El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Migrantes, una fecha que busca reconocer la contribución de las personas migrantes a las sociedades globales, visibilizar los desafíos que enfrentan y exigir la protección de sus derechos. Sin embargo, este año ha sido particularmente difícil para quienes buscan oportunidades fuera de sus países de origen, enfrentando políticas restrictivas, violencia institucional y discursos de odio.
La movilidad humana se ha visto afectada por medidas cada vez más duras en varios países. En Europa, el Consejo Europeo ha propuesto endurecer las políticas migratorias, facilitando expulsiones rápidas y criminalizando a las personas en situación irregular. Estas acciones refuerzan el modelo de externalización de fronteras, donde terceros países actúan como barreras para evitar la llegada de migrantes. En Estados Unidos, las detenciones arbitrarias y expulsiones en caliente continúan siendo una práctica común.
En España, diversas organizaciones proderechos de las personas migrantes han convocado concentraciones y manifestaciones en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona para este 18 de diciembre. Los colectivos denuncian la falta de dignidad y seguridad en los procesos migratorios, así como la violencia institucional que enfrentan los migrantes.
En Madrid, entidades como la Red Solidaria de Acogida, Coordinadora de Barrios y el Sindicato de Manteros han exigido el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y detener la construcción de cárceles en terceros países. En Valencia y Barcelona, las manifestaciones han destacado demandas como el acceso al padrón, vivienda digna y la regularización administrativa para todas las personas.
El empadronamiento, esencial para acceder a derechos sociales como la sanidad y la educación en España, se ha convertido en una lucha para las personas migrantes. Los requisitos cada vez más exigentes, como presentar un contrato de alquiler o escrituras de propiedad, dificultan su acceso, especialmente ante el racismo inmobiliario que impide alquilar viviendas a personas extranjeras.
Además, algunos ayuntamientos se niegan a empadronar a personas vulnerables que residen en albergues municipales o viviendas compartidas. Según la legislación española, toda persona que habite en un municipio tiene derecho a inscribirse en el padrón sin importar su nacionalidad o situación administrativa. Sin embargo, este derecho sigue siendo sistemáticamente negado.
Los discursos de odio contra las personas migrantes han cobrado fuerza en los últimos años, alimentando el racismo y la xenofobia. En 2025, se han registrado varios ataques violentos contra personas racializadas y migrantes, incluyendo casos graves como el de Torre Pacheco y agresiones policiales en Valencia, Catalunya y Madrid. Estas acciones reflejan una violencia institucional que se ve reforzada por redadas racistas y abusos de poder.
Las organizaciones convocantes señalan que criminalizar la migración perpetúa la exclusión y vulnerabilidad de estas comunidades. «Migrar no es delito», afirman, destacando la necesidad urgente de abordar estos discursos y garantizar la seguridad de quienes buscan un futuro mejor.
El acceso a una vivienda digna es otro desafío crítico para las personas migrantes. Este año, más de 200 personas fueron desalojadas de un antiguo colegio en Badalona que había sido su hogar durante años. En la operación policial, 15 personas fueron detenidas por encontrarse en situación irregular, evidenciando cómo las políticas punitivas se aplican en momentos de alta vulnerabilidad.
El racismo inmobiliario también limita el acceso a alquileres para personas extranjeras, una práctica prohibida por la Constitución española pero que persiste. Además, miles de trabajadores agrícolas migrantes viven en condiciones extremas en asentamientos chabolistas. En Huelva, por ejemplo, más de 5,000 jornaleros carecen de acceso a agua potable y electricidad. Este año se han registrado al menos 15 incendios en estos asentamientos sin que haya soluciones concretas para mejorar sus condiciones habitacionales.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «Regularización Ya», que busca garantizar derechos para medio millón de personas migrantes en situación irregular, sigue bloqueada en el Congreso español desde 2020. A pesar del apoyo social y político inicial, el documento permanece olvidado mientras miles de personas continúan trabajando y contribuyendo al país sin reconocimiento legal.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley de Extranjería entró en vigor este año con consecuencias negativas para solicitantes de asilo y refugio. Según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, solo se ha resuelto un 35% de las solicitudes de residencia inicial y un 12% de los expedientes por circunstancias excepcionales. Este colapso administrativo agrava aún más la situación de quienes buscan regularizar su estancia.
En este Día Internacional de las Personas Migrantes, los colectivos proderechos hacen un llamado urgente a garantizar derechos básicos como el acceso al padrón, vivienda digna y regularización administrativa. Además, exigen medidas efectivas contra los discursos de odio y la violencia institucional que perpetúan la exclusión social.
Las movilizaciones buscan visibilizar estas problemáticas y presionar a las autoridades para que implementen políticas inclusivas que respeten la dignidad y los derechos humanos de todas las personas migrantes. En un contexto global cada vez más hostil hacia quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen, estas demandas son un recordatorio del trabajo pendiente para construir sociedades más justas y solidarias.
