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Las recientes filtraciones atribuidas a alias “Calarcá”, presunto jefe de una estructura disidente de las antiguas FARC, han sacudido los cimientos institucionales de Colombia y desatado una controversia que trasciende el campo judicial para instalarse en los terrenos político, mediático, diplomático y, ahora, ciudadano. Los documentos, aún no verificados y sometidos a investigación- fueron obtenidos de dispositivos incautados por las autoridades y supuestamente evidencian posibles nexos entre miembros de organizaciones armadas ilegales y funcionarios del Estado, incluyendo figuras vinculadas al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia.
La publicación de estas filtraciones por parte de Noticias Caracol desató un terremoto político, no solo por el contenido, sino por la estrategia informativa utilizada: internacionalizar la discusión, enviando los documentos al corresponsal del canal en Estados Unidos, Juan Camilo Merlano, y buscando pronunciamientos del Departamento de Estado norteamericano, incluso antes de que las autoridades colombianas hubieran avanzado en la verificación judicial.
Este gesto generó un debate profundo: ¿es prudente trasladar a actores extranjeros información que aún no está comprobada y sigue en etapa de investigación? ¿Hasta qué punto esto representa una cesión de la soberanía informativa y una entrega del derecho del país a narrarse a sí mismo?
En redes sociales, miles de ciudadanos expresaron su molestia y desconfianza, señalando que al llevar información no verificada a escenarios internacionales, se permite que otros países decidan cómo se cuenta, cómo se interpreta y hasta cómo se presiona políticamente sobre la realidad nacional. Según esta percepción, cuando una versión no logra consolidarse dentro del país, algunos medios buscan credibilidad afuera, aun cuando eso implique abrir la puerta a injerencias externas, presiones diplomáticas o condicionamientos políticos.
La inconformidad también se dirigió al papel del periodista. Muchos se preguntan: ¿por qué una misiva tan delicada se dirige a un corresponsal en EE.UU. y no al Gobierno de Colombia o a las autoridades nacionales encargadas de investigar? Para los ciudadanos, este hecho evidencia una intención de proyectar el tema como un asunto de alcance geopolítico, antes que jurídico o institucional.
Críticos advierten que involucrar a gobiernos extranjeros en temas como seguridad nacional, inteligencia militar o procesos de paz puede generar efectos no deseados: desde sanciones diplomáticas hasta interferencias en decisiones soberanas. La opinión externa, cuando se usa como herramienta en debates internos, puede desdibujar la autonomía narrativa de un país y erosionar la confianza en las instituciones nacionales encargadas del esclarecimiento de los hechos.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro calificó las filtraciones como falsas y respaldó públicamente al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, señalados en los documentos. Aseguró que ambos han contribuido a desmantelar redes de corrupción militar. La Fiscalía General, por su parte, anunció la apertura de investigaciones para determinar si existieron infiltraciones, apoyos logísticos, creación de empresas fachada o vínculos con campañas políticas. El Ejército y la DNI activaron paralelamente sus protocolos de revisión interna.
Sin embargo, muchos ciudadanos sostienen que estas investigaciones debieron activarse desde el inicio, dentro del país, antes de que el caso se convirtiera en un fenómeno mediático internacional.
Todo esto ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre Colombia y Estados Unidos en temas como cooperación, inteligencia y lucha contra el crimen transnacional. En ese escenario, la difusión internacional de documentos no verificados reactivó entre los colombianos, una reflexión histórica: ¿hasta dónde puede llegar la prensa sin comprometer los principios de soberanía, institucionalidad y responsabilidad ética?
Lo que comenzó como una filtración mediática se ha transformado en un caso emblemático sobre los límites del periodismo, la responsabilidad en la difusión de documentos no confirmados y el derecho de un país a decidir cómo y ante quién se narra su propia verdad.
