

El Primer Mandatario no ahondó en detalles, sí adelanto que la propuesta busca modificar el marco regulatorio, con el que operan las fundaciones en el país.
El tema sobre el que versa la nueva ley de urgencia económica fue revelado por el presidente Daniel Noboa, aun antes de que la ley llegar a la Asamblea.
“La ley de fundaciones en el Ecuador se usa fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, ONG´S internacionales para ingresar el dinero y desestabilizar el país”.
En Ecuador hay varias entidades a las que les corresponde controlar a las fundaciones: SRI en lo relativo a tributación, por ejemplo, o el ministerio del ramo en el que se desenvuelva la fundación, si es una entidad que ayuda a la escolaridad, por ejemplo, será el Ministerio de Educación o si es una que se encargue de la desnutrición infantil, será el MIES.
De hecho, el año anterior, la entonces Ministra de Inclusión denunció ante la Fiscalía a 26 ONG´S, es decir, organizaciones no gubernamentales a las que se les había entregado más de USD 4 millones, supuestamente para financiar sus proyectos.
“Son fundaciones de papel, fundaciones fantasmas, que no tenían ni oficinas”.
En Ecuador las fundaciones y las entidades sin fines de lucro en general, tienen beneficios que no tiene una empresa con fines de lucro.
Por ejemplo, cuentan con exención del pago del impuesto a la renta, bajo ciertos requisitos, no están obligadas a repartir utilidades, porque pueden reinvertir todo en su actividad, pueden importar bienes con exención de impuestos, se les permite recibir aportaciones y donaciones de cualquier sector, inclusive del exterior.
Fue por eso que cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió cerrar la USAID, que era una fundación enorme encargada de gestionar ayuda para otros países, más de un centenar de ONG´S en Ecuador sintieron el impacto. Entre el 2023 y el 2024, la USAID entregó alrededor de USD 305 millones a fundaciones ecuatorianas.
Existe una plataforma digital: el SUIOS, Sistema Unificado de Organizaciones Sociales, que registra más de 75 mil de estas entidades en todo el país. Se da por sentado que el proyecto de ley, está entre sus objetivos depurar la lista y endurecer controles.
ecuavisa.com
