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En un giro político y jurídico que reconfigura el escenario nacional, la Procuraduría General de la Nación dejó sin efecto la suspensión de tres meses impuesta a Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia y hoy precandidato presidencial, por presunta extralimitación de funciones en la Cancillería durante el proceso de expedición de pasaportes.
La decisión, anunciada por el propio Saade en un mensaje público, revoca una medida que él calificó como “más política que jurídica”.
“La Procuraduría revocó la suspensión provisional en mi contra. Esta decisión confirma lo que siempre he sostenido: no me aferro a los cargos ni a los privilegios; mi compromiso es con el país, con el poder popular y con la transparencia en el servicio público”, expresó Saade.
La revocatoria deja sin efectos jurídicos la sanción que, según el exfuncionario, nunca tuvo sustento real. “Desde el 1 de septiembre se siguen entregando los pasaportes a los colombianos y en ningún momento se han dejado de entregar”, subrayó.
Fiel a su estilo desafiante, Saade aseguró estar dispuesto a comparecer ante cualquier instancia:
“Estoy dispuesto a demostrar, con hechos y en derecho, que no he incurrido en falta disciplinaria alguna. Mi trayectoria y mis actos son prueba de ello. Hoy puedo continuar con la frente en alto, como la he mantenido a lo largo de mi vida y de mi ejercicio profesional”, sostuvo.
La controversia ha despertado un nuevo debate en la opinión pública: ¿debería Saade regresar a la Casa de Nariño como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro? Aunque sectores de la prensa nacional han criticado su gestión, el tiempo parece darle la razón en decisiones estratégicas que marcaron un punto de inflexión.
Una de las más resonantes fue la finalización del contrato con la multinacional Thomas Greg & Sons, empresa que por años concentró el manejo de los datos de los colombianos a través de contratos multimillonarios. En su lugar, el Estado colombiano inició un convenio con la Imprenta Nacional de Portugal, que no solo asumirá la expedición de los pasaportes, sino que, al finalizar el acuerdo, donará las máquinas necesarias para que Colombia produzca soberanamente sus propios documentos.
Ese paso, considerado histórico, abre la puerta a una independencia tecnológica en materia de identificación y reduce la dependencia de operadores privados internacionales. Para muchos, esta conquista no puede desvincularse de la gestión de Saade, a quien, pese a las críticas, se le reconoce haber abierto el camino hacia una mayor soberanía documental.
La resolución de la Procuraduría no solo despeja el panorama jurídico de Saade, sino que lo reposiciona en el tablero político. La pregunta ya no es solo si volverá a su cargo en Palacio, sino si este episodio fortalece su narrativa de lucha contra los intereses privados y lo proyecta como un candidato con mayor respaldo popular en la contienda que se avecina.
carloscastaneda@prensamercosur.org
