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En Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y cuna de la historia latinoamericana, el agua escasea, los hospitales colapsan y la inseguridad mantiene a los barrios sitiados por el miedo. Sin embargo, el despacho del alcalde Carlos Pinedo Cuello ha destinado en apenas dieciocho meses más de 8.479 millones de pesos en publicidad oficial, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La cifra equivale a 14 millones diarios en propaganda, un derroche que ya supera en más de 3.000 millones todo lo invertido por su antecesora y prima, Virna Johnson, durante sus cuatro años de mandato.
La denuncia ha sacudido no solo a la opinión pública local, sino también a organismos de vigilancia nacional, porque no se trata únicamente de un gasto desproporcionado. La FLIP documenta que todos los contratos fueron adjudicados de manera directa, beneficiando a 27 empresas, cinco de las cuales concentran más del 60 % de los recursos. Más grave aún, los convenios obligan a medios de comunicación a difundir entrevistas, cubrir eventos y publicar contenidos elaborados por la propia administración. Una práctica que, bajo la fachada de “publicidad institucional”, erosiona la independencia periodística y convierte a la prensa en un aparato propagandístico financiado con dinero público.
Este modelo de contratación, marcado por objetos contractuales repetidos, ausencia de justificación técnica y opacidad en la ejecución, configura lo que la FLIP describe como una estrategia sistemática de manipulación mediática. En términos legales, roza lo que el Estatuto Anticorrupción prohíbe expresamente: el uso del erario para la promoción personal de funcionarios públicos.
El contraste con la realidad de Santa Marta es brutal. Mientras miles de familias hacen filas interminables para recibir agua de un carrotanque, mientras las calles se hunden y la pobreza empuja al desempleo a cientos de jóvenes, el gobierno local ha preferido hipotecar el presupuesto ciudadano en la construcción de una imagen política blindada por contratos y micrófonos complacientes.
La conmemoración de los 500 años de la ciudad, que debería ser una oportunidad para mostrar al mundo un territorio renovado, termina empañada por un récord indignante: un alcalde que pasará a la historia no por resolver los problemas estructurales de la capital del Magdalena, sino por despilfarrar recursos en propaganda y condicionar la libertad de prensa.
El escándalo no se limita a la esfera administrativa. El apellido Pinedo carga con un prontuario político que revela hasta qué punto los clanes familiares marcan la política caribeña. Carlos Pinedo Cuello es hijo del fallecido Miguel Pinedo Barros, un veterano congresista, cuya pensión de sobreviviente fue revocada en 2015 por haber sido recibida indebidamente hasta los 42 años de su hijo. Su hermano Osmer David Pinedo fue condenado en 2006 por estafa y falsedad en documento público, y su medio hermano, Miguel Pinedo Vidal, exsenador, fue hallado culpable en 2012 por sus alianzas con el paramilitarismo del Frente Resistencia Tayrona, liderado por Hernán Giraldo Serna, para asegurar votos en las elecciones de 1998 y 2002, según lo redactó la Silla Vacía , medio de comunicación Colombiano.
Lo que ocurre en Santa Marta se inscribe en una tendencia latinoamericana cada vez más preocupante: gobiernos locales que, en lugar de responder a las urgencias de sus ciudadanos, utilizan el presupuesto público como herramienta de control mediático y propaganda política. La paradoja es dolorosa: mientras los samarios se hunden en la escasez y el abandono, su alcalde invierte sumas descomunales en construir una narrativa ficticia de progreso que se desmorona frente a los hechos.
Santa Marta no necesita discursos fabricados ni propaganda pagada, necesita agua, empleo y dignidad. Y lo que hoy se revela, con crudeza, es el retrato de un poder político obsesionado con su propia imagen, dispuesto a silenciar voces críticas y a hipotecar el futuro de toda una ciudad con tal de perpetuar un espejismo.
