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Colombia volvió a enviar un mensaje claro y coherente a la comunidad internacional tras la más reciente sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, un espacio clave en la definición de la política exterior del país. En un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y disputas de poder, el Gobierno colombiano ratificó una posición que se mantiene firme y sin ambigüedades: la defensa del derecho internacional como columna vertebral de las relaciones entre los Estados, el respeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y el rechazo a cualquier forma de agresión, invasión o uso ilegítimo de la fuerza contra la soberanía de los pueblos.
La discusión permitió subrayar que Colombia no actúa desde la improvisación ni desde alineamientos coyunturales, sino desde una tradición diplomática construida durante décadas, que privilegia la legalidad internacional, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de las naciones. En un mundo donde las reglas comunes son cada vez más desafiadas, el país insiste en que solo el respeto al orden jurídico internacional puede garantizar una convivencia global más estable, justa y predecible.
En ese contexto, el presidente Gustavo Petro compartió con los integrantes de la Comisión su visión de una política exterior activa, moderna y orientada a la construcción de consensos. La relación con los Estados Unidos, uno de los socios estratégicos más importantes de Colombia, fue abordada desde una lógica de respeto mutuo, cooperación y objetivos compartidos, dejando atrás esquemas de subordinación o dependencia. El énfasis estuvo puesto en la necesidad de fortalecer una agenda bilateral que responda a los desafíos reales de la región y que contribuya a una mayor estabilidad, prosperidad y seguridad para ambos pueblos.
Uno de los puntos que concentró mayor atención fue la urgencia de replantear el enfoque hemisférico frente al problema de las drogas y las economías ilegales. La Comisión coincidió en que los modelos centrados casi exclusivamente en la represión han demostrado sus límites y costos humanos, sociales y ambientales. Colombia volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia una cooperación internacional que privilegie políticas integrales, el desarrollo rural, la salud pública, la reducción de la demanda y una verdadera corresponsabilidad entre países productores, de tránsito y consumidores. La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, se enfatizó, no puede seguir siendo una carga desproporcionada para unas pocas naciones.
En la misma línea, se reafirmó la visión de América Latina y el Caribe como una región llamada a ser un territorio de paz, de vida y de cooperación. Lejos de ser una consigna retórica, esta apuesta implica fortalecer la integración regional, revitalizar los mecanismos multilaterales y consolidar una diplomacia que apueste por el diálogo como herramienta para resolver diferencias. La estabilidad del continente, se reiteró, no se construye con bloques enfrentados ni con intervenciones externas, sino con más concertación, más institucionalidad y más respeto por la diversidad política y social de sus pueblos.
El balance que dejó esta sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores proyecta a Colombia como un actor que combina firmeza en sus principios con pragmatismo en la búsqueda de acuerdos, capaz de defender su soberanía y al mismo tiempo de tender puentes. En un momento de profundas transformaciones globales, el país apuesta por una política exterior que no solo proteja sus intereses nacionales, sino que también contribuya a una arquitectura internacional más equilibrada, pacífica y basada en reglas, en la que América Latina tenga una voz propia y un papel más influyente en la construcción del futuro común.
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