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Colombia contiene el aliento. Tras años de giros inesperados, aplazamientos y debates encendidos, el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez -expresidente, figura clave del uribismo y uno de los políticos más influyentes de América Latina- entra en su recta final. El Consejo Superior de la Judicatura, máxima instancia administrativa de la rama judicial, decidió blindar por completo el juicio y garantizar que nada ni nadie desvíe la atención de la jueza que deberá pronunciar un fallo que, sin exagerar, podría marcar un antes y un después en la justicia colombiana.
Mediante un acuerdo emitido el 1 de julio, el alto tribunal ordenó que Sandra Milena Heredia, jueza 44 penal del circuito de Bogotá, se dedique de forma exclusiva al proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos que enfrenta al exmandatario. La instrucción es taxativa: queda prohibido asignarle nuevos casos o tutelas hasta que firme sentencia, la cual deberá conocerse antes del 7 de agosto.
El mensaje del Consejo es inequívoco: el proceso contra Uribe -primera vez en la historia que un expresidente colombiano rinde cuentas ante la justicia ordinaria como imputado- no admite distracciones ni dilaciones. La orden busca evitar suspicacias, presiones externas y sobrecargas de trabajo que puedan contaminar la decisión de fondo. En pocas palabras: se trata de blindar la imparcialidad de la jueza y de responder a la expectativa de millones de colombianos que ven en este caso una prueba de fuego para la solidez de la democracia.
Un juicio que sacudió la política
La controversia judicial de Uribe comenzó en 2012, cuando se cruzaron acusaciones cruzadas entre el exmandatario y el senador Iván Cepeda. Lo que empezó como una denuncia contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos, terminó girando en contra del propio Uribe cuando la Corte Suprema encontró indicios de que, en realidad, pudo ser él quien habría inducido a exparamilitares a cambiar versiones y mentir ante la justicia.
A partir de allí, el proceso se volvió una maraña de recursos, traslados y cambios de jurisdicción. En 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado para que el caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía. Desde entonces, sus defensores insisten en que es víctima de una persecución política; sus detractores, en cambio, exigen que responda como cualquier ciudadano.
Testigos, audios y la recta final
El juicio vivió su etapa más intensa en estos últimos cuatro meses. Decenas de testigos pasaron por el estrado; entre ellos, exparamilitares, abogados, periodistas y figuras cercanas al círculo de Uribe. Cada declaración alimentó el debate público: ¿se trató de un complot político para manchar su nombre, como afirma su defensa, o de una estrategia para torcer testimonios y garantizar su impunidad, como sostiene la Fiscalía?
La fiscal Marlene Orjuela lidera la acusación y será la primera en exponer sus conclusiones finales. Luego tomará la palabra Bladimir Cuadro Crespo, delegado de la Procuraduría General, para fijar la postura del Ministerio Público. Acto seguido intervendrá el representante de las víctimas reconocidas, quienes reclaman verdad y reparación. Por último, el penalista Jaime Granados -abogado de confianza de Uribe y rostro visible de su defensa técnica- cerrará con los argumentos que podrían absolver a su cliente.
Después de escuchar a todos, la jueza Sandra Heredia fijará fecha y hora para dar a conocer su veredicto. Si alguna de las partes -Fiscalía, Procuraduría, víctimas o defensa- no queda satisfecha, podrá apelar. Entonces la última palabra pasará a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Una decisión que trasciende fronteras
No se trata solo de Uribe. Detrás de este expediente se mide la fortaleza de la institucionalidad colombiana y su capacidad de procesar, sin miedo ni privilegios, a quienes alguna vez ostentaron el poder absoluto. Observadores internacionales, organismos de derechos humanos y académicos siguen de cerca cada fase del juicio como un termómetro de la independencia judicial en Colombia.
De fondo, para muchos ciudadanos este proceso es también una especie de catarsis histórica: un pulso entre la idea de que la justicia es ciega y la desconfianza crónica hacia una élite política acostumbrada a burlar la ley.
Cuenta regresiva
El reloj ya empezó a correr. El plazo impuesto por el Consejo Superior de la Judicatura -7 de agosto, fecha simbólica por coincidir con la posesión presidencial- obliga a cerrar el expediente en menos de cinco semanas. Mientras tanto, Uribe, convertido hoy en una figura que divide aguas, enfrenta un presente incierto: aunque conserva un núcleo de seguidores fieles, su liderazgo ya no es el mismo que lo llevó a la presidencia con cifras récord de popularidad.
Las próximas semanas definirán mucho más que la suerte jurídica de un expresidente. Definirán si la justicia colombiana logra sostenerse en pie, sin ceder ante la presión mediática, política y social. El desenlace pondrá a prueba la promesa básica de toda democracia: que la ley es para todos, incluso para quienes alguna vez la dictaron desde la Casa de Nariño.
carloscastaneda@prensamercosur.org
