Denuncian una granja de codornices en Juneda con sello Welfair: Fiscalía, auditoría sorpresa y huevos bajo sospecha en grandes supermercados.
Una macrogranja de codornices en Juneda (Lleida), con productos en el mercado y con el sello de bienestar animal Welfair, ha acabado bajo el foco tras una denuncia presentada por la entidad animalista ARDE ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya. La organización sostiene que dispone de imágenes y de un informe veterinario que describen un escenario incompatible con el bienestar animal: huevos en contacto con suciedad, excrementos y cadáveres, además de signos de hacinamiento, falta de higiene y presencia de roedores.
La denuncia apunta a presuntos delitos de abandono/maltrato animal y estafa por el uso de una certificación que, sobre el papel, promete lo contrario de lo que se ve en las grabaciones. En paralelo, el propio entorno de Welfair ha asegurado que abrió una investigación interna y que realizó una auditoría no anunciada en la instalación señalada, mientras la empresa propietaria, el grupo Urgasa, no había respondido a las preguntas planteadas en el momento de publicarse la información.
Las imágenes y la cronología: de la infiltración a la Fiscalía
El hilo temporal es importante porque explica por qué el caso ha estallado ahora y no antes. Las imágenes difundidas y descritas por ARDE se sitúan a finales de octubre de 2025, cuando se habría realizado una investigación dentro del complejo. A partir de ahí, el asunto saltó al plano formal el viernes 16 de enero de 2026, fecha en la que ARDE registró una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Catalunya. Fuentes fiscales confirmaron la recepción y la previsión de remitirla a la Fiscalía de Lleida, por competencia territorial: la granja está en Juneda.
En medio de esa secuencia aparece otro dato con calendario propio: Welfair, según se ha explicado en esas mismas informaciones, realizó una auditoría interna no anunciada el martes 20 de enero. Es un tipo de inspección que, al menos en teoría, busca evitar el “efecto escaparate” de las visitas programadas, cuando todo está recién limpiado y el día a día queda maquillado. Aun así, Welfair matizó un punto que en estos casos pesa como una piedra: no podía concretar más porque decía desconocer qué nave exacta correspondía a las imágenes y añadía que no toda la explotación tendría la certificación.
La publicación del caso llegó el 26 de enero de 2026 por la noche, con actualización ya el 27 de enero a primera hora. En pocas horas, el relato salió del perímetro animalista para entrar en el circuito general de medios, redes y, sobre todo, conversaciones incómodas: qué significa un sello, cuánto cubre, quién lo vigila, qué pasa si la realidad no encaja.
Dentro del complejo de Juneda: cinco naves y un circuito completo
El complejo de Juneda no se describe como una granja pequeña de economía local y puertas abiertas. Se trata, según la información difundida, de una instalación con cinco naves dedicadas a la cría de codornices, además de otra nave para perdices, una incubadora de huevos de codorniz y un matadero avícola. El tamaño no es un adorno: cuanto más grande el sistema, más difícil es que un fallo sea “solo un fallo”. Un cadáver que no se retira a tiempo, una cinta de estiércol que no se limpia como toca, un control de roedores que se queda corto… en una operación industrial, eso se multiplica.
También se ha hablado de una capacidad o presencia de alrededor de 130.000 codornices enjauladas. Es una cifra que ayuda a imaginar la escala real: filas y filas de jaulas, ruido constante, polvo en suspensión, el olor ácido de los excrementos cuando se acumulan, el trabajo repetitivo de recoger huevos y retirar bajas. En ese escenario, lo que describen las imágenes no sería un detalle aislado sino un patrón: cadáveres en distintos estados de descomposición en contacto con animales vivos, suciedad visible, telarañas, plumas, pienso, heces acumuladas y animales heridos o con plumaje deteriorado.
La empresa propietaria es el grupo Urgasa, que se presenta como un actor con más de 60 años en el sector avícola y se define como pionero en cría y distribución de codornices y picantones. En su discurso corporativo, insiste en control integral del proceso y uso de “tecnología punta”. Es precisamente esa distancia —el lenguaje brillante frente a la imagen sucia— la que hace que el caso tenga tanta carga simbólica.
Urgasa, Aeropic y el mapa empresarial que rodea al huevo
En la información publicada se cita a Aeropic S.A. como una de las sociedades del conglomerado vinculada a la cría y comercialización de aves y huevos, con distribución a mayoristas y al canal HORECA. También aparece el Grupo Solé Bertrán por su papel en un estándar específico para codorniz, Free to Fly, y porque se señala a Urgasa como matriz del conglomerado en el que se integran varias sociedades.
Conviene decirlo con claridad y sin humo: que un grupo tenga varias sociedades no es raro en el agroalimentario. Lo relevante aquí es otra cosa, más terrenal: quién produce, quién certifica, quién audita, quién vende y qué parte del complejo queda cubierta por cada sello. Cuando hay una denuncia por presunto maltrato y riesgos sanitarios, esas fronteras dejan de ser burocracia y pasan a ser responsabilidades.
El informe veterinario: mortalidad, estrés y un manejo que no encaja
ARDE aportó un informe veterinario firmado por Silvia Gimeno Ponce, colegiada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, basado en la visualización de las imágenes. La frase que más se repite es directa: las condiciones observadas serían “incompatibles” con un nivel aceptable de bienestar animal. A partir de ahí, el informe baja al barro, a lo observable: cadáveres en contacto con animales vivos, acumulación persistente de excrementos bajo rejillas, signos de mortalidad elevada (no una baja puntual), y la existencia de heridas, pérdida de plumaje y conductas compatibles con estrés.
En granjas de aves, la pérdida de plumaje no es solo estética. Puede estar asociada a picaje entre congéneres, y el picaje suele crecer cuando el ambiente no funciona: densidad alta, falta de estímulos, ventilación deficiente, estrés térmico, manejo agresivo o deficiente, enfermedades sin atender. El informe también menciona signos clínicos compatibles con malestar: ojos entrecerrados, apatía, plumaje embolado o erizado. No es una diagnosis definitiva de una enfermedad concreta, pero sí un conjunto de señales que, juntas, dibujan un cuadro de sufrimiento y de falta de control.
Otro punto descrito afecta al suelo de rejilla metálica: se observarían dedos y patas atrapados o introducidos en huecos, un indicio de malla inadecuada o de soporte que no se adapta a la especie. Y aparece un elemento mecánico con mucha importancia práctica: la cinta de retirada de estiércol bajo las jaulas, con tapas móviles. Según lo descrito, habría codornices vivas fuera de las jaulas, incluso sobre esa zona, algo que incrementa riesgos de lesiones, atrapamientos y estrés, además de ser un síntoma de que el manejo y el control del espacio fallan.
Huevos entre suciedad: el riesgo que no se ve en la cáscara
Si hay un punto especialmente sensible, es el de los huevos. La denuncia sostiene que se observan huevos en contacto directo con suciedad, excrementos y cadáveres. Aquí conviene huir del grito fácil y quedarse con lo técnico explicado en lenguaje normal: la cáscara protege, sí, pero no es una caja fuerte. Si la cáscara se contamina y luego se manipula sin higiene, o se rompe sobre superficies donde hay contaminación cruzada, el riesgo crece.
El informe menciona la salmonella como ejemplo de riesgo zoonótico y, en otras piezas informativas derivadas del caso, también se ha citado la leptospirosis como posibilidad asociada a presencia de roedores. Esto no equivale a afirmar que haya un brote o un producto contaminado; equivale a explicar por qué una granja con cadáveres y suciedad cerca del huevo abre un problema de seguridad alimentaria. En la práctica, un sistema de higiene sólido busca cortar esa cadena antes de que exista: limpieza, retirada rápida de bajas, control de plagas, separación de circuitos, y protocolos de manipulación.
La escena del huevo de codorniz, además, suele estar pegada al consumo cotidiano: cocido, en ensaladas, en tapas, en elaboraciones frías donde la manipulación importa. Por eso el debate no se queda en “animalismo sí o no”. Entra en un terreno mucho más amplio: sanidad, control oficial, confianza.
Welfair, qué promete y por qué este caso pone el sello contra las cuerdas
Welfair se presenta como una certificación basada en ciencia y en observación directa del animal, ligada a protocolos europeos como Welfare Quality y AWIN, gestionada por el IRTA en colaboración con Neiker-Tecnalia. La idea matriz es sencilla de explicar: no basta con mirar la instalación; se evalúa cómo están realmente los animales, su salud, su comportamiento, su confort, su acceso a agua y comida, la ausencia de lesiones y dolor asociado al manejo. Esa es la promesa.
Por eso el choque es tan fuerte cuando una explotación señalada por imágenes de cadáveres y suciedad aparece asociada al sello. La defensa típica de cualquier esquema de certificación —y aquí aparece explícita— es que se abre una investigación y se audita. Welfair, según lo publicado, afirma haber hecho una auditoría interna no anunciada el 20 de enero. La expresión “no anunciada” suena a garantía, pero no es un salvoconducto automático: una auditoría es una fotografía tomada en un momento concreto. Si las imágenes corresponden a octubre de 2025, la pregunta que queda flotando es incómoda y práctica a la vez: qué pasó entre octubre y enero, qué se corrigió, qué persistía, qué no, y cómo se demuestra.
También se ha señalado un punto crucial: no toda la explotación tendría la certificación. Esto abre una casuística que puede ser legalmente relevante y, sobre todo, comunicativamente explosiva. Un complejo con varias naves puede tener zonas certificadas y otras no, pero el consumidor ve una marca y asume un estándar global. La frontera entre “certificación parcial” y “percepción total” es un campo minado.
Certificación parcial, envases y una palabra que pesa: “estafa”
ARDE incluye en su denuncia la idea de presunta estafa ligada al uso del sello. Traducido a términos no jurídicos: se cuestiona si el sello, tal como aparece asociado al producto o a la empresa, induce a creer algo que no se corresponde con la realidad. Que eso sea o no perseguible penalmente dependerá de hechos concretos, de trazabilidad, de qué nave produce qué lote, de cómo se comunica la certificación, de auditorías, de documentación, de controles oficiales. Pero el concepto ya está encima de la mesa y tiene efectos aunque no llegue a sentencia: erosiona credibilidad.
Aquí aparece otra derivada: la diferencia entre certificación y control público. Un sello es un esquema privado con reglas, auditorías y consecuencias internas. La Administración, en cambio, tiene la capacidad de inspeccionar, sancionar y, si procede, activar mecanismos de seguridad alimentaria o de bienestar animal en vía administrativa o penal. El caso de Juneda, precisamente, se mueve ahora en esa frontera: denuncia en Fiscalía, aviso a la Conselleria, investigación anunciada por el sello.
“Free to Fly”, IFS y el ecosistema de sellos que compite por la confianza
Además de Welfair, se ha mencionado que el grupo dispone del certificado Free to Fly, presentado como específico para granjas de codornices y orientado al bienestar animal. Se añade un dato que, sin necesidad de dramatizar, explica parte del ruido: el estándar habría sido desarrollado por el Grupo Solé Bertrán y auditado por NSF International. En piezas derivadas del caso también se ha citado la certificación IFS (International Featured Standards), asociada a sistemas de calidad y seguridad alimentaria.
El problema no es la existencia de sellos; el problema es la inflación de sellos cuando la realidad es frágil. Cuantas más etiquetas, más promesas simultáneas y más difícil es sostenerlas si aparece un agujero. Y en términos reputacionales, la suma puede jugar en contra: si hay Welfair, Free to Fly e IFS alrededor, la pregunta natural no es “qué sello falló”, sino “cómo pudo fallar el sistema entero”.
Hay un detalle adicional que se desprende de la forma en que se cuenta el caso: Urgasa habría declinado responder cuál es su relación con el sello Free to Fly. Otra vez, esto no prueba por sí solo una irregularidad; pero en una crisis de confianza, el silencio suele interpretarse como falta de explicación, y la explicación es lo único que frena el contagio reputacional.
Supermercados, marcas blancas y trazabilidad: dónde aparece Juneda en el lineal
El caso se vuelve masivo cuando aterriza en nombres cotidianos. En la información publicada se cita la presencia de huevos de codorniz vinculados al grupo en cadenas como Mercadona, Carrefour, Bon Preu, Eroski y El Corte Inglés, con distintas marcas según el canal: marca blanca Hacendado en Mercadona, marca Urgasa en Carrefour, marca Dagu en El Corte Inglés, y se ha mencionado marca Hobea en Eroski. Ese mapa comercial, si se confirma lote a lote y código a código, convierte una denuncia local en una cuestión nacional.
También se ha explicado que Mercadona reconoció a Aeropic como uno de sus proveedores de huevos de codorniz y sostuvo que cuenta con certificaciones de bienestar y seguridad alimentaria basadas en estándares internacionales reconocidos, además de exigencias internas propias. Bon Preu dijo estar analizando la situación. Este tipo de respuestas suelen ser prudentes, medidas, casi siempre de manual: se pide información, se revisa, se esperan conclusiones. El reto real está en la trazabilidad: identificar qué producto viene de qué centro, con qué códigos, qué fechas, qué lotes, y si la parte certificada coincide —o no— con lo que está en la tienda.
Detrás hay un mecanismo poco visible pero decisivo: el registro sanitario, los centros de clasificación, los códigos que aparecen impresos. En una crisis así, un dígito puede marcar la diferencia entre “producto afectado” y “producto no vinculado”. Por eso los debates públicos tienden a ser gruesos mientras los procesos de verificación son finos, casi de lupa y guantes.
Qué puede hacer ahora la Fiscalía y qué margen tiene la Generalitat
La denuncia ante Fiscalía no es una condena; es el inicio de un carril institucional donde se decide si hay indicios suficientes para abrir diligencias, solicitar información, pedir inspecciones, requerir documentación, o derivar a la vía administrativa. En este caso, ARDE dirige la denuncia a la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con maltrato o abandono animal, estafa y riesgos ligados a la salud pública. En paralelo, trasladó información a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat, que es quien tiene competencias directas en inspección ganadera, sanidad animal y control en origen.
En escenarios similares, el recorrido suele incluir inspecciones oficiales, revisión de registros de mortalidad, protocolos de retirada de cadáveres, control de plagas, planes de limpieza, registros de tratamientos veterinarios, y verificación del cumplimiento de normativa. El resultado puede moverse en varios planos: requerimientos de corrección, sanciones administrativas, suspensión de actividades parciales, o, si hay base, traslado al ámbito penal con diligencias más profundas. Todo eso, de nuevo, depende de pruebas, tiempos, trazabilidad y de lo que determinen las autoridades.
Un elemento que añade contexto es el precedente reciente en Llucmajor (Mallorca), también descrito como “granja de los horrores”, donde tras una investigación periodística y material aportado por entidades animalistas se registraron actuaciones administrativas y el caso tuvo consecuencias sobre certificaciones. No son situaciones idénticas, pero funcionan como antecedente de un patrón: la tensión entre auditorías, control oficial y la capacidad real de detectar problemas antes de que los detecte una cámara.
Bienestar animal en codorniz: una especie “pequeña”, un debate gigante
La codorniz vive en un limbo curioso. No tiene la visibilidad de la gallina ponedora ni el protagonismo del cerdo o el vacuno, pero su producción existe, crece y se industrializa. Por eso este caso tiene otra lectura: sería una de las primeras veces que una infiltración muestra de forma tan directa el interior de la industria del huevo de codorniz en Europa, según la propia ARDE. Y cuando un sector es menos visible, los controles —públicos y privados— tienen menos presión social encima. Eso no significa que sean peores, pero sí que el escrutinio llega más tarde.
En la práctica, el bienestar en aves pequeñas enjauladas se decide en detalles que se repiten cada minuto: densidad, ventilación, temperatura, luz, frecuencia de limpieza, disponibilidad de agua, manejo del personal, retirada de bajas, atención a heridas, y el control de plagas. Cuando falla, se nota en lo que describen las imágenes: plumaje deteriorado, heridas, cadáveres acumulados, suciedad persistente. Y no hace falta caer en dramatismos para entender que ese cuadro no encaja con la idea de “bienestar”.
También hay un debate técnico de fondo: cómo se audita una explotación intensiva con múltiples naves, cómo se evita que la auditoría sea un día “bonito” y no una radiografía real, y qué ocurre si el sello cubre solo una parte. Ahí entran conceptos secos —muestra, indicadores, criterios— que, si no se explican bien, se convierten en humo. Pero el caso Juneda los ha puesto en primera línea a la fuerza.
El precio real de un sello
A estas horas, el caso de Juneda se sostiene sobre tres pilares que no se pueden mezclar sin perder precisión: lo que muestran y describen las imágenes de octubre de 2025, lo que afirma el informe veterinario de Silvia Gimeno Ponce, y lo que vayan determinando la Fiscalía y la Generalitat al contrastar hechos, registros y responsabilidades. En paralelo, queda el movimiento del propio esquema Welfair, que ha dicho haber activado investigación y auditoría no anunciada, y queda la respuesta —o ausencia de respuesta— de Urgasa.
La discusión pública ya está lanzada y no va a volver sola a la caja: si un producto llega al mercado con un sello de bienestar, la promesa no puede depender de un día concreto ni de una nave concreta escondida detrás de un “no sabemos cuál es”. Un sello, para funcionar, necesita dos cosas a la vez: rigor técnico y claridad entendible. Rigor para detectar fallos antes de que los señale una cámara; claridad para que nadie confunda “parte certificada” con “todo garantizado”. Si el caso Juneda termina siendo lo que parece en las imágenes, el golpe será doble, por lo que ocurre dentro de la nave y por lo que ocurre fuera, en la etiqueta. Y si finalmente se demuestra que la situación era distinta o acotada, el sistema tendrá que explicar igual por qué la desconfianza fue tan fácil de encender. En ambos escenarios, la misma idea queda clavada: bienestar animal, higiene y trazabilidad no son palabras decorativas; son, literalmente, el suelo que pisa todo el negocio del huevo.
🔎 Contenido Verificado ✔️
Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: BOE, AESAN, elDiario.es, Welfair, AENOR, IRTA, NEIKER, ECDC.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/granja-de-los-horrores-con-sello-verde-en-lleida/
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
