Sostenibilidad. Con el proyecto de reforma se necesitarían nuevos ajustes en 15 a 20 años.
Transparencia. La gerente de Desarrollo Económico señaló que se responde a los pedidos.
La sostenibilidad del sistema de pensiones del sector público enfrenta un desafío crítico. En esta entrevista, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, detalla los pilares de la reforma de la Caja Fiscal. La propuesta busca corregir inequidades, establecer edades mínimas de jubilación en sectores claves y contener un déficit que amenaza con duplicarse en el próximo quinquenio si no se toman medidas urgentes. Advierte que sin cambios, los excedentes se acabarán en el 2028 y el déficit en su totalidad será cubierto con impuestos.
–¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta reforma para la política fiscal?
–En primer lugar, el proyecto de reforma apunta a reducir las inequidades en cuanto al acceso a los beneficios. Hoy todos los cotizantes aportamos la misma tasa de aporte sobre nuestro salario, 16%, y eso no ha variado en más de 20 años luego de la última reforma del 2003. Sin embargo, desde ese tiempo para acá se dieron varias reformas legales, en sentido contrario, digamos, a las tendencias demográficas y que afectaron principalmente los parámetros que hacen a un sistema de pensiones como es la edad mínima. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que el principal componente de esta reforma es introducir una edad mínima para estos sectores que hoy no tienen como requisito esto: como el Magisterio Nacional y las Fuerzas Públicas (policías y militares), también docentes universitarios. En general, con eso lo que queremos es contrarrestar esa salida muy temprana de nuevos jubilados. En general, en la Caja Fiscal salieron con menos de 55 años el 60% de los nuevos jubilados. Y eso mayormente está explicado por estos sectores que no tienen edad. En el caso de Magisterio Nacional, más del 70% salió con menos de 55 años. Hay casos que salieron con 44 años, por ejemplo. En el caso de Fuerzas Públicas, Policías por ejemplo, el 78% de los que salieron lo hicieron con menos de 55. Y en ambos sectores de las fuerzas públicas hay situaciones que se dieron con 35 años de jubilación. Entonces, eso impone obviamente importantes presiones financieras al sistema solidario. La Caja Fiscal tiene una situación particular de que esta relación va cayendo en el tiempo, porque no podemos apuntar a aumentar los cotizantes, porque esto ya en la naturaleza de la función pública están los administrativos, los docentes, las Fuerzas Públicas que el país requiere. Ahí es donde más nos exige ir por esos parámetros básicos y más importantes de todo sistema de reparto solidario que es empezando por la edad. Y luego se añaden otras medidas que complementan y van generando también la contención del gasto en el déficit que vemos. Lo siguiente sería incluir unas tasas de reemplazo acorde a unos años de aporte. Sobre todo para estos tres sectores de magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales. A ellos lo que apuntamos es a igualar a una edad mínima de 57 años de edad y con 25 años de aporte. Y eventualmente si los docentes optan, pueden seguir acumulando años de aporte, y en correspondencia tasas de sustitución, la posibilidad de que hoy ellos puedan llegar al 100% alrededor de los 62 años de edad. No es que no se van a jubilar o que se van a jubilar recién a los 62 años, sino que lo van a poder hacer antes, pero con menor tasa de sustitución comparado a lo que hoy se tiene con la ley vigente.
–¿Cuál es el impacto financiero que esperan de concretarse la reforma?
–Hoy la Caja Fiscal tiene un déficit de 380 millones de dólares, es el déficit cerrado a diciembre del 2025. Y nosotros estimamos con los cálculos actuariales que eso, en ausencia de ninguna reforma, subiría a un promedio de 790, 800 millones de dólares anual en los próximos 5 años. Con todas estas medidas combinadas estimamos permiten ver una reducción del 60%, alrededor de entre el 50 y 60% de ese déficit. De los casi 800 millones bajaríamos a entre 350, 380 millones de dólares. Esos 380 que hoy ya estamos gastando, eso están gastando porque ya los jubilados accedieron a esos beneficios y eso este proyecto de ley respeta. Todos los jubilados sin importar la edad y el sector al que pertenezcan que hayan ya accedido a la jubilación, a ellos no se les tocan.
–¿Cuántos años de sostenibilidad ganaría el sistema con estos cambios?
–Hay un ahorro importante en esa proporción que te mencionaba entre el 50 y 60% de contención del déficit, porque el déficit va a seguir. Esta reducción se va a dar en un periodo bastante largo. Siempre estamos mencionando los primeros 5, pero en realidad se está viendo incluso 15, 20 años. Ya luego esos efectos van disminuyendo. Es ahí donde se va a tener que presentar seguramente otra reforma dentro de 15, 20 años. Porque lo que hace esta reforma es contener ese gasto a unos niveles relativamente razonables de déficit, porque es el Estado finalmente el que está haciendo frente a ese financiamiento. No se llega a un equilibrio porque normalmente estos sistemas no llegan a un equilibrio, pero sí se puede manejar un déficit relativamente razonable para que el Estado también pueda hacer frente a esos compromisos, pero también a otros compromisos que tienen áreas estratégicas de salud, educación, inversión pública.
–¿Qué opina sobre la propuesta de que el Estado aporte un 14%?
–Ese 14% es algo que implícitamente está cercano a lo que el Estado está gastando. Hoy gasta por cubrir el déficit de las Fuerzas Públicas con impuestos generales, que son alrededor de 180 millones de dólares en el 2024. A eso se sumó el gasto de bonificación anual, que es la jubilación anual que tienen los jubilados. Eso sumó más de 230 millones de dólares en el 2024. Y eso equivale a una tasa de aporte implícita, digamos, porque no es expresa, del 9,1%. Si a eso incluso sumamos el gasto que el Estado está cubriendo en materia de seguro médico, todo ese gasto alcanza como 100 millones de dólares anuales. Eso equivale a una tasa implícita otra vez de aporte del Estado por los trabajadores, alrededor de 2,5%. Eso le sumás al 9% que te decía y ya te da 12%. Nosotros ahora estamos planteando un 3% adicional que ya va a ser expreso. Estaría buenísimo si es como proponen ellos, establecer una sola tasa del 14%, pero eso también implica modificar todos los parámetros como el IPS. Si utilizamos ciertos parámetros, también tenemos que ver de tocar los otros para que todo tenga sentido, porque solo la tasa de aporte no es lo principal acá. Acá el parámetro más importante es los años de permanencia. No podemos pretender que esto sea financieramente saludable si le estamos pagando más de lo que efectivamente cotizó. Tiene que haber una relación justa. Y en un país donde tenemos todavía una importante tasa de informalidad, solo menos de tres trabajadores ocupados cotizan a la seguridad social. O sea, todos los que hoy estamos cotizando en las cajas somos unos privilegiados. Porque tenemos por lo menos la expectativa de una jubilación. El resto de los trabajadores no tiene esa esperanza. Entonces, ahí es donde tiene que pesar la racionalidad al destinar tantos recursos a estos sectores que tienen necesidades, pero hay otros que tienen muchísimas más necesidades.
–¿Por qué urge uniformar el sistema?
–Ya que todos estamos aportando lo mismo, lo que se tiene que tender es a que todos al menos accedamos a la jubilación a edades similares. En sistemas de reparto, las tasas en la región están alrededor del 60%. Paraguay está entre los países más generosos. Estamos muy acostumbrados a ver a la jubilación como que tiene que ser el 100% y no es así. Tender a que todos de alguna manera nos jubilemos o por lo menos con años superiores a los 55-57 años. Que haya mucha mayor relación entre lo que aportaste. Porque, por ejemplo, jubilación en relación a los salarios de las Fuerzas Públicas va a más del 100%, 130%. O sea, eso es algo que es impensable en cualquier sistema de pensiones que más o menos apunte a un equilibrio. En otros casos, en el caso de docentes, por ejemplo, ellos hoy tienen un promedio de salario de alrededor de 8 millones. Y lo que vemos de las jubilaciones es que están alrededor de 5.700. Está bastante alto igual, pero lo que más impone ahí no es tanto esa relación, sino el problema de ellos es que se retiran muy temprano.
–¿Habrá un régimen de transición para quienes están cerca de jubilarse?
–Si esta ley se promulga este año, da un espacio de tiempo de un año otra vez al siguiente ejercicio fiscal (2027) para que empiece a regir. El proyecto de ley está definiendo muy bien lo que es el derecho adquirido: toda persona que a enero del 2027 haya reunido los requisitos bajo la anterior ley, se puede regir con esas leyes anteriores. También la ley da posibilidad de que a iniciativa del cotizante, él pueda elegir regirse por esta nueva ley; ahora les damos esa oportunidad de aumentar la tasa de sustitución si se quedan más años. En el caso de los jubilados, que sí escuché también que estaban preocupados porque algunos jubilados pensaban que al eliminar esta equiparación, a ellos también se les elimina, y no, a ellos no se les toca y nada, ellos ya se jubilaron, no importa que tengan 50 o 40 años también. Ellos ya están jubilados, no se les toca, ahora los otros tipos de derechos adquiridos son los que te decía que llegan a cumplir sin haberse acogido todavía al régimen, pero ya llegan a reunir, a cumplir los requisitos con la anterior ley, esos van a regirse por la anterior ley. Ahora, aquellos que no hayan alcanzado el mínimo, esos se van a regir por la nueva ley, independientemente, ahí entran los nuevos ingresantes a cotizar en el sistema y todos los que estemos, pero que no hayamos configurado los requisitos.
–¿Cuántas jubilaciones estiman en el corto plazo?
–Estimamos entre 8 mil y 10 mil docentes, porque todos ellos ya están cumpliendo con los requisitos. Eso es lo que hace que tengamos que hacer la reforma. En el caso de policías y militares no se dan esos números porque ellos tienen una dinámica de entrada diferente, tienen una entrada muy constante de efectivo.
–¿Por qué no se presenta el estudio actuarial?
–Este último estudio actuarial es el 2024, que lo vamos actualizando. Es un estudio actual mucho más detallado. No es como un actuarial de IPS que es un registro general. Son seis estudios específicos para cada sector. Entonces, esos son los análisis que estamos dando y eso es normal que se den en este periodo de un año. El compromiso de nosotros es seguir informando de todas las estimaciones que van siendo resultado de esos estudios. El Congreso siempre pide el estudio actuarial y con base en eso nosotros vamos respondiendo los resultados (…). Hay que tener en cuenta que tampoco tenemos muchos especialistas en actuarial, generalmente tenemos especialistas actuariales de seguros del sector privado, que no tiene nada que ver con un sistema solidario, y eso también se puede prestar a muchas tergiversaciones. Finalmente son supuestos que uno hace sobre cómo se va a comportar la persona. Uno está asumiendo supuestos de lo que en promedio la gente va a decidir en cuanto a su jubilación. Entonces, se responde de una manera también más entendible para que realmente sea aprovechable, porque a veces lo desconocido es rechazado. La labor justamente nuestra es de poder poner eso en términos más sencillos. Y el compromiso es que también de aquí en adelante lo vayamos especificando, dando mayor detalle en relación a eso para que las personas puedan entender.
–A diferencia de IPS, ¿cuánto tiempo le quedan a las reservas de la Caja Fiscal?
–La Caja Fiscal hoy ya está en déficit. Si no se hacen reformas, esos excedentes (de la Caja de funcionarios públicos) se acaban en el 2028. Ese déficit que hoy es cubierto por ese excedente va a pasar a ser exclusivamente por impuestos por el Estado. Es muy diferente de lo que pasa con el IPS que después del 2036 empezará a utilizar lo que ahorró. Nosotros ya estamos terminando de utilizar lo que ahorramos. Ahora la cuestión es apuntar a reducir ese incremento acelerado del gasto.
–¿Qué mensaje le daría usted a los funcionarios que temen perder beneficios?
–Yo también me incluyo entre los que vamos a cotizar 3% adicional; obviamente eso no es lo que queremos todos, pero realmente es necesario. Uno tiene que ser bastante pragmático: todos nos queremos jubilar, entonces hacer que esos parámetros logren jubilaciones adecuadas va a permitir que el Estado también pueda hacer frente a esos beneficios. No solo los trabajadores, sino también el Estado se va a tener que sacrificar. Esto es un sistema solidario y si bien hoy ocurre que gran parte de los recursos ahorrados del programa civil se va gastando, prácticamente la mayor parte en los docentes con unos parámetros más ventajosos a eso es lo que no debemos más de permitir. De aquí en adelante debemos apuntar a aportar todos lo mismo y que todos nos jubilemos con las mismas condiciones y ser custodios realmente, porque no nos pase lo que pasó luego de la última reforma, también debemos tener el panorama de que el Estado es el garante en última instancia. Si esos recursos excedentes se van agotando, a medida que cada sector entra en déficit se va beneficiando de cubrirse por esos recursos excedentes, pero que ya no son suficientes. Entonces, eventualmente el Estado va a tener que hacer frente. Lo que tenemos que tender es a establecer unos parámetros adecuados como para que el Estado pueda realmente hacer frente a esos gastos.
