El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Dr. Enrique Moller, cuestionó el funcionamiento del actual Código del Proceso Penal (CPP), criticó el bajo estándar de garantías, la sobrecarga del sistema y el uso extendido del juicio abreviado. En entrevista con el Diario La R, Moller realizó un extenso y crítico análisis del funcionamiento del actual Código del Proceso Penal (CPP) y de los principales ejes del proyecto de reforma que la institución prevé culminar en febrero para su posterior presentación ante el Parlamento. A su entender, el sistema vigente presenta falencias estructurales que impactan negativamente en las garantías, en los tiempos del proceso y en la calidad de la Justicia penal.
El CPP fue aprobado en 2014, aunque su entrada en vigencia se suspendió durante un período y, desde entonces, fue modificado en 16 oportunidades. Para Moller, esta acumulación de reformas parciales terminó afectando seriamente la coherencia del texto. “El CPP es un código dificilísimo de manejar, porque tiene muchos retazos. No hay una estructura clara y para el operador del derecho es muy complejo saber dónde está cada cosa”, afirmó. En su opinión, las sucesivas modificaciones, sumadas a los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración, generaron un cuerpo normativo fragmentado y poco amigable para su aplicación cotidiana.
Uno de los puntos centrales de la crítica del penalista se refiere a la etapa de formalización y al estándar probatorio exigido para avanzar en el proceso. Según explicó, hoy basta con un umbral muy bajo de elementos objetivos para formalizar a una persona, lo que habilita inmediatamente la adopción de medidas cautelares. “El estándar hoy es muy bajo y eso afecta seriamente las garantías. Antes, para procesar, se exigían elementos de convicción suficiente; hoy no”, sostuvo.
Moller advirtió que esta situación coloca a la defensa en una posición especialmente débil, ya que el juez no puede acceder a la carpeta fiscal salvo en situaciones excepcionales. De esta manera, la formalización se apoya casi exclusivamente en el relato de la Fiscalía, sin posibilidad real de contradicción en esa instancia. “Se formaliza con un estándar mínimo y después la apelación, en la mayoría de los casos, se confirma porque se dice que ese es apenas el inicio del proceso”, explicó.
A su juicio, esta lógica genera consecuencias prácticas muy relevantes, ya que las personas formalizadas pueden permanecer durante largos períodos bajo medidas restrictivas, aun cuando el caso no termine prosperando. “Eso deja a la persona cargando durante meses o años con una situación que después puede no sostenerse”, indicó.
Otro de los aspectos que Moller cuestionó con énfasis es el uso extendido del juicio abreviado, una herramienta que —según señaló— se ha transformado en una válvula de escape frente a la sobrecarga del sistema. “Hoy se apela al juicio abreviado porque es la manera que tienen las fiscalías de subsistir, porque están abarrotadas de trabajo”, afirmó. En ese sentido, consideró que muchas decisiones no responden a una evaluación profunda del caso, sino a la necesidad de cerrar expedientes.
El penalista ilustró esta situación con ejemplos concretos de investigaciones que se prolongaron durante años. Relató el caso de una denuncia económica iniciada en 2018 que recién fue archivada seis o siete años después. “Mi cliente me dijo: ‘Después de tanto tiempo, ya no es justicia’. Y tiene razón”, expresó. Para Moller, el paso del tiempo termina erosionando la confianza en el sistema y vaciando de contenido la respuesta judicial.
Si bien reconoció que parte del problema está vinculada a la falta de infraestructura y recursos humanos, Moller sostuvo que una porción significativa de las disfuncionalidades proviene del propio diseño del CPP. Señaló, por ejemplo, la obligatoriedad de realizar audiencias presenciales aun cuando fiscalía y defensa están de acuerdo en una prórroga de medidas cautelares. “Se gastan horas de citaciones, notificaciones y traslados para algo que podría resolverse con un simple escritito”, explicó, subrayando el impacto que esto tiene en los tiempos judiciales.
Frente a este escenario, la Asociación de Abogados Penalistas viene trabajando desde 2023 en un proyecto integral de reforma. Ese trabajo fue retomado y profundizado durante 2024 con la conformación de una comisión presidida por el Dr. Gonzalo Fernández. Según Moller, el texto está prácticamente finalizado y resta un último esfuerzo para dejarlo pronto en febrero y presentarlo ante la Comisión de Constitución y Legislación del Parlamento.
El eje central de la propuesta es lo que Moller denomina la “cegepeización” del proceso penal, una adaptación de la estructura del Código General del Proceso (CGP), vigente en materia civil, al ámbito penal. “El CGP funciona desde hace más de 30 años y es un código sumamente garantista. Lo que proponemos es trasladar esa lógica, con las adecuaciones necesarias, al proceso penal”, explicó.
La iniciativa plantea un esquema más ordenado y previsible, basado en una demanda acusatoria clara, con participación efectiva de la víctima, posibilidad de contestación por parte del imputado y ofrecimiento de prueba por ambas partes. Posteriormente, una audiencia preliminar permitiría que el juez, tras estudiar el expediente, dicte un despacho saneador que delimite con precisión el objeto del proceso. “Hoy el sistema es engorroso, desgasta y oscurece más de lo que aclara”, sostuvo.
Otro aspecto relevante del proyecto es el fortalecimiento del rol del juez en la etapa de investigación. Sin volver a un sistema inquisitivo, la Asociación propone una mayor participación judicial en el control de las actuaciones. “No queremos jueces instructores, pero sí jueces que controlen efectivamente todo lo que se hace, que las pruebas y las audiencias se produzcan en sede judicial”, aclaró Moller.
El presidente de la Asociación reconoció que se trata de una reforma compleja y costosa, pero consideró que es indispensable para mejorar el funcionamiento del sistema penal y reforzar las garantías constitucionales. También adelantó que el proyecto de la gremial coexistirá con otras iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, lo que abrirá un debate parlamentario con concepciones distintas sobre el modelo de Justicia penal que necesita el país.
“Van a existir miradas contrapuestas y el Parlamento tendrá que decidir. Hay un clamor claro de que el sistema no está funcionando como debería”, afirmó. En ese marco, subrayó que la intención de la Asociación no es generar polémicas estériles, sino aportar una propuesta técnica y fundada.
Finalmente, Moller insistió en que el objetivo último de la reforma es mejorar la calidad de la Justicia penal y recuperar la confianza ciudadana. “Lo que hay que buscar es que la Justicia penal sea mejor, más clara y más garantista. Se necesita mejorar y se puede lograr”, concluyó.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/enrique-moller-el-codigo-del-proceso-penal-no-esta-funcionando-y-necesita-una-reforma-profunda-id180461/
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