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Colombia toma la iniciativa diplomática y propone salida regional a la tensión con Ecuador desde Panamá
En un contexto marcado por el recrudecimiento de la confrontación comercial y los señalamientos cruzados en materia de seguridad fronteriza, las cancilleres de Colombia y Ecuador sostuvieron un encuentro reservado en Ciudad de Panamá que marca un punto de inflexión en la relación bilateral. La reunión, celebrada el jueves 29 de enero de 2026, se produjo en paralelo al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y tuvo como telón de fondo una disputa arancelaria que ya cumple casi un mes y amenaza con escalar a niveles más profundos.
Durante el encuentro, que se extendió por aproximadamente 35 minutos, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, acordaron la creación de una comisión binacional de defensa enfocada específicamente en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad. La decisión busca responder a uno de los ejes centrales del conflicto, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, cuestionara públicamente la eficacia del Estado colombiano en el control de la frontera común, declaraciones que fueron rechazadas por Bogotá.
Fuentes cercanas a la delegación colombiana indicaron que Villavicencio presentó informes técnicos y evidencia institucional que, según medios nacionales, contradicen las afirmaciones del mandatario ecuatoriano. Más allá del componente de seguridad, ambas cancillerías coincidieron en la necesidad de abrir un canal político y económico que permita desactivar la escalada comercial que actualmente impacta sectores sensibles del intercambio bilateral. En ese sentido, se acordó avanzar en reuniones entre los gabinetes económicos de ambos países para explorar una salida negociada al cruce de aranceles.
El encuentro en Panamá no pasó inadvertido para otros líderes de la región. En los márgenes del foro, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, así como los mandatarios de Bolivia y Panamá, Rodrigo Paz y José Raúl Mulino, mantuvieron conversaciones tanto con el presidente colombiano, Gustavo Petro, como con Daniel Noboa, en un intento por contener una crisis que, según coincidieron, no beneficia a ninguna de las economías latinoamericanas ni contribuye a la estabilidad regional.
Esta no es la primera vez que Villavicencio y Sommerfeld se reúnen en torno a esta compleja coyuntura. En agosto de 2025, ambas sostuvieron un encuentro en Bogotá, centrado entonces en el tema de las deportaciones de personas privadas de la libertad desde Ecuador hacia Colombia, un antecedente que ya evidenciaba fricciones estructurales en la relación bilateral.
Mientras avanzan los gestos diplomáticos, la tensión comercial continúa intensificándose. El Gobierno colombiano anunció la expedición de un nuevo decreto mediante el cual se ampliará la imposición de un arancel del 30 % a más productos de origen ecuatoriano, como respuesta directa a una medida similar adoptada por Quito. El anuncio fue realizado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien explicó que la decisión busca restablecer el equilibrio en el comercio bilateral y proteger a los sectores productivos nacionales.
Desde el Ejecutivo colombiano se insiste en que estas acciones se enmarcan dentro de los mecanismos legales previstos por la Comunidad Andina (CAN), organismo que regula el comercio entre sus países miembros y contempla instrumentos de defensa frente a decisiones unilaterales que alteren las condiciones del intercambio regional. Morales señaló que resulta difícil comprender la postura ecuatoriana, especialmente cuando, según afirmó, existían mesas de diálogo abiertas y avances técnicos en materia de coordinación institucional y seguridad fronteriza.
El primer paquete de restricciones, anunciado el pasado 22 de enero, establece un arancel del 30 % para 23 productos ecuatorianos, con entrada en vigor a partir del 1 de febrero. Sobre la ampliación de la medida, la ministra precisó que el nuevo decreto se encuentra en revisión final y que la definición de los productos adicionales responde a análisis técnicos rigurosos. Asimismo, aclaró que cualquier extensión del gravamen deberá ser evaluada por el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, encargado de velar por la coherencia normativa y el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.
En medio de este escenario, Panamá se consolida como un espacio de mediación informal, mientras la región observa con atención el desenlace de una disputa que combina diplomacia, comercio y seguridad, y que pone a prueba la capacidad de los gobiernos andinos para gestionar sus diferencias sin comprometer la integración regional ni la estabilidad económica. Si quieres, también puedo adaptarlo al estilo de un gran medio internacional (Reuters, El País, Bloomberg, AFP) o ajustarlo para publicación digital o impresa.
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