El mandatario pretende mitigar la amenaza «inusual y extraordinaria» que supone embargar o someter a procesos judiciales los ‘Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros’.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca prohibir a tribunales y acreedores confiscar los fondos venezolanos guardados en cuentas estadounidenses.
El mandato pretende mitigar la amenaza «inusual y extraordinaria» que supone embargar o someter a procesos judiciales los ‘Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros’, término que hace referencia al capital a nombre del Gobierno venezolano o sus entidades, incluyendo al Banco Central y a PDVSA, que provengan de la venta de recursos naturales.
De acuerdo con el texto de la orden, esta amenaza podría afectar la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., así como el uso de estos recursos en la infraestructura de Venezuela.
Además, se establece que EE.UU. únicamente figura como garante de estos fondos y no como participante de mercado. Tampoco se podrán usar con fines comerciales, sino que se destinarán a objetivos públicos, gubernamentales o diplomáticos, determinados por el secretario de Estado, Marco Rubio, en nombre del Estado venezolano.
Con esta medida, Trump espera evitar posibles reclamos de gigantes petroleras como ExxonMobil y ConocoPhillips, que detuvieron sus operaciones en Venezuela luego de que el expresidente Hugo Chávez iniciara el proceso de nacionalización de la industria en el 2007. Eso incluyó la expropiación de instalaciones petrolíferas manejadas por empresas estadounidenses que rechazaron los nuevos términos legales, que las obligaban a dejar de ser accionistas mayoritarios, por lo que recibirían ingresos menores a los del Estado venezolano.
«Venezuela no es invertible»
La jornada anterior, el inquilino de la Casa Blanca sostuvo un encuentro con numerosos empresarios del sector energético, incluyendo representantes de ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips.
Trump delineó un futuro donde compañías estadounidenses y de otros países inyectarían hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la devastada industria venezolana. Prometió garantías de seguridad (sin detalles específicos ni compromiso de presencia militar) y afirmó que las empresas tratarían «directamente con nosotros», no con Venezuela.
Sin embargo, la respuesta de los grandes actores del sector fue mucho más cauta y señaló obstáculos concretos:
- Exxon calificó a Venezuela de «no invertible» sin cambios legales y comerciales profundos.
- ConocoPhillips subrayó la necesidad de reestructurar la deuda y todo el sistema energético del país.
- Chevron, la única que opera allí actualmente, priorizó la seguridad de sus empleados y la protección de sus activos, adhiriéndose estrictamente a las leyes y sanciones estadounidenses.
