Sucre, (ANV).- Abogados y familiares de personas privadas de libertad se han movilizado a nivel nacional para exigir al Tribunal Supremo de Justicia la entrega de las certificaciones necesarias para que los reclusos puedan beneficiarse de un indulto emitido el 22 de octubre.
Marisol Murillo Maldonado, una de las abogadas presentes, señaló que, a pesar de la emisión de una circular que otorgaba 48 horas a los tribunales departamentales para emitir los antecedentes, «no se ha entregado ni uno» de estos documentos.
La movilización se produce en el último día hábil antes de la vacación judicial, lo que añade urgencia a la demanda de una fecha clara para la entrega de las certificaciones.
La ley de indulto establece que los privados de libertad con una sentencia de hasta 10 años pueden beneficiarse, siempre y cuando cumplan con cinco requisitos: mandamiento de condena, carnet de identidad, auto de admisión, certificado de buena conducta del centro y el certificado de antecedentes emitido por el Tribunal Supremo de Justicia.
No se contemplan edades, solo el tiempo de condena. Los delitos que se benefician de este indulto son aquellos considerados «mínimos», como el robo, y no incluyen delitos graves como violaciones o asesinatos.
A nivel nacional, se han presentado 2.100 solicitudes de indulto. Solo del municipio de Uncía, Potosí, 15 personas están solicitando este beneficio. Los manifestantes se han unido a la marcha en Sucre, la capital, para hacer llegar su petición a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia.
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