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En un intento por blindar a los productores nacionales de arroz frente a la amenaza de una sobreoferta y la caída abrupta de los precios, el Gobierno de Colombia activó esta semana una hoja de ruta para salvaguardar a uno de los sectores más sensibles de su economía rural.
La decisión se fraguó en las escalinatas de la Presidencia de la República, donde, por instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, se reunieron las ministras de Agricultura y Comercio, junto a la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Superintendencia de Industria y Comercio. Alfredo Saade, delegado presidencial, afirmó que el Gobierno avanza en medidas concretas que buscan dar un respiro a los agricultores, especialmente en este inicio de la cosecha más importante del año: tres millones de toneladas de arroz que, de no manejarse con cuidado, podrían desestabilizar el mercado.
“Estamos tomando decisiones que benefician directamente a nuestros campesinos. No podemos permitir que el esfuerzo de nuestros productores se pierda por la caída de los precios o por prácticas irregulares en las fronteras”, señaló Saade tras el encuentro.
Deyanira Barrero Carvajalino, ministra de Agricultura, explicó que se trabaja de forma articulada con Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, así como con la industria, productores y comercializadores, para garantizar que el arroz que llega a la mesa de los colombianos mantenga un precio justo, mientras se protege el ingreso de quienes lo cultivan.
Además de mantener vigentes las mesas técnicas de concertación, el Ejecutivo evalúa nuevas medidas de apoyo y alivio económico para fortalecer la reactivación del campo. Entre ellas, se contempla la posibilidad de adquirir parte de la cosecha a precios que garanticen rentabilidad a las unidades productivas más pequeñas.
Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, confirmó que se han reforzado los controles fronterizos ante indicios de contrabando técnico, una práctica que podría agravar la saturación del mercado local. “La producción ha crecido, pero no podemos permitir que una supuesta sobreproducción termine afectando el precio final al consumidor o sacrificando a nuestros pequeños productores”, advirtió.
En paralelo, se estudian incentivos tributarios y se refuerzan alianzas con países como Venezuela, Haití y los miembros de Caricom, con el objetivo de abrir canales de exportación para el arroz colombiano bajo estándares de calidad y competitividad.
El Gobierno insiste en que la prioridad es equilibrar el mercado sin sacrificar el bienestar de los campesinos ni el bolsillo de millones de familias que dependen de este alimento esencial. El mensaje, reiteran desde la Casa de Nariño, es claro: en Colombia, el campo no se negocia.
