Organizaciones internacionales, expertos bolivianos y políticos de oposición lanzaron duras críticas al Gobierno por la salida de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Bolivia, lo que consideran que debilitará la defensa de derechos humanos (DDHH) e impedirá denunciar y procesar a los funcionarios que incurren en vulneraciones por política.
“Bolivia: El gobierno de Luis Arce debilita la defensa de los derechos humanos. Al decidir no renovar el mandato de la misión del Acnudh en Bolivia deja a las bolivianas y bolivianos sin una entidad imparcial muy importante en el país que vigile los DDHH”, publicó en su cuenta de Twitter el representante de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz.
En una cadena de mensajes por la misma cuenta, Muñoz expresó una dura crítica a la “decisión política” del Gobierno boliviano y la calificó como una señal negativa. “El mensaje que envía el gobierno de Luis Arce a la comunidad internacional es claro: no quiere instancias internacionales que examinen de cerca sus prácticas sobre los derechos humanos. La principal víctima de esta decisión es, lamentablemente, la ciudadanía boliviana”, sostuvo.
Mencionó que la Oacnudh dio apoyo técnico para reformar la justicia en Bolivia; monitoreó el proceso contra la expresidenta Añez y promovió el diálogo para superar la polarización y los derechos de personas Lgbti, presos, mujeres, víctimas y otros grupos.
Para los abogados y expertos en derechos humanos Franco Albarracín y Jorge Quiroz, el Gobierno incurrió en una “expulsión disimulada” de la Oacnudh para ocultar de la comunidad internacional los casos de persecución política, judicial y detenciones indebidas que comete con fines políticos.
En contraparte, desde la Cancillería se emitió un comunicado en el que se niega la “expulsión”; señala que la salida de los representantes de la Oacnudh obedeció a un tema administrativo. “Esta instancia ha cumplido el tiempo de permanencia en el país que se había acordado anticipadamente con el Estado”, señala parte de un comunicado institucional.
La delegación de la Oacnudh comenzó su labor en diciembre de 2020 y extendió su permanencia en dos ocasiones; la primera ampliación fue hasta diciembre de 2021 y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2022.
La Cancillería aseguró que seguirá trabajando y cooperando con la Oacnudh desde Ginebra, Suiza, o a través de su oficina regional, con sede en la ciudad de Santiago, en Chile.
“Primero hay que desmentir que se trate de un tema administrativo, se trata de una expulsión del equipo de la Oacnudh que comenzaba a conocer el contexto de vulneraciones de derechos humanos en el país, donde se vive como en países donde rige la dictadura”, afirmó Albarracín.
Por su lado, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló que la salida del órgano internacional “amplía la discrecionalidad del MAS” para vulnerar derechos humanos y acelerar “la persecución política con más impunidad y violencia”. En un comunicado de esa fuerza política se anunciaron las gestiones para lograr que la Oacnudh tenga una presencia permanente en Bolivia.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se sumó a los cuestionamientos contra el delegado de la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya, la Fiscalía y el Órgano Judicial por ser parte del ensañamiento judicial contra quienes cuestionan al Gobierno.
“Afecta la imagen del Estado”
Jorge Quiroz, abogado y experto en casos de derechos humanos, afirmó que la “expulsión” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) de Bolivia daña la imagen del Estado en varios niveles, incluido el económico.
“Con esta expulsión se muestra al Estado como un sujeto que no respeta los derechos humanos, lo que hace que los inversionistas y empresas extranjeras califiquen a Bolivia como un territorio donde no existen garantías jurídicas. Un empresario en su sano juicio no invertiría en Bolivia si no sabe que no es parte del sistema universal de respeto a los derechos humanos”, explicó Quiroz.
Sostuvo que otro aspecto que afecta a la población civil, los actores políticos y quienes se atreven a cuestionar al Gobierno es no poder iniciar acciones legales contra los funcionarios y personas particulares que incurren en la violación a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En criterio de Quiroz, la falta de una representación de la Oacnudh en Bolivia impide y dificulta la presentación de demandas contra los involucrados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), además que se obstaculiza el monitoreo constante que el organismo internacional realiza sobre las denuncias de persecución política.
El experto espera que ante tantas críticas, el gobierno de Luis Arce solicite el retorno de la delegación internacional en un tiempo breve.
Página Siete
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