El desarrollo y aplicación de la Ley 32130, normativa que devolvió a la Policía Nacional del Perú la facultad para conducir investigaciones preliminares, adquirió un protagonismo central al justificar la reciente separación de Delia Espinoza, quien ostentaba el cargo de fiscal general suspendida. Según reportó el diario ‘La República’, el Parlamento peruano aprobó la inhabilitación de Espinoza por un periodo de diez años tras una votación decisiva celebrada el miércoles, luego de intensos debates y acusaciones de presuntas represalias políticas.
De acuerdo con la información publicada por ‘La República’, Delia Espinoza concentró su defensa en señalar que la sanción resultó de procesos disciplinarios motivados, en su opinión, por denuncias que ella impulsó contra al menos una decena de congresistas, los mismos que después participaron en la votación para apartarla de la función pública. Tal como consignó dicho medio, la votación parlamentaria alcanzó 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, sanción que se formalizó tras haberse iniciado el procedimiento disciplinario en su contra en septiembre por la Junta Nacional de Justicia.
El proceso legislativo contempló inicialmente una primera ronda de sufragios, en la que 63 parlamentarios respaldaron la medida, cifra insuficiente frente a los 68 votos requeridos. Este resultado derivó en la presentación de una reconsideración, acción promovida por dos congresistas que argumentaron, con base en un informe, que Espinoza no acató la Ley 32130. En la segunda ronda, la moción superó con creces el umbral necesario, de acuerdo con la cobertura de ‘La República’.
Entre las acusaciones formales enumeradas, el Legislativo incluyó abuso de autoridad, usurpación de funciones, delitos contra la fe pública y prevaricación, señaló el medio. A lo largo de su comparecencia previa a la resolución definitiva, Espinoza criticó la imparcialidad del proceso y atribuyó intereses políticos a la decisión parlamentaria, indicando que “ha quedado demostrado que no hay ningún hecho relevante, ha quedado públicamente demostrado que hay una arbitrariedad (…) Choqué con un poder oscuro que no me quiere, me refiero no al pleno sino a los señores de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente”.
Las declaraciones de Espinoza resonaron antes de la votación final, según narró ‘La República’, cuando acusó a los legisladores de “pisotear el Estado de derecho iniciando una dictadura parlamentaria”. La magistrada insistió en que el apartamiento de la función pública representaba una venganza impulsada “solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha”, y remarcó que no desarrolla actividad política sino judicial.
El caso de Espinoza adquirió relevancia tras la salida de Patricia Benavides, quien fuera restituida previamente a la jefatura del Ministerio Público pero apartada también después por su presunta vinculación en causas de corrupción y tráfico de influencias. La Junta Nacional de Justicia inició una indagatoria en septiembre hacia Espinoza, acusándola de faltar gravemente a sus deberes, fundamentalmente por no acatar una resolución que restituía a Benavides en el cargo. Espinoza, por su parte, señaló en reiteradas intervenciones que el expediente disciplinario contenía irregularidades y lo calificó, citando a ‘La República’, como un proceso “plagado de ilegalidades”.
Durante su defensa, la exfiscal general destacó que accedió al cargo con independencia: “sin deberle nada a nadie”, sostuvo ante el pleno, al tiempo que expresó su intención de retornar en algún momento a la Fiscalía. De acuerdo con ‘La República’, Espinoza reforzó que jamás cedió ante presiones ajenas y defendió su gestión autónoma frente a los señalamientos de subordinación a intereses políticos o parlamentarios.
El contexto en que se adopta la decisión de inhabilitación muestra tanto tensiones institucionales como disputas persistentes entre organismos constitucionales, consigna el mismo medio. A juicio de Espinoza, el Congreso desplegó acciones de acoso político y represalias, especialmente porque integrantes de la Cámara Baja aparecían entre los destinatarios de denuncias que había presentado en su rol de fiscal general. El momento coincide también con el debate sobre la independencia del Ministerio Público y los cuestionamientos sobre la influencia del Congreso en asuntos de investigación penal y control judicial.
El informe parlamentario justificó la máxima sanción contra Espinoza alegando que desobedeció la Ley 32130, lo que habría motivado la reacción de la mayoría legislativa, según análisis de ‘La República’. El debate recobró fuerza tras la destitución de Patricia Benavides, señalada por causas de corrupción, lo que a juicio de diferentes sectores reflejó la compleja relación existente entre órganos de persecución penal y el Congreso de la República.
La medida adoptada implica la exclusión de Espinoza de la función pública por el plazo de una década, constituyendo uno de los más severos castigos que contempla la legislación peruana para altos funcionarios. ‘La República’ expuso que la resolución se da en un marco en el que la Fiscalía enfrenta elevados niveles de escrutinio, tras una serie de enfrentamientos institucionales con otros poderes del Estado, y donde se discute la autonomía y las competencias de la autoridad persecutora frente a las directivas y leyes emanadas desde el Congreso.
Espinoza denunció irregularidades y presiones a lo largo de todo el procedimiento y agradeció el respaldo de quienes la apoyaron durante su gestión. El episodio eleva el debate en torno a las prácticas de control político sobre actores judiciales en Perú y evidencia los desafíos institucionales presentes en el equilibrio entre poderes, tal como señala de manera reiterada la cobertura de ‘La República’.
Newsroom Infobae
Fuente de esta noticia: https://www.infobae.com/america/agencias/2025/12/04/inhabilitada-por-diez-anos-la-fiscal-general-de-peru-suspendida-en-septiembre-delia-espinoza/
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