1) Marco legal: Ley de Montes y reparto competencial
La Ley 43/2003 de Montes, y sus reformas sustanciales como la Ley 21/2015, construyen la estructura jurídica de la política forestal española; abarcando conservación, gestión, restauración post-incendios, ordenación, uso público, e indiscutiblemente, prevención y el combate de fuegos. Puntos clave, para este análisis:
Establece competencias distribuidas: el Estado determina bases y la coordinación, aunque las CCAA planifican y las implementan (ej. planes autonómicos como INFOCA en Andalucía, INFOCAL en Castilla y León, INFOCAM en Castilla-La Mancha, INFOCAT en Cataluña, PLADIGA en Galicia etc.).
Fomenta instrumentos de planeación y prevención (planes de defensa, silvicultura preventiva, cortafuegos, quemas controladas, regulación de usos durante el periodo peligroso etc.) e incluye responsabilidades administrativas y penales por imprudencias y provocaciones.
El MITECO y Protección Civil, en cooperación con la Administración General del Estado, despliegan recursos estatales (BRIF, aeronaves, UME, satélites, modelización del riesgo) que son asignados a las CCAA según lo amerite la situación.
Las activaciones y los «Avances informativos», se difunden durante la campaña del 1 de junio al 15 de octubre. Ministerio de Transición Ecológica, Protección Civil lo corrobora.
La práctica refrenda el enfoque «prevención 360º»: la gestión del combustible mediante desbroces, fajas auxiliares, y pastoreo dirigido, junto a quemas prescritas invernales. La mejora de accesos y puntos de agua es primordial, asi como la vigilancia (torres, cámaras, satélites). Esto sumado a la profesionalización del operativo con cuadrillas helitransportadas y retenes de invierno, es crucial. Paralelamente, evaluaciones y prensa, subrayan tensiones presupuestarias de la ultima década, con especial incidencia en la prevención, versus la extinción. Cadena SER, Infobae informan de ello.
2) Inversión autonómica 2025 y sus notas.
He recabado cifras públicas, de 2025 recientes, provenientes de diversas CCAA. Algunas administraciones exhiben el total de la campaña de prevención y extinción, mientras que otras desglosan por capítulos. En ausencia de un desglose fiable de 2025, se indicará.
Cataluña: ejecución de 2024, empleada como aproximación para 2025 debido a la continuidad del programa, unos 327,61 M€, la Dirección General de Prevención y Extinción junto con Gestión Forestal lo certifican. El INFOCAT y el Pla Alfa, herramientas clave para la valoración de niveles de riesgo.
Castilla y León: Entre 200 y 201 M€ en 2025, divididos en 75 M€ para la prevención y 126 M€ para extinción, un desglose oficial.
Plan INFOSCAL/INFOCAL en los medios.
Galicia: PLADIGA 2025 unos 200 M€ es el total.
Andalucía: 211 M€ en prevención y restauración del 2024 a 2025, esto incluye los planes INFOCA y mas refuerzos; ademas, el TCE destaco que el 56,8% del plan andaluz para 2025 se destina a prevención, considerando el contexto europeo.
Castilla-La Mancha: 116 M€ en el 2025, desglosado en 60 M€ para prevención y 56 M€ para extinción, con INFOCAM presente.
Comunidad de Madrid: 50,9 M€ componen el total del plan 2025.
Comunitat Valenciana: supera los 20 M€ en el capitulo de prevención, comprendido dentro del “Stop al Foc 2025”.
He introducido estos datos en una tabla interactiva y he creado gráficos a color; concretamente, barras de totales, de prevención y un pastel ilustrando la distribución de la prevención. Los gráficos se pueden ver encima en su visor.
Interpretación de las cifras, con reservas:
En términos generales, Cataluña y Castilla y León revelan las sumas mas elevadas entre las CCAA de las que existe información pública consolidada para 2025, o un proxy aceptable; mientras Galicia mantiene un plan rondando los 200 M€.
Analizando la profilaxis, Andalucía y Castilla-La Mancha despliegan un esfuerzo cuantificado y definido (211 M€ y 60 M€, por orden), mientras Castilla y León destina 75 M€. La Comunitat Valenciana anuncia >20 M€ dedicados puramente a la prevención; otras regiones engloban la prevención en partidas mas vastas.
Fuentes periodísticas variadas y evaluaciones recientes delatan una disparidad histórica: el gasto en prevención sufriría una disminución de casi la mitad (–50/–51%) entre 2009 y 2022, aunque se atisban repuntes selectivos o cierta estabilidad para el bienio 2024–2025. Esto facilita entender la presión sobre las operaciones de extinción, a pesar de los avances técnicos y la mejor coordinación.
3) Comparativa de sistemas de prevención y extinción: distinciones notables entre las CCAA
Cataluña (INFOCAT / Pla Alfa): un modelo avanzado que utiliza niveles de riesgo diarios (de 0 a 4), útil para implementar restricciones (quemas, maquinaria, uso público) y desplegar los recursos. Además, apoya las quemas prescritas y la creación de mosaicos agroforestales.
Galicia (PLADIGA): se centra en el personal cercano, la vigilancia, la red de puntos de agua y la cooperación con la administración local; sufre presiones por los incendios antrópicos relacionados con usos tradicionales y negligencias.
El programa Medio Rural Xunta, Andalucía (INFOCA), muestra un despliegue notable de personal estable y recursos aéreos robustos; la Junta enfatiza la prevención y la restauración como inversiones clave durante el bienio 2024–2025; esta estrategia se apoya en la sinergia de la selvicultura preventiva y una guardia permanente.
La Junta de Andalucía informa que en Castilla y León se planea un aumento significativo para el 2025 (aproximadamente 200 M€), incluyendo 75 M€ dedicados a la prevención. No obstante, un debate público reciente se ha centrado en la gestión operativa y la priorización de respuestas en grandes incendios, según CSIF.
RTVE y Cadena SER muestran, la planificación de Castilla-La Mancha (INFOCAM) se caracteriza por una clara distinción entre prevención y extinción (60/56 M€), junto con un dispositivo estable de vigilancia y brigadas helitransportadas.
La Comunitat Valenciana pone en marcha el programa “Stop al Foc”, que incluye profesionales dedicados a la prevención, subsidios para planes preventivos locales y campañas de concienciación; se fortalece el compromiso municipal.
Finalmente, Islas Canarias, con un enfoque central en la gestión del paisaje mediante prácticas como mosaicos y pastoreo dirigido; además, se implementa la profesionalización del dispositivo insular (cabildos), integrando las lecciones aprendidas de los incidentes de 2007 y 2019, lo que ha influido en la combinación preventiva buscando efectividad en los costes.
En 2025, destacan las prácticas transversales más promisorias:
La utilización de pastoreo dirigido y la creación de mosaicos resultan eficaces para reducir la acumulación de combustible, con costes considerablemente menores comparado con la limpieza manual extensiva.
Las quemas prescritas invernales son una técnica preventiva de considerable impacto cuando se ejecutan dentro de ventanas meteorológicas seguras.
La profesionalización anual del dispositivo, no solamente enfocada en lo estacional, es critico.
Es fundamental la modelización y vigilancia mediante índices diarios de peligro, datos satelitales y también Inteligencia Artificial.
4) Clasificación basada en la inversión (recursos disponibles)
Utilizando datos públicos y uniformizados hasta el año 2025 (o proxy 2024→2025 cuando la administración los proporciona), se pueden elaborar dos clasificaciones distintas:
A) Clasificación por presupuesto total de campaña (prevención + extinción), 2025
Cataluña – 327,61 millones de € (estimado 2025)
Castilla y León – 201 millones de €
Galicia – 200 millones de €
Castilla-La Mancha – 116 millones de €
Comunidad de Madrid – 50,9 millones de €
(Otras Comunidades Autónomas: sin una cifra total homologada en los comunicados revisados.)
B) Clasificación por prevención exclusiva, 2025
Andalucía – 211 millones de € (prevención + restauración 2024–2025)
Castilla y León – 75 millones de €
Castilla-La Mancha – 60 millones de €
Comunitat Valenciana – >20 millones de €
(Resto: sin desglose de prevención 2025 publicado en términos comparables.)
5) ¿Y la clasificación provincial de 2025?
Es aquí, donde la honestidad y metodología entran: a fecha del 26 de agosto de 2025, no existe un repositorio estatal, único, oficial y abierto que revele el gasto ejecutado en prevención en 2025 a nivel provincial, de manera que se pueda comparar entre las distintas Comunidades Autónomas.
El origen de esto radica en una triple consideración.
El gasto, previsto y aplicado a nivel autonómico -cada cual con su estructura propia.
En diversas Comunidades Autónomas, la administración provincial opera indirectamente -a través de agencias regionales, cabildos, diputaciones, consorcios, entre otros.
Además la contabilidad y clasificación del gasto -capítulos, programas- no es uniforme entre territorios, a mas de esto, el reporte de 2025 aún no ha sido completado y publicado en plataformas estadísticas.
Por disciplina profesional, es imposible para mí, construir un ranking provincial sin datos de respaldo suficientes. En cambio, presento dos alternativas viables:
Un ranking por CCAA en 2025 -como el ya disponible, por precaución y por totalidad-.
Un ranking provincial de referencia dentro de una CCAA específica que divulgue información detallada -por ejemplo, licitaciones o contratos por provincia en el perfil del contratante o memorias del operativo. Si se proporciona una CCAA específica, puedo investigar y elaborar dicho ranking provincial utilizando fuentes oficiales.
Observaciones metodológicas y contextuales:
Fuentes y referencias -ejemplo representativo-:
BOE -Ley de Montes y modificación de 2015-: marco legal y competencias.
BOE.
BOE.
MITECO / Protección Civil: asignación y coordinación de recursos estatales, advertencias y avances de campaña.
Ministerio de Transición Ecológica, bajo su tutela, Protección Civil.
Las cifras autonómicas para 2025 muestran: Cataluña con 327,61 M€, con proxy ejecución de 2024. Galicia destina 200 M€, con PLADIGA para 2025. Castilla y León oscila entre 200–201 M€, repartidos en 75 para prevención y 126 para extinción. Castilla-La Mancha, con 116 M€, subdivididos en 60/56. Madrid asigna 50,9 M€ en total. Andalucía cuenta con 211 M€ para prevención y restauración entre 24–25. Comunitat Valenciana, con >20 M€ se enfoca en prevención Stop al Foc.
Se observa un aporte adicional de RTVE, Newtral, infocam.castillalamancha.es, València Extra y Junta de Andalucía.
Las evaluaciones contextuales sugieren una tendencia de disminución en el gasto de prevención durante la última década. Se destacan las buenas prácticas de gestión del paisaje mediante pastoreo y mosaicos en Canarias.
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La UE, conjuntamente con el Tribunal de Cuentas Europeo, examinan la distribución entre prevención versus extinción, citando como ejemplo a Andalucía, quien en 2025, dedicará un 56,8% a la prevención. La European Court of Auditors es otro punto de referencia.
Respecto a los gráficos generados, estos revelan:
Gráficos de barras sobre la campaña total para 2025: sobresale Cataluña, superando los 300 M€, seguida de Castilla y León y Galicia, rondando los 200 M€, luego C-LM con ~116 M€, y finalmente Madrid, con cerca de 51 M€.
Gráficos de barras dedicados a la prevención en 2025: Andalucía destaca con 211 M€, continuando con Castilla y León, destinando 75 M€, y Castilla-La Mancha, asignando 60 M€, complementado con la Comunitat Valenciana y más de 20 M€.
Gráficos de pastel (enfocados en prevención): visualizan el peso de cada comunidad autónoma dentro del subconjunto de regiones que proporcionen datos explícitos en cuanto a prevención.
Dime si necesita la tabla descargada, y la puedo exportar al instante en Excel o CSV.
Conclusiones de alto nivel
La Ley de Montes y su reforma de 2015 apuntalan un esquema donde el éxito reside en: una planificación autonómica robusta, financiación anual de prevención firme, y una coordinación efectiva entre el Estado y las Comunidades Autónomas para momentos críticos.
Para 2025 observamos compromisos definidos (Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, C. Valenciana, Madrid), sin embargo no todas revelan el mismo nivel de detalle. Si existe detalle, la prevención avanza en varias regiones (Andalucía, C-LM, CyL), acorde con las directrices europeas que favorecen la inversión preventiva.
El histórico déficit en prevención (–50 % frente a 2009–2022) persiste: un aumento en los incendios originados por el ser humano y escenarios climáticos más extremos por el cambio climático demandan infraestructuras permanentes y gestión del combustible (mosaicos, pastoreo, quemas controladas).
La clasificación provincial para 2025, actualmente, no es viable con seguridad, por la falta de datos uniformes.
Propongo, a su consideración, la creación de clasificaciones provinciales por CCAA, en el supuesto de que resulte apropiado, siempre que dispongan de perfiles de contratante y memorias con especificación territorial como, verbigracia, Castilla y León o Andalucía, para su posterior publicación consolidada.
