Cielo Rusinque, Superintendenta de Industria y Comercio de Colombia
En una declaración pública de alto impacto institucional, Cielo Rusinque, superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), advirtió sobre la existencia de una estrategia sistemática de intimidación y desprestigio dirigida a interferir en investigaciones sensibles que adelanta la entidad sobre la contratación estatal, particularmente en el mercado de vehículos blindados destinados a la protección de personas en riesgo. La funcionaria subrayó que no se trata de un episodio aislado ni de una controversia coyuntural, sino de una operación articulada desde estructuras de poder económico interesadas en frenar el ejercicio legítimo del control estatal sobre procesos que comprometen billones de pesos en recursos públicos.
Rusinque señaló que, pese a la época del año y a la hora en que decidió hacer pública la denuncia, el deber institucional y la gravedad de los hechos la obligaban a alertar al país. Según explicó, la información conocida revela un intento deliberado por condicionar, paralizar o desviar las decisiones de la SIC en investigaciones que afectan intereses económicos de gran envergadura y que resultan estratégicas para la seguridad de ciudadanos cuya integridad depende de esquemas de protección financiados por el Estado.
De acuerdo con la superintendente, el plan busca erosionar su credibilidad personal y la legitimidad de la institución mediante un doble frente de presión. Por un lado, se promovería un asedio jurídico basado en denuncias disciplinarias y penales carentes de sustento normativo, con el objetivo de desgastar a la autoridad y desplazarla del rol de investigadora al de investigada. Por otro, se desplegaría una narrativa mediática orientada a instalar la idea de que la Superintendencia actúa sin competencia legal o de manera arbitraria, pese a que su actuación se encuentra ampliamente respaldada por el ordenamiento jurídico colombiano.
Rusinque fue enfática en rechazar cualquier cuestionamiento sobre la legalidad de las actuaciones de la SIC. Recordó que las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la entidad están consagradas en la Constitución Política y desarrolladas de manera expresa en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011. Estas competencias, subrayó, han sido reiteradamente avaladas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y otros tribunales, lo que convierte en jurídicamente insostenible cualquier intento por presentar las investigaciones como extralimitaciones de poder. En ese sentido, sostuvo que no se está ante un debate de opiniones, sino frente a hechos normativos y judiciales verificables, consolidados a lo largo de años de jurisprudencia.
La superintendente advirtió que la desinformación deliberada no solo afecta su nombre, sino que busca debilitar la capacidad real del Estado para supervisar mercados estratégicos. A su juicio, reducir la acción de la SIC a una caricatura institucional equivale a abrir espacios para la captura regulatoria, la concentración indebida del poder económico y la normalización de prácticas contrarias a la transparencia y a la libre competencia. Incluso recordó que exfuncionarios de la propia entidad, con visiones políticas distintas, han reconocido públicamente la validez legal de este tipo de actuaciones, lo que refuerza la solidez del marco institucional que hoy se pretende desconocer.
La denuncia adquiere una dimensión particularmente grave al incluir riesgos concretos para la seguridad personal de la funcionaria. Rusinque reveló que meses atrás fue objeto de seguimientos por parte de hombres armados en motocicletas de alto cilindraje, quienes intentaron vulnerar su esquema de protección cerca de su residencia. Para la superintendente, estos hechos no pueden interpretarse como coincidencias ni minimizarse como episodios aislados, sino como señales de alerta frente a los intereses que se ven afectados por el avance de las investigaciones.
En este contexto, la funcionaria advirtió que las intimidaciones no solo buscan silenciar a una servidora pública, sino enviar un mensaje disuasivo a las instituciones encargadas de ejercer control sobre sectores económicos sensibles. Permitir que estas presiones prosperen, sostuvo, implicaría un grave retroceso para el Estado de derecho y un escenario propicio para que la corrupción y la impunidad se consoliden en ámbitos donde están en juego recursos públicos y la vida de personas protegidas por el Estado.
Pese a la magnitud de las presiones, Cielo Rusinque reiteró que la Superintendencia de Industria y Comercio continuará cumpliendo de manera estricta e independiente su mandato constitucional y legal. Aseguró que ni el asedio jurídico ni el descrédito mediático desviarán la actuación de la entidad, cuyo compromiso es garantizar mercados regulados, proteger a los consumidores y salvaguardar el interés público frente a prácticas que comprometen la transparencia en la contratación estatal.
Las declaraciones de la superintendente se producen en el marco de investigaciones por presunta colusión en contratos de vehículos blindados destinados a la Unidad Nacional de Protección, un sector crítico por su impacto directo en la seguridad de líderes sociales, funcionarios y personas amenazadas. Para Rusinque, la reacción de ciertos sectores confirma la tensión estructural entre los intereses económicos concentrados y la labor de control del Estado, y refuerza la necesidad de que estas investigaciones avancen sin interferencias externas, con pleno respaldo ciudadano e institucional.
Finalmente, la superintendente hizo un llamado a la opinión pública y a los actores democráticos a comprender que la defensa de la legalidad y de las instituciones no es una causa individual, sino un principio esencial para la protección de los recursos públicos y de las personas cuya vida depende de decisiones tomadas con independencia, rigor técnico y apego estricto a la ley.
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