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La propuesta de una asamblea constituyente ha sido planteada con una premisa central que busca despejar dudas políticas y jurídicas: no se realizará en época electoral ni interferirá con los procesos democráticos en curso. El calendario previsto establece que, en una primera fase, se iniciará la recolección de firmas ciudadanas durante un periodo de tres meses. Este ejercicio de participación directa no coincide con jornadas electorales y culminará antes de que el país entre en un nuevo ciclo político institucional.
Una vez superada esa etapa, la iniciativa será presentada después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República, elegido en marzo, cuando Colombia ya contará con un nuevo presidente o presidenta. Será ese Congreso, libre de presiones electorales inmediatas, el escenario donde se discuta la viabilidad política y jurídica de la convocatoria. En caso de ser aprobada por el legislativo y posteriormente avalada por la Corte Constitucional -instancia que no será objeto de modificación dentro de la eventual reforma-, la elección de los constituyentes se realizará en la fecha que determine la Corte y, en todo caso, no más allá de tres meses después de su pronunciamiento. De este modo, ni la convocatoria, ni la elección, ni las sesiones de la asamblea coincidirán con procesos electorales nacionales, garantizando independencia deliberativa y estabilidad institucional.
La asamblea constituyente tendría un mandato claro y delimitado, ya contenido en el proyecto de ley que se somete a la firma de la ciudadanía. La propuesta plantea que sesione durante un periodo aproximado de tres meses, preferiblemente coincidente con el receso del nuevo Congreso, con el fin de no afectar su funcionamiento. Su objetivo no sería abrir un debate abstracto, sino aprobar reformas estructurales que, durante más de tres décadas, han sido sistemáticamente bloqueadas por los intereses y las limitaciones propias del sistema legislativo vigente.
Entre los ejes centrales se encuentran las reformas sociales largamente postergadas: el rediseño del sistema pensional, una transformación profunda del modelo de salud, la actualización del código minero, y la reforma de los servicios públicos para garantizar su universalidad, eficiencia y tarifas ligadas a costos reales y no a dinámicas especulativas. Se incluye una reforma integral de la educación que aborde contenidos, financiación y objetivos estratégicos, con la mirada puesta en construir una sociedad del conocimiento capaz de llevar a la educación pública a las fronteras del saber humano. A ello se suma la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial como un nuevo campo de derechos y regulación estatal.
La reforma agraria ocupa un lugar central en esta agenda, con el compromiso explícito de avanzar hacia la transformación más profunda del campo colombiano. La protección de la producción de alimentos y el acceso a tierra fértil para el campesinado se plantean como pilares de la seguridad alimentaria y de la justicia social, bajo la premisa de que no puede haber campesinos sin tierra productiva en Colombia.
Otro eje fundamental es la adaptación y mitigación frente a la crisis climática. El equilibrio natural del país se concibe como un asunto estratégico, con el agua como eje rector del ordenamiento y la planificación. La propuesta eleva el acceso al agua potable a la categoría de derecho fundamental, con garantías reales mediante acto legislativo. En este marco, la asamblea podría reorganizar vigencias futuras, respetando los contratos ya firmados, para priorizar el acceso universal al agua potable, la revitalización de las selvas, la transformación de la movilidad masiva hacia sistemas eléctricos y férreos, y la transición de la industria, la agricultura y los servicios hacia un modelo descarbonizado.
El nuevo ordenamiento territorial aparece como otra de las grandes discusiones de fondo. Se propone redefinir competencias y recursos para fortalecer la autonomía regional con control ciudadano efectivo, reconocer plenamente la territorialidad indígena y afrodescendiente, y cerrar definitivamente las brechas de exclusión basadas en racismo, género o identidad sexual. Se incluyen regímenes especiales, como el de San Andrés, y un fortalecimiento del municipio como espacio real de participación ciudadana. El enfoque territorial se articula con la respuesta a la crisis climática, la liberación y protección de los espacios del agua, y un modelo de desarrollo urbano que priorice el espacio público y las reservas naturales.
La reforma a la justicia plantea mantener intacta la Corte Constitucional, al tiempo que busca un poder judicial verdaderamente independiente de la política y de intereses particulares, orientado al servicio de la ciudadanía y sujeto a su control. Se propone acercar jueces y fiscales al territorio, allí donde vive la gente, como garantía efectiva de acceso a la justicia.
En materia política, la agenda incluye una reforma profunda del sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el establecimiento del voto libre y obligatorio, mecanismos efectivos de revocatoria, el control de los softwares electorales y la creación de un árbitro electoral verdaderamente independiente y no politizado.
El derecho a la paz se reafirma como eje constitucional, con la implementación inmediata de los acuerdos de paz ya firmados y un abordaje integral del fenómeno del narcotráfico. A ello se suma una visión de seguridad integral que proteja tanto al Estado como a la ciudadanía, entendida no solo desde la fuerza, sino desde la garantía de derechos y oportunidades.
Finalmente, la propuesta sitúa a Colombia en una perspectiva internacional estratégica: la idea de una confederación de naciones grancolombianas, la promoción de la paz en las Américas, el control efectivo del océano en sus 200 millas, el impulso a la investigación científica marina, la soberanía sobre el espectro electromagnético y la órbita geoestacionaria, y el desarrollo de capacidades de prospección espacial como parte de una visión moderna de defensa y conocimiento.
Se trata, en suma, de una iniciativa que busca redefinir el contrato social colombiano desde una deliberación acotada en el tiempo, separada de la coyuntura electoral y orientada a resolver de manera estructural los grandes bloqueos históricos del país, con una mirada que conecta justicia social, democracia, sostenibilidad y proyección internacional.
carloscastaneda@prensamercosur.org
