Petro, sobre prófugo en Nicaragua: “No protejo a quien traiciona al pueblo”
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Desde la Casa de Nariño, en un encendido consejo de ministros celebrado en la noche del viernes 15 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una declaración contundente sobre el escándalo que envuelve a su exaliado político y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia y acogido por el régimen de Nicaragua.
“La prensa quiere hacernos ver como si estuviéramos protegiendo a un amigote que se robó una plata. Yo no protejo amigotes que se roban la plata. Siempre he pedido que vayan a la cárcel. Y le pido a mis amigos que ni se les ocurra, porque no van a tener amigo para defenderse”, dijo con tono firme el mandatario colombiano, marcando distancia con un hombre que, durante años, fue parte de su círculo político más próximo.
González, quien actualmente reside en Managua, se refugió en territorio nicaragüense en noviembre de 2024, poco antes de que se intensificaran las investigaciones por su presunta participación en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno: el caso UNGRD.
La Fiscalía colombiana lo investiga por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, en el marco de una trama que involucró el desvío de al menos 7.700 millones de pesos a través de contratos amañados y sobornos, algunos entregados en efectivo y en tulas negras, para evitar cualquier rastro. Todo esto bajo el disfraz de una operación humanitaria para abastecer con carrotanques a comunidades sedientas en La Guajira.
La red de corrupción habría funcionado como un engranaje político perfecto: funcionarios como Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, hoy detenidos en guarniciones militares, habrían pactado pagos ilegales con congresistas de alto perfil, entre ellos Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, recluidos en el pabellón especial para funcionarios de la cárcel La Picota. A cambio, el gobierno recibía respaldo legislativo en temas clave. Un toma y daca con aroma a podredumbre institucional.
González, antiguo miembro del M-19 -la misma guerrilla de la que proviene el presidente Petro-, permanece en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. No ha salido desde entonces. El gobierno de Daniel Ortega, al que Petro ha evitado criticar abiertamente en otras coyunturas, le concedió residencia ciudadana, en la práctica, un asilo tácito para un hombre buscado por la justicia colombiana.
El presidente intentó aclarar que el entonces embajador colombiano en Nicaragua, León Fredy Muñoz, no violó ningún procedimiento al permitir el ingreso de González. “Trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. Hasta el 21 de enero tuvimos embajador en Nicaragua”, matizó Petro, aunque para muchos el argumento llega tarde y sabe a poco.
La presión crece sobre el Palacio de Nariño. La oposición acusa al gobierno de encubrir una red de corrupción con implicaciones políticas profundas, mientras el oficialismo intenta tomar distancia. La huida de González y su acogida en un régimen autoritario amigo del gobierno colombiano pone en entredicho la narrativa de transparencia y lucha contra la impunidad que Petro ha buscado sostener.
Pero la frase del Presidente retumba con fuerza en el escenario político: “No protejo amigotes que se roban la plata”. Una afirmación que lo compromete con su propia palabra y que, en medio de la tormenta, puede convertirse en punto de inflexión o en su mayor contradicción.
El tiempo y la justicia tendrán la última palabra. Mientras tanto, Nicaragua guarda silencio. Y Carlos Ramón González, desde algún lugar de Managua, observa.
