Paraguay registró seis feminicidios en lo que va de enero de 2026, con un promedio de una víctima fatal cada dos días. Tres de los casos ocurrieron en menos de 24 horas en el departamento Central, una situación que encendió las alertas de las instituciones del Estado y reavivó el debate sobre la eficacia de las políticas de prevención y protección.
En entrevista con el canal GEN, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, calificó el escenario como “un enero fatídico” y remarcó que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática no abordada de manera integral.
“No son números ni cifras, son vidas. Y son vidas que dejan consecuencias irreparables, hoy ya tenemos seis niños y niñas huérfanos por estos feminicidios”, sostuvo.
Pomata afirmó que la violencia de género interpela a toda la sociedad, aunque subrayó la responsabilidad central del Estado y del sistema de justicia. “Tenemos que trabajar desde la prevención, pero también garantizar que las denuncias sean atendidas, que no haya revictimización y que los casos con antecedentes accedan a una justicia efectiva y ejemplar”, señaló.
En ese sentido, indicó que el Ministerio de la Mujer impulsa la transversalización de políticas públicas en todas las instituciones, incluyendo capacitación con perspectiva de género para la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de acciones en entornos laborales junto al Ministerio de Trabajo.
La ministra anunció la actualización y relanzamiento del programa “Noviazgos Sin Violencia”, orientado a jóvenes de la educación escolar media, con contenidos adaptados a los nuevos lenguajes, formas de comunicación y relaciones interpersonales.
El plan contempla la formación de docentes, psicólogas y orientadoras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la prevención temprana de la violencia.
Asimismo, adelantó la puesta en marcha del programa de “Masculinidades Positivas”, actualmente en etapa de diseño curricular, que será aplicado de forma piloto en distintos colectivos y articulado con otros programas sociales del Gobierno, como el Plan Sumar, enfocado en personas con problemas de adicciones.
“En muchos casos, la violencia está asociada al consumo excesivo de alcohol o sustancias, sumado a un machismo profundamente enraizado que ve a la mujer como una posesión y no como un sujeto de derecho”, explicó.
Pomata destacó la implementación y fortalecimiento de herramientas como el Registro Unificado y Estandarizado de Violencia contra las Mujeres (RUVIG), que permitirá trazar los casos y detectar fallas en la ruta de atención, así como la digitalización de denuncias para evitar la revictimización.
También mencionó el botón Lince, disponible en el portal Paraguay, que permite activar una respuesta policial urgente ante situaciones de violencia.
A nivel interinstitucional, confirmó la activación de una mesa extraordinaria de la Mesa de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), con participación de actores del sistema de justicia, y la puesta en marcha del protocolo de protección para los niños y niñas huérfanos, en coordinación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
En cuanto al financiamiento, la ministra informó que el Ministerio de la Mujer recibió un aumento presupuestario del 11,8%, alcanzando unos 28.192 millones de guaraníes, aunque reconoció que sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
A ello se suma una cooperación de la Unión Europea por USD 1,5 millones, equivalente a cerca del 30% del presupuesto total de la institución, destinada a un programa integral de fortalecimiento de la prevención de la violencia.
“Como institución rectora, muchas veces incorporamos servicios que no estaban previstos en nuestra creación, como casas de acogida, líneas telefónicas o Ciudad Mujer Móvil, y eso requiere recursos sostenidos”, explicó.
Consultada sobre la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, vigente desde 2016, Pomata consideró que se trata de un avance, aunque con falencias en su aplicación. “La ley es un logro, pero no se aplica de manera efectiva. Hay que adecuarla en algunos aspectos, pero no derogarla. Mientras sigan ocurriendo estos hechos, no podemos discutir si es necesaria o no una ley específica o un ministerio”, afirmó.
La ministra rechazó cualquier iniciativa que apunte a eliminar el marco legal vigente y sostuvo que, a nivel regional, la tendencia es reforzar las leyes específicas ante la escalada de violencia.
Pomata enfatizó que no se puede responsabilizar a las víctimas por no denunciar, ya que muchas atraviesan largos ciclos de violencia psicológica que afectan su capacidad de reacción.
“A la víctima no se la puede culpar. Muchas veces ni siquiera identifica que está siendo violentada. Por eso están las líneas 137 y nuestro WhatsApp, para acompañar y orientar”, indicó.
Por último hizo un llamado a la sociedad a involucrarse y no mirar hacia otro lado ante situaciones de violencia.
