un milagro de Dios. Me dijo: «Oh, Nayara, reza, pídele a Dios». El almacén donde trabajaba mi esposo desapareció; ya no había nada.
2.557 días
El accidente, o «tragedia-crimen», según lo denomina la Asociación de Familiares de Víctimas y Afectados por la Rotura de la Presa de la Mina de Córrego do Feijão (AVABRUM), ocurrió alrededor de las 12:30 horas del 25 de enero de 2019. Doscientas setenta y dos personas perdieron la vida. Tras 2.557 días desde la tragedia, nadie ha sido responsabilizado penalmente.
Siete años después del incidente, 15 personas podrían enfrentar cargos en los tribunales por el accidente. Las audiencias preliminares comenzarán el 23 de febrero en un tribunal de Belo Horizonte. Hasta mayo de 2027, se tomarán declaraciones de víctimas, testigos y acusados.
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Al concluir el extenso periodo de audiencias, la jueza federal Raquel Vasconcelos Alves de Lima puede decidir llevar el caso a juicio con jurado. Quince personas podrían enfrentar cargos penales: once son exdirectores, gerentes e ingenieros de Vale, que se privatizó en 1997, y cuatro son empleados de TÜV SÜD, una multinacional alemana contratada para supervisar y certificar la calidad de la presa colapsada.
Según la periodista Cristina Serra, autora del libro «Tragedia en Mariana: La historia del mayor desastre ambiental de Brasil» (editado en portugués por la editorial Record), el caso de Brumadinho puede relacionarse con otros incidentes graves con consecuencias ambientales. Entre ellos están el colapso de la presa en Mariana, también en Minas Gerais, en noviembre de 2015, operada por Samarco Mineração S.A. (de Vale S.A. y BHP Billiton), y el hundimiento de terreno en Maceió, Alagoas, en febrero de 2018, causado por la explotación de minas de sal gema por la minera brasileña Braskem. En los tres casos, hasta ahora nadie ha sido sancionado penalmente.
En una entrevista en el mismo «Natureza Viva», Cristina Serra observa que se han producido tres incidentes relacionados con empresas mineras que «operan de manera irresponsable, sin considerar aspectos esenciales de seguridad». Según ella, las empresas «no invierten lo suficiente en la seguridad de sus operaciones, porque siempre priorizan aumentar sus márgenes de beneficio».
La periodista señala asimismo «otra parte de la historia» que, en conjunto, es responsable de este tipo de catástrofes: los organismos públicos de inspección, «tanto estatales como federales», no cumplen realmente su función.
«No realizan vistas in situ para verificar lo que ocurre. Tanto los procesos de inspección como los de concesión de licencias son trámites burocráticos que dependen de mucho papeleo. Las empresas envían documentos que los organismos de inspección simplemente aceptan como si toda la información fuera correcta.»
El otro lado
Al ser contactada por la Agência Brasil, Vale informó que no comentaría sobre la demanda judicial en su contra, pero enumeró las acciones de reparación que se están llevando a cabo en la región. Destaca que está «avanzando en la reparación de los impactos del colapso en Brumadinho, con la ejecución económica de un 81% del Acuerdo de Reparación Integral Judicial hasta diciembre de 2025, e inversiones más allá de la indemnización». Según la empresa, estas acciones contemplan la recuperación socioambiental, la garantía del suministro de agua e iniciativas para diversificar la economía de la región. Además, asegura que invierte simultáneamente en la seguridad de sus presas.
Samarco, responsable de la represa que se rompió en Mariana en 2015, expresó en una nota su solidaridad con las personas, comunidades y territorios afectados. Con el Acuerdo del Nuevo Río Doce firmado en 2024, la empresa asumió la responsabilidad de ejecutar acciones de reparación e indemnización, y afirma que continúa cumpliendo plenamente el acuerdo y mantiene su compromiso con la reparación definitiva.
Según Samarco, durante este período, «miles de personas han sido compensadas, se han construido nuevos distritos que fueron entregados a las comunidades, y continúan llevándose a cabo acciones significativas de recuperación ambiental en los estados de Minas Gerais y Espírito Santo», reza la nota.
TÜV SÜD, el holding alemán cuya filial en Brasil fue contratada para evaluar la presa, declara en un comunicado que el colapso en Brumadinho «fue una gran tragedia y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias». Sin embargo, sostiene que no tiene responsabilidad legal por el colapso y asegura que la emisión de las declaraciones de estabilidad fue legítima y conforme a la legislación y las normas técnicas aplicables, y que la presa era estable en el momento de dichas declaraciones.
Fuente de esta noticia: https://agenciabrasil.ebc.com.br/es/meio-ambiente/noticia/2026-01/tragedia-de-brumadinho-llega-juicio-tras-7-anos
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