En medio del ruido global que rodea la transición energética y la promesa de las energías renovables como salvación frente al cambio climático, un nombre vasco vuelve a cruzar océanos para encender un conflicto en Colombia: Joseba Grajales. No se trata de un empresario más -hace apenas unos años figuraba entre los cinco españoles más ricos en la lista Forbes-, sino de un hombre que ha sabido moverse del negocio eólico al de la salud con idéntica habilidad para multiplicar millones.
Lo que en apariencia comenzó como una apuesta por la energía limpia, derivó en una red de intereses que hoy deja a millones de colombianos atrapados en un modelo sanitario privatizado que se resquebraja. La historia se resume en una cifra contundente: el Estado colombiano destina más de 7.200 millones de euros a las llamadas EPS —Entidades Promotoras de Salud—, gigantes privados que deberían garantizar el derecho básico a ser atendido. Pero la ecuación es perversa: mientras el 61% de estas EPS operan con pérdidas, los ciudadanos quedan sin atención digna, las deudas crecen y las utilidades viajan, de forma discreta, hacia cuentas en el Norte.
Grajales, a través de su holding Keralty, controla buena parte de este negocio. Fundador de Colsanitas en 1980 y artífice de la expansión de la aseguradora por América Latina, Estados Unidos, Asia y hasta España, ha convertido su conglomerado en un poder paralelo que opera sobre la columna vertebral de cualquier nación: la salud pública. Bajo su paraguas se agrupan clínicas, universidades médicas y aseguradoras como Sanitas USA, que en Norteamérica enfrentó sanciones millonarias por prácticas monopolísticas.
El presidente colombiano Gustavo Petro, consciente de este nudo de intereses, decidió enfrentarlo. Desde su llegada al poder, Petro ha insistido en que la salud debe dejar de ser negocio para volver a ser derecho. «Un sistema levantado sobre la codicia sólo puede producir exclusión», ha repetido. La reforma para desmontar el modelo EPS fue bloqueada en el Congreso por bancadas alimentadas, precisamente, por el músculo financiero de las mismas compañías que se verían afectadas. Sin embargo, Petro no se detuvo: en abril intervino la EPS Sanitas -una de las joyas de la corona de Grajales- y poco después hizo lo mismo con Nueva EPS, la mayor del país, asegurando de golpe la gestión de la salud de casi la mitad de la población colombiana.
Detrás de este pulso se dibuja un patrón repetido en América Latina: la herencia de privatizaciones impulsadas desde los años noventa, la llegada de capitales extranjeros con promesas de eficiencia y la realidad de servicios deteriorados, beneficios blindados y contratos que blindan indemnizaciones millonarias si un gobierno osa cambiar las reglas. La historia de Gamesa -la empresa eólica que dio a Grajales su primer gran pelotazo antes de venderla a Siemens- se cruza con megaproyectos rechazados por comunidades en México o Brasil. El esquema se replica: promesas verdes, tierras arrebatadas, rentabilidad asegurada.
Este caso colombiano expone algo más profundo: la tensión entre la soberanía de un país para decidir sobre sus recursos y derechos, y la presión de capitales foráneos que encuentran en gobiernos amigos, consultoras y partidos políticos un terreno fértil para garantizar el statu quo. El hilo vasco se enreda también con la política local: ex altos cargos del Gobierno Vasco, cercanos al PNV, figuran entre los directivos de Keralty. La relación de Grajales con consultoras y fundaciones alineadas con el poder autonómico ha estado salpicada de subvenciones públicas y sospechas de opacidad.
Hoy Colombia resuena como un espejo incómodo. Mientras en Europa se blinda a empresas nacionales de capital extranjero -el caso reciente de Telefónica y la entrada del Estado español para frenar a Arabia Saudí-, el Sur Global vuelve a recordarnos que el expolio sigue vigente, disfrazado de renovables, salud o infraestructuras.
Petro y millones de colombianos exigen recuperar la sanidad para la gente. Lideresas indígenas advierten que la medicina occidental privatizada jamás curó sus territorios y que la verdadera soberanía pasa por desmontar este modelo que empobrece y excluye. Lo que está en juego, más allá de Grajales o Keralty, es quién decide sobre la vida y la muerte de millones. Y quién se lleva la ganancia.
Todos los créditos, redacción , investigación : aplaneta.org
Cortesía Revista Forbes Colombia
Adaptado: prensamercosur.org
