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En una decisión que refuerza el compromiso del Estado con la defensa de la legalidad y la protección del verdadero sindicalismo, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, anunciaron que las autoridades podrán sellar los establecimientos que operen bajo la figura de “sindicatos” si no cumplen con los requisitos establecidos para funcionar como comercios formales.
La declaración se dio durante una mesa resolutiva liderada por la Personería de Bogotá, que reunió a representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y personerías municipales. En el encuentro, se abordó un fenómeno que ha despertado preocupación institucional: el uso indebido de la figura sindical para encubrir actividades económicas que violan las normas comerciales, laborales y penales.
De acuerdo con cifras presentadas por el personero Andrés Castro Franco, actualmente se han identificado cerca de 200 establecimientos en 19 localidades de la capital que operan bajo la fachada de “sindicatos”. Muchos de estos lugares, advirtió, no solo carecen de los permisos necesarios, sino que además están vinculados a situaciones de alto riesgo social como la presencia de menores de edad, venta de licor sin control, porte de armas, consumo de alucinógenos y casos de trata de personas.
“El respeto por la libertad sindical es una conquista que no podemos permitir que se degrade. Bogotá defiende el derecho de los trabajadores a organizarse, pero no tolerará que esa figura sea usada como escudo para evadir la ley. Proteger el sindicalismo auténtico es también proteger su legitimidad, su historia y su función social”, expresó el personero Andrés Castro Franco, quien reiteró que la Personería intensificará su labor de vigilancia preventiva para garantizar que estas prácticas irregulares sean sancionadas por las autoridades competentes.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, respaldó plenamente la posición del Ministerio Público Distrital y anunció que su cartera expedirá una circular aclaratoria que dejará sin ambigüedades el alcance jurídico de los sindicatos frente a la actividad comercial. Según explicó, el simple registro sindical no habilita a ninguna organización para operar como establecimiento de comercio. Por el contrario, todos los locales que realicen actividades económicas deben cumplir con las normas de funcionamiento, horarios y seguridad exigidas por la ley.
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“Los sindicatos son una expresión legítima de los derechos laborales conquistados con esfuerzo y sacrificio. Nuestro deber es protegerlos de quienes los utilizan como fachada para la ilegalidad. La libertad sindical no significa impunidad, y ningún registro ante el Ministerio del Trabajo puede reemplazar los requisitos que debe cumplir cualquier establecimiento comercial. Seremos guardianes de la legalidad y de la dignidad del sindicalismo colombiano”, señaló el ministro Sanguino.
Durante el encuentro, las instituciones asistentes coincidieron en que este problema no se limita a Bogotá, sino que se ha expandido a otras regiones del país, configurando un fenómeno nacional que requiere coordinación interinstitucional. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, destacó la labor articuladora de la Personería de Bogotá, que ha promovido la unión de esfuerzos entre las entidades distritales y el Gobierno Nacional para fortalecer los controles y garantizar el cumplimiento de las normas.
El secretario de Seguridad, César Restrepo, subrayó que el uso irregular de la figura sindical ha servido de refugio para actividades ilícitas que alteran la convivencia ciudadana, razón por la cual es urgente actuar de manera conjunta. “No podemos permitir que una herramienta legítima de los trabajadores sea convertida en un mecanismo para eludir la ley. Bogotá necesita instituciones fuertes y coordinadas para proteger tanto el derecho de asociación como el orden público”, afirmó.
Como resultado de la mesa de trabajo, se adoptaron cuatro compromisos concretos: la expedición de una circular del Ministerio de Trabajo aclarando los límites de la figura sindical en materia comercial; la aplicación de sanciones con acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la creación de un mecanismo permanente de articulación entre las autoridades nacionales y distritales; y el fortalecimiento de las inspecciones laborales y comerciales para detectar posibles irregularidades.
El personero Andrés Castro Franco resaltó que la acción conjunta con el Ministerio de Trabajo y demás entidades marca un punto de inflexión en la defensa de la institucionalidad y la transparencia sindical. “No se trata de perseguir a los sindicatos, sino de protegerlos. Cuando alguien se aprovecha de su nombre para evadir controles, está afectando a miles de trabajadores que sí creen en el sindicalismo como una herramienta legítima de justicia social”, enfatizó.
Por su parte, el ministro Sanguino reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los derechos laborales y la preservación de la legalidad. “Defender el sindicalismo auténtico es también defender el Estado de Derecho. No permitiremos que su nombre sea utilizado como cobertura para actividades ilícitas o para la vulneración de las normas penales y comerciales”, concluyó.
Con esta decisión, la Personería de Bogotá y el Ministerio de Trabajo envían un mensaje claro y contundente: en Colombia, la libertad sindical se respeta, pero no se abusa. El sindicalismo es una conquista social que merece ser protegida de quienes intentan distorsionar su esencia. La legalidad, la transparencia y la convivencia seguirán siendo pilares del trabajo conjunto entre las autoridades distritales y nacionales, en defensa de una ciudad y un país que valoran el trabajo digno, la justicia y el respeto por la ley.
carloscastaneda@prensamercosur.org
