El 12 de junio de 2024 entró en vigor un nuevo protocolo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) cuyo objetivo era regular la contratación de determinados suministros y servicios por parte del organismo. Este nuevo mecanismo establecía condiciones más estrictas encaminadas a hacer más riguroso cualquier proceso de contratación. No obstante, y según ha podido saber Gaceta Médica, este protocolo -bautizado como ‘Guía interna de contratación para usuarios de FSP CNIO. Seguimiento y ejecución de los contratos’- fue modificado apenas unos meses después para flexibilizar de nuevo las tareas de contratación.
Esta información cobra especial relevancia después de que ayer la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personara en el CNIO, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en busca de información sobre los procesos de contratación del organismo. Algo que llega, a su vez, después de la apertura de diligencias de investigación a raíz de una denuncia de un exdirectivo, que apuntaba a presuntas anomalías en la gestión del centro y los procesos de contratación durante años.
Un protocolo detallado
Según el procedimiento aprobado en junio de 2024, se fija de manera expresa quién asume la responsabilidad última durante la fase de ejecución de los contratos. En ese marco, el seguimiento deja de ser una función difusa para concretarse en una figura claramente identificada.
Según fuentes del centro, a partir de septiembre de ese año empieza a ejecutarse e implementarse. Sin embargo, en diciembre y enero se paraliza el procedimiento por los conflictos relativos a la dirección del centro y en febrero se retoma su ejecución, con la Gerencia interina de Maribel Salido al mando.
El documento, al que ha tenido acceso Gaceta Médica, hace una pormenorizada descripción de las figuras responsables de los contratos en cada caso, ya sean de suministro o de servicios, además de especificar sobre quién recaerán las tareas de supervisión y autorización o las penalizaciones que se podrían imputar a las empresas con las que el CNIO contrate si no cumplen con lo pactado en las bases del contrato.
El informe de actividades
Todo ello parece encaminado a mejorar los procedimientos y hacerlos más rigurosos y transparentes. Y en este punto es donde entra un requisito clave fundamental para los nuevos contratos firmados una vez que el nuevo plan entra en vigor. El citado protocolo establece que «se requerirá que el proveedor aporte una relación o prueba documental del trabajo realizado: el informe de actividades», cuyo contenido mínimo es facilitado por el Departamento de Compras.
Una vez revisado ese informe, «el responsable del contrato debe firmar la recepción del servicio una vez prestado a su satisfacción». Este trámite se realiza a través de la intranet corporativa, y el sistema prevé que «el responsable de contrato […] recibirá mails automáticos del sistema» cuando existan recepciones pendientes o cuando proceda aplazarlas.
En los servicios con adscripción de personal, el documento introduce cautelas específicas para evitar confusiones laborales. Se recuerda que «la empresa adjudicataria ostenta la cualidad de empresario respecto al personal dedicado a la prestación de los servicios» y que el responsable del contrato «no ostenta ningún tipo de facultad o poder de dirección sobre el personal de la empresa adjudicataria», debiendo canalizar cualquier gestión a través del interlocutor designado por la empresa.
Aun así, el procedimiento exige controles periódicos, ya que el responsable del contrato «comprobará, de manera periódica […] que la adscripción de medios personales se mantiene», solicitando «una relación nominal de personal adscrito». Además, para la recepción correcta del servicio debe recabarse «documentación acreditativa […] del pago a la Seguridad Social», incorporando expresamente el «Modelo ITA (Informe de Trabajadores en Alta)».
La flexibilización de 2025
En julio de 2025, apenas unos meses después de la entrada en vigor del nuevo procedimiento, el CNIO introdujo una modificación puntual para ajustar su aplicación determinados supuestos. A través de una resolución, a la que ha tenido acceso Gaceta Médica, la entidad reconoce expresamente que la implantación del nuevo esquema documental está generado dificultades operativas en algunos contratos de servicios. El documento recuerda que el procedimiento vigente establece, entre otras exigencias, que «los proveedores que prestan servicios presenten un informe de actividades como requisito previo a la validación del acta de recepción, requisito indispensable para la tramitación del pago».
Sin embargo, la resolución constata que la aplicación inmediata y homogénea de este requisito no siempre ha sido viable. En concreto, señala que «desde la entrada en vigor de dicha norma, se ha venido observando que, en determinados casos, las características del proveedor o de la prestación, dificultan la elaboración inmediata de estos informes conforme a los contenidos definidos en la Guía».
Ante esta situación, el órgano competente acuerda introducir un ajuste en el procedimiento con carácter limitado en el tiempo. El texto indica que «se procede a introducir una modificación en el procedimiento, aplicable de forma transitoria, a fin de permitir su implantación progresiva y razonable».
«Un documento alternativo»
La principal novedad afecta directamente a la documentación exigida para la recepción de los servicios. Mientras se consolida el nuevo modelo, la resolución establece que «en los casos justificados en los que no pueda emitirse el informe de actividades con el formato y alcance previstos en el protocolo, será admisible la presentación de un documento alternativo que acredite de forma asimilable la correcta ejecución del servicio».
La resolución precisa, además, que «este documento será evaluado por el Departamento de Gestión Económica, que emitirá su validación a efectos de autorización del pago». Además, el texto fija un mecanismo de resolución de discrepancias para los casos en los que existan dudas sobre la suficiencia del documento alternativo.
En ese supuesto, se establece que «en caso de conflicto, corresponderá al Vicedirector de Asuntos Económicos resolver sobre su aceptación definitiva». Según han detallado fuentes del centro consultadas por este medio, en ese momento -tras haber sido cesado como gerente- sería el propio Juan Arroyo quien ostentaría dicho cargo.
Anticorrupción abrió diligencias de investigación en noviembre
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción ya dejaron claro el pasado 26 de diciembre a Gaceta Médica que el organismo había confirmado la apertura de diligencias de investigación tras recibir denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en las cuentas del CNIO, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant.
Según trasladaron entonces desde el órgano judicial, «se abren diligencias de investigación a raíz de las denuncias recibidas», al considerar que «los hechos denunciados tienen la suficiente entidad como para investigar un posible delito». Con esta declaración, la Fiscalía marcaba el primer paso formal para esclarecer el alcance real de las sospechas y determinar si existen responsabilidades penales.
En este contexto, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aseguraron a Gaceta Médica que la UDEF entró ayer en la Fundación «para solicitar información en el marco de una investigación en curso». Además, expresan que «no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información», explicando que «el CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma formal» y apuntando que «los agentes se han llevado únicamente en un disco duro». En este sentido, las mismas fuentes han añadido que «en ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo». El Ministerio subraya, además, su «colaboración absoluta con la justicia y máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO».
Cabe recordar que ya el 17 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción se encontraba analizando varias denuncias por un presunto lucro de altos cargos del CNIO a través de contratos irregulares. La decisión llega, además, en un momento especialmente sensible para el organismo, inmerso desde hace meses en un proceso de revisión interna que su órgano de gobierno considera clave para garantizar la sostenibilidad administrativa futura.
Javier Alberca Lamas
Fuente de esta noticia: https://gacetamedica.com/politica/cnio-aprobo-endurecer-contratacion-2024/
************************************************************************************************************
También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: Telegram Prensa Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1También estamos en Telegram como @prensamercosur, únete aquí: https://t.me/prensamercosur Mercosur
Recibe información al instante en tu celular. Únete al Canal del Diario Prensa Mercosur en WhatsApp a través del siguiente link: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaNRx00ATRSnVrqEHu1W
