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En un país que aún se sacude de las heridas abiertas por décadas de conflicto, la voz y la fuerza de miles de mujeres se erigen como uno de los pilares más sólidos del proceso de paz en Colombia. Así quedó demostrado en la reciente rendición de cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho, celebrada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, donde cifras y testimonios pusieron rostro y esperanza a una tarea que apenas comienza.
A lo largo de 2024, más de cinco mil mujeres se convirtieron en conciliadoras comunitarias, liderando mediaciones que, en muchas ocasiones, evitaron que disputas cotidianas desembocaran en procesos judiciales o, peor aún, en nuevos ciclos de violencia. El dato no es menor: de 8.862 conciliadores formados el año pasado, 5.224 fueron mujeres, un reflejo de que la justicia, cuando se arraiga en los territorios, se vuelve cercana, humana y profundamente transformadora.
La inversión también habla. Con el respaldo de Naciones Unidas y recursos que superaron los nueve mil millones de pesos, el Banco de Proyectos del MinJusticia respaldó 14 iniciativas productivas en zonas claves para la consolidación del Acuerdo de Paz. Gracias a estos esfuerzos, mil doscientas personas —muchas de ellas mujeres que han vivido de cerca la violencia y el desarraigo— encontraron en la economía local una nueva oportunidad para reconstruir su historia.
En esa misma línea de restitución y dignidad, la Superintendencia de Notariado y Registro entregó más de quince mil títulos de propiedad. Cada papel, una puerta a la seguridad jurídica y un muro de contención frente a la incertidumbre que por años persiguió a miles de familias rurales.
Las mujeres también aparecen en otras grietas profundas de la realidad colombiana. Isabel Maldonado, al frente de la Ley de Utilidad Pública, relató cómo 165 mujeres cabeza de familia, presas por delitos menores vinculados al microtráfico y cometidos en escenarios de marginalidad, hoy pagan su condena prestando servicios sociales, una alternativa restaurativa que ya ha abierto más de 2.500 cupos y que reconoce que, para muchas, la cárcel no es siempre la respuesta.
En paralelo, la Jurisdicción Agraria y Rural, recientemente incorporada a la Constitución, promete resolver de forma más rápida y justa los conflictos de tierras, una deuda histórica con comunidades campesinas y étnicas que, durante años, vieron sus derechos diluirse entre trámites eternos y violencia silenciosa.
Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz avanza en la materialización de las sanciones para excombatientes de las FARC, recordando que la justicia restaurativa no es sinónimo de impunidad, sino de construcción de verdad, reparación y no repetición.
“Esta ley es histórica porque reconoce que el castigo, por sí solo, no transforma sociedades”, resumió Diana Flórez, directora de Justicia Transicional. Sus palabras resonaron como un eco de todo lo expuesto: sin mujeres, sin justicia comunitaria, sin alternativas reales, la paz seguirá siendo apenas un enunciado.
Eduardo Montealegre, al frente del Ministerio de Justicia, cerró la jornada reafirmando que la rendición de cuentas es también una rendición de esperanzas. Que cada título de propiedad, cada proyecto productivo, cada caso resuelto lejos de un juzgado, fortalece la democracia desde abajo, allí donde la violencia antes fue dueña de la palabra.
Mientras Colombia se esfuerza por cumplir lo pactado, la presencia de miles de mujeres que median, lideran, siembran y restituyen su dignidad es quizá la noticia más luminosa de estos tiempos. Porque la paz, si no se construye con manos de mujer, es apenas un discurso; cuando ellas toman la palabra, se convierte en realidad.
carloscastaneda@prensamercosur.org
