El presidente Paz lanzó un ultimátum letal contra los grupos organizados que asfixian la producción nacional mediante la toma ilegal de predios. El mandatario blindó la propiedad privada como un derecho constitucional intocable y base esencial de la paz social.
La nueva línea oficial corta con 20 años de desorden y corrupción en la distribución de tierras fiscales por vínculos políticos. El Ejecutivo identificó que mafias organizadas han robado el patrimonio estatal bajo un esquema de impunidad que será desmantelado.
En los próximos días se ejecutarán operativos de fuerza coordinada para garantizar la seguridad jurídica en el campo. El Gobierno advierte que no permitirá que grupos de choque frenen el abastecimiento de alimentos ni la inversión privada en el país.
El tiempo de las «tomas protegidas» terminó; ahora el Estado responde con la fuerza de la ley o el peso de la cárcel.
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