Imagen El Tiempo
Colombia se encuentra nuevamente ante una revelación que amenaza con sacudir los cimientos del poder político y económico en el país. El presidente Gustavo Petro denunció públicamente la existencia de una organización criminal de gran alcance conocida como la “Junta del Narcotráfico” o “Cartel de Bogotá”, una estructura que, según informes oficiales y estudios independientes, opera como un sofisticado conglomerado de intereses ilegales, con tentáculos en sectores empresariales, financieros y políticos.
El mandatario señaló que detrás de esta red se esconden figuras influyentes del centro del país, algunos de ellos reconocidos actores de la vida pública, que habrían servido como enlaces entre el narcotráfico y la política. Aunque no reveló nombres, Petro insinuó que las investigaciones avanzan con rapidez y que en los próximos días se conocerán los primeros resultados oficiales. “Cuando hablo, es porque ya tenemos la información en nuestras manos”, habría dicho el presidente en tono enérgico, dando a entender que las pruebas son contundentes.
La denuncia no surge en el vacío. Desde hace meses, distintas fuentes académicas, judiciales y periodísticas vienen advirtiendo sobre la existencia de un grupo que coordina operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos y control de rentas ilegales desde Bogotá, extendiendo su poder hacia regiones del centro y el occidente del país. De acuerdo con versiones recogidas por investigadores, la llamada Junta del Narcotráfico tendría su centro financiero en Dubái, desde donde se canalizarían los recursos de exportaciones ilícitas hacia mercados europeos y africanos.
Uno de los estudios más exhaustivos sobre este fenómeno fue realizado por el periodista e investigador Petrit Baquero en su libro “Las guerras esmeralderas en Colombia”. En su obra, Baquero describe con detalle cómo la organización ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser un actor marginal en el negocio de la cocaína a convertirse en uno de los principales exportadores del país. Según sus hallazgos, tras un acuerdo judicial en Estados Unidos, la estructura modificó sus rutas tradicionales hacia México y el Caribe, redirigiendo sus operaciones hacia Europa. Además, el grupo habría decidido diversificar sus actividades, entrando con fuerza en el mercado de las esmeraldas, una industria que genera más de 150 millones de dólares anuales y que históricamente ha estado marcada por conflictos violentos y disputas entre clanes.
Baquero también sostiene que el poder de esta red no se limita al tráfico de drogas o piedras preciosas. En su análisis, la Junta del Narcotráfico habría tejido una compleja red de influencias que incluye empresarios, funcionarios públicos y políticos con capacidad de decisión sobre contratos, licencias y políticas de seguridad. Esta interconexión, según el autor, les ha permitido mantener un perfil bajo, camuflando sus operaciones bajo la apariencia de legalidad y usando el poder político como escudo protector.
El pronunciamiento del presidente Petro, sin embargo, rompe ese silencio institucional. Su denuncia no solo apunta a la existencia de una mafia con alcance internacional, sino que además sugiere una infiltración directa en las estructuras políticas de la capital y del centro del país. En sus palabras, “el narcotráfico no se combate solo en las selvas o en los puertos; también se combate en los salones del poder”.
Las implicaciones de estas declaraciones son profundas. Si se confirman las sospechas, el país estaría frente a una de las revelaciones más graves de los últimos años: un cartel que no opera desde la periferia sino desde el corazón mismo del Estado, protegido por figuras políticas y empresariales que durante décadas han mantenido su influencia bajo una fachada de respetabilidad.
Los analistas coinciden en que el mensaje del presidente no es casual. Llega en un momento de fuerte tensión política y de creciente presión internacional para que Colombia avance en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. La denuncia, además, podría abrir una nueva etapa en la relación entre el gobierno y ciertos sectores de poder económico que, según versiones no oficiales, habrían financiado campañas o sostenido acuerdos informales con actores vinculados a economías ilícitas.
Mientras tanto, la expectativa en el país es enorme. En los círculos políticos de Bogotá se respira un ambiente de cautela y nerviosismo. Algunos congresistas cercanos al gobierno han solicitado que la Fiscalía General actúe de manera inmediata para esclarecer los hechos y evitar que el escándalo se diluya entre rumores y especulaciones. Otros, desde la oposición, han pedido prudencia, argumentando que las denuncias deben sustentarse en pruebas judiciales y no en declaraciones públicas.
Sin embargo, para muchos colombianos, las palabras del presidente resuenan como un llamado urgente a mirar de frente una realidad que durante décadas se ha negado a reconocer: que el narcotráfico no solo se alimenta de los cultivos y laboratorios escondidos en la selva, sino también de las alianzas que se tejen en los pasillos del poder político y financiero.
Petro, fiel a su estilo directo, parece decidido a exponer esas conexiones. Y si las investigaciones que menciona llegan a comprobarse, Colombia podría estar ante una revelación histórica, una que redefiniría los límites entre el crimen y la política, y pondría en evidencia que el narcotráfico no solo es un negocio ilegal, sino un sistema profundamente entrelazado con las estructuras del poder nacional.
En los próximos días se espera que se conozcan nuevos detalles. Por ahora, el país observa con atención el desarrollo de una historia que, más allá de sus implicaciones judiciales, podría marcar un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico y en la credibilidad de la clase política colombiana.
carloscastaneda@prensamercosur.org
