Imagen Cortesía
La Contraloría General de la República de Colombia reveló un hallazgo fiscal que podría sacudir la confianza en la administración de la aviación civil del país. Según los resultados de una auditoría financiera aplicada a la Aeronáutica Civil en la vigencia de 2024, se estableció un detrimento patrimonial cercano a los 5.670 millones de pesos, cifra que corresponde a irregularidades detectadas en contratos suscritos por la entidad, específicamente relacionados con la operación y el mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas potables, residuales e industriales en diez aeropuertos nacionales.
La investigación determinó que dichos contratos fueron ejecutados sin contar con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales requeridas por la normatividad vigente, una omisión que, además de configurar un incumplimiento legal, supone un grave riesgo de afectación a la salud pública de usuarios, trabajadores y habitantes de las comunidades vecinas a los terminales aéreos. Entre los aeropuertos afectados se encuentran los de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón, donde la Contraloría comprobó la ausencia de concesiones de agua para el funcionamiento de plantas de tratamiento potabilizadoras, así como la falta de permisos de vertimiento para las plantas de aguas residuales. La situación es particularmente crítica en Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia, donde no existe ningún permiso vigente para la captación ni para el tratamiento del agua, mientras que en Neiva, Pitalito, Mariquita, Guaymaral y Florencia tampoco se cumplen los requisitos básicos para las descargas de aguas residuales en el entorno.
La gravedad de este hallazgo se mide no solo en la dimensión económica de los recursos comprometidos, sino también en las implicaciones sociales y sanitarias de haber permitido la operación de sistemas de agua sin los debidos controles ambientales. El agua destinada al consumo humano y el manejo de residuos líquidos de aeropuertos son componentes críticos en la protección de la salud pública, y al omitir la regulación que exige licencias, la Aerocivil habría dejado expuestas a miles de personas a riesgos que van desde contaminación hídrica hasta posibles brotes sanitarios. La Contraloría, al advertir esta omisión, fue enfática al señalar que se trata de un incumplimiento que no puede calificarse de menor, pues compromete directamente la seguridad de los ciudadanos y la confianza en la gestión pública.
Pero los hallazgos no se detuvieron allí. La auditoría reveló también la preocupante ineficiencia en la ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), iniciativa prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, cuyo propósito es conectar las regiones más apartadas del país a través de obras de infraestructura aérea. Este programa contemplaba la intervención de 14 aeródromos en territorios apartados, con un presupuesto superior a los 377 mil millones de pesos comprometidos mediante convenios interadministrativos con entidades como el Ejército Nacional y ENTerritorio. Sin embargo, a diciembre de 2024, el avance físico de las obras apenas alcanzaba un 2,31%, pese a que el cronograma fijaba la entrega para mayo de 2025. En la práctica, solo se registraron avances visibles en dos de los seis aeródromos priorizados: Cumaribo, con un 8,47%, y La Primavera, con un 6,28%. El resto de los proyectos se encontraba en una virtual parálisis, lo que abre la puerta a sobrecostos, retrasos y un impacto directo sobre comunidades que dependen del transporte aéreo para acceder a servicios básicos, medicinas, alimentos y oportunidades de conectividad.
El resultado de esta auditoría deja en evidencia una paradoja dolorosa: mientras el Gobierno Nacional elevó a rango prioritario el desarrollo de la infraestructura aérea para integrar las regiones más apartadas, la entidad responsable de llevarlo a cabo exhibe un nivel de ejecución ínfimo que amenaza con enterrar las expectativas de miles de colombianos. En zonas donde las vías terrestres son inexistentes o intransitables durante largos períodos del año, la aviación no es un lujo, sino la única puerta de acceso al resto del país. Que un programa como el ASAES apenas haya superado el dos por ciento de avance a tan pocos meses de su fecha de culminación representa no solo una falla administrativa, sino un golpe directo a la esperanza de quienes confiaban en que la conectividad aérea mejoraría sus condiciones de vida.
La Contraloría advirtió que esta doble situación, la contratación irregular sin licencias ambientales y la parálisis del programa estratégico de conectividad. configura un cuadro de debilidad institucional que exige correctivos inmediatos. La suma de un detrimento patrimonial de miles de millones, el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de sostenibilidad ambiental y el incumplimiento de programas sociales de infraestructura esencial, plantea un escenario que podría trascender el ámbito local y afectar la reputación de Colombia en foros internacionales sobre transparencia, infraestructura y protección ambiental.
El informe de auditoría concluye que la Aerocivil no solo falló en la gestión de los recursos asignados, sino que también dejó sin garantías a las comunidades a las que debía servir. El incumplimiento de normas ambientales, la exposición de la salud pública a riesgos evitables y la postergación de programas vitales para territorios aislados evidencian una crisis de gobernanza en el sector aéreo. La entidad de control dejó claro que las irregularidades detectadas no son administrativas menores, sino hechos de alto impacto que ponen en tela de juicio la capacidad del Estado para cumplir con su promesa de modernización, conectividad y respeto por el medio ambiente.
carloscastaneda@prensamercosur.org
